SOLITO Y SOLO
En la Corte esperan 65 expendientes
La reunión de la Comisión Interpoderes para los crímenes de lesa humanidad, convocada de urgencia por Rosenkrantz después del pedido de juicio político en su contra, se realizó sin representantes del Ejecutivo, del Congreso y de la mayoría de los organismos de derechos humanos. Ni siquiera participó ningún otro miembro de la Corte. Los pocos que asistieron hicieron fuertes reclamos por la inactividad de ese tribunal
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Carlos Rosenkrantz organizó la primera reunión en cuatro años de la llamada Comisión Interpoderes, en la que manifestó su intención de avanzar y agilizar los juicios de lesa humanidad que arrastran ya demoras históricas. Pese a las intenciones esbozadas por el presidente supremo, el máximo tribunal tiene una mora importante a la hora de revisar las condenas de los represores de la última dictadura. Hay más de 60 causas que aun no están firmes por el paso cansino que le imprime la Corte a todo lo vinculado a crímenes de lesa humanidad.
En lesa humanidad, querellantes y fiscales están acostumbrados a correr una carrera contrarreloj. Las investigaciones se demoran muchas veces por falta de personal que esté dedicado en los juzgados y en las fiscalías a impulsar las causas. En otras oportunidades se quedan estancadas en las cámaras federales a la espera de una confirmación que nunca termina de llegar. Cuando llega el momento del juicio oral, víctimas, querellantes y fiscales se enteran que los tribunales no están integrados.
La Corte juega su papel en la demora a la hora de revisar las sentencias. Unas 65 causas estarían en esta situación, según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige la fiscal Ángeles Ramos. Esta demora no sólo impacta en la calidad de los procesos, sino que significa que muchos imputados mueren impunes y muchas víctimas, sin obtener la justicia que buscaron por más de cuatro décadas.
Después del pedido de juicio político a Rosenkrantz presentado por la diputada Vanesa Siley (FdT), quedó en el centro de la controversia el retraso de la Corte a la hora de resolver la situación de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y de Alberto Lemos, su administrador. En 2015, la Cámara Federal de Casación anuló sus procesamientos y dictó la falta de mérito. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. Durante la última reunión interpoderes en la Corte, en 2016, los organismos reclamaron por la causa Blaquier. Para fines de ese año, llegó el dictamen de la procuradora ante la Corte Adriana García Netto, que compartía la postura de De Luca.
La Corte nunca resolvió ese planteo pese a los pedidos de pronto despacho que presentaron tanto HIJOS Jujuy como la Secretaría de Derechos Humanos. En el caso de Blaquier no se trata de una sentencia a revisar, sino de la posibilidad que los dos jerarcas empresariales se sienten en el banquillo.
La Corte sí tiene para revisar una causa emblemática de la responsabilidad empresarial. En 2017, la Sala III de la Casación Federal anuló la condena por delitos de lesa humanidad que un tribunal de Salta había dictado un año antes contra Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte, por el secuestro y torturas a un trabajador. El caso sigue frenado en el cuarto piso del Palacio. Lo mismo que las condenas que impuso el tribunal oral de Mar del Plata contra los hermanos Julio y Emilio Méndez –dos civiles– por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno.
Son, al menos, tres los expedientes en los que el máximo tribunal debe examinar hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Por ejemplo, los referidos a la Masacre de Trelew de 1972, que hace cinco años espera en la Corte. Un tiempo similar registra el caso de la desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone, secuestrado dos semanas antes del golpe. De la era Mauricio Macri quedó para revisar el fallo de la Sala III de Casación que absolvió a tres militares por el fusilamiento de catorce militantes del PRT-ERP en lo que se llamó la masacre de Capilla del Rosario de 1974. La Sala III, generosa en absoluciones, también afirmó en 2016 que los delitos sexuales son solo achacables a quienes los cometen, no a los superiores. El procurador ante la Corte Víctor Abramovich le pidió al máximo tribunal que revierta esa línea, pero los cortesanos aún no tomaron el caso de la megacausa de San Juan.
Créase o no, la Corte todavía tiene para revisar el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo, que fue en 2009 por los secuestros y tormentos a Iris Avellaneda y a su hijo, Floreal. El cuerpo del Negrito, un militante de La Fede de 15 años, apareció flotando con signos de aberrantes torturas. Hay, al menos, cuatro causas más vinculadas a crímenes en Campo de Mayo, dos de Bahía Blanca, seis de Mar del Plata, seis de Rosario y tres de Mendoza. De las causas que tramitan en Comodoro Py, hay al menos media docena esperando en la Corte. Entre ellas, la del Plan Cóndor –que en 2016– dio por probada la existencia de una asociación ilícita regional para secuestrar, torturar y desaparecer. También están Orletti III y IV –el centro clandestino regenteado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)–, a la espera de confirmación, al igual que Vesubio II y Virrey Cevallos –el campo de concentración que la Fuerza Aérea tuvo en Ciudad de Buenos Aires–. En idéntica situación se encuentra la causa por los secuestros y tormentos en la RIBA a la hija y al yerno de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit. Al menos tres casos vinculados a la apropiación de niñes también se acumulan en el cuarto piso.
El retraso es enorme, algo que remarcaron los asistentes a la mermada reunión de la Comisión Interpoderes. Rosenkrantz, con su barba crecida y gesto serio, prometió –antes de cerrar el Zoom– acelerar los tiempos en la Corte, donde también estiman que tienen más de 60 pedidos de domiciliaria y otros tanto de excarcelaciones planteados por los genocidas.