Para anular un fallo machirulo
La UFEM y la Fiscalía General fueron a Casación
@
El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para que deje sin efecto lo ordenado por los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que habían denunciado a funcionarios y organismos que garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente. El organismo consideró que el fallo de los jueces desconoce la letra del Código Penal y criminaliza a quienes intervinieron en la atención, y además revictimiza a la niña. Los argumentos invocados por los jueces fueron considerados irracionales y arbitrarios; constituyen “violencia institucional contra la víctima del delito” y suponen un acto de “gravedad institucional” por sus efectos en otros casos, ya que intenta obstruir el acceso a una práctica autorizada por la ley.
El recurso fue presentado este miércoles por María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General Nº30, ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Este lunes PáginaI12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña, víctima de violación
El fallo desconoce la letra del Código Penal y criminaliza a quienes intervinieron en la atención, y revictimiza a la niña.
Presentaron un recurso para dejar sin efecto el fallo que llamó “sicarios” a los que practicaron una ILE a una nena violada.
desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces no solo cuestionaron la “interrupción legal del embarazo” (ILE) sino que llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.
“La decisión cuestionada criminaliza las conductas de todas aquellas personas que hayan intervenido en la práctica realizada a una víctima de un grave delito de abuso sexual, menor de edad. Entre ellas, a la propia víctima y a su familia, a los efectores de salud, operadores y operadoras judiciales, personal de agencias interdisciplinarias del Poder Ejecutivo, entre otras. Y se formaliza la criminalización aun cuando esa conducta está expresamente @
La Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Parlamento del Mercosur aprobó el proyecto que insta a la Justicia misionera a que “sentencie con perspectiva de género”, días antes de que recomience el juicio que enfrenta María Ovando, acusada por “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual” que sufrió una de sus hijas y una de sus nietas. “Hace ocho años que a María no la dejan en paz”, señaló a PáginaI12 Roxana Rivas, abogada de Ovando. Este jueves el Tribunal Oral en lo Penal N°1 del departamento de Eldorado, en Misiones, retomó el juicio.
En 2011 Ovando fue juzgada por abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, cuando la cargaba en brazos desde el paraje Colonia Mado, donde vivía junto a sus 12 hijos, para que la atendieran en un hospital. Estuvo presa durante un año y medio hasta que en noviembre de 2012 el Tribunal dictó su absolución. “Hay un claro mensaje de disciplinamiento porque el caso significó la puesta en público de todas las falencias y las prácticas patriarcales del sistema judicial, y sobre todo del penal”, advirtió Rivas. Según la defensa, conformada también por los abogados Eduardo Paredes y José Luis Fuentes, la acusación es una respuesta ante la demanda que presentó contra el Estado, y contra el fiscal y el juez que habían intervenido en su caso, por daños y perjuicios. “Son evidentes las irregularidades de la acusación”, aseguró Rivas.
El proceso entró en pausa hace dos semanas, cuando el juez Atilio León, presidente del Tribunal, dio lugar al pedido de nulidad presentado por los abogados de Ovando y consideró que la vaguedad de la acusación no le permitía determinar qué hecho debería juzgar. Para la defensa, la Fiscalía no tiene pruebas suficientes. Este jueves y con nuevo integrante, el juez Eduardo Javier Jourdan, responsable de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, el Tribunal retomó el juicio con la exhibición de las declaraciones de las víctimas en cámara Gesell. “Para María fue muy fuerte escuchar los testimonios. Está muy afectada”, relató Rivas y advirtió que “es preocupante el nivel de hostigamiento en los interrogatorios y cómo las niñas son claramente inducidas a declarar”.
Además de Ovando, están acusados Marcos Iván Laurindo y Lucas Sebastián Ferreira, que desde 2015 cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N°3 de Eldorado. Los dos jóvenes, de 23 y 24 años, están acusados por “abuso sexual con acceso carnal”. “Uno de los chicos era pareja de una de las hijas de María, y el otro era su amigo. Jamás mantuvieron un vínculo amoroso con ella, como dice el fiscal”, señaló la abogada. Tanto la hija como la nieta de Ovando están a cargo de otra familia desde el 2015, cuando la jueza Margarita Potschka resolvió quitarle la guarda. “Cuando planteamos el pedido de restitución, mágicamente apareció la denuncia contra María”, detalló Rivas.
A fines de septiembre, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo crearon una petición donde reclaman la recusación del fiscal Federico Rodríguez, el mismo que intervino en el juicio del 2011 solicitando una pena de cinco años para Ovando. “El fiscal dice públicamente que a María no la quiere ninguno de sus hijos, quieren instalar la idea de que ella es un monstruo”, sostuvo Rivas.