Se caen las piezas de la persecución judicial
Sobreseyeron a Cristina Kirchner en una causa vinculada a la de los cuadernos Martínez de Giorgi determinó, como ya lo hizo la Cámara Federal, que no hay pruebas que confirmen pagos de sobornos en el subsidio al gasoil. El fallo benefició a 226 personas.
se referían al ferroviario. Ellos fueron Aldo Roggio, Benjamín Romero y Alberto Taselli. Luego se usaron las anotaciones de Centeno que hablaba, también sin precisiones de “sumas de dinero de parte de los subsidios, transporte y trenes, otra parte de obras” y aludió a que “en Yacyretá y transporte habían aportado para la corona 657.000 dólares”. El propio tribunal de alzada decía que “no se expresaron nombres, ni domicilios, orígenes ni destinos” de dinero. “La inclusión de la palabra ‘transporte’ junto a la referencia a dólares o el vocablo ‘subsidio’ fue traducido siguiendo un patrón que, frente a la carencia de pruebas resulta extraño a estos órdenes”.
Lo que decía Bonadio, invocando esos relatos que la Cámara criticó, era que las “empresas de transporte pagaban entre un 5 y un 30 por ciento del dinero recibido del Estado” a los propios funcionarios, a modo coimas o retornos, y los exfuncionarios garantizaban el pago de subsidios de más. Pero tanto para la Cámara como para Martínez de Giorgi no hay pruebas de esa supuesta maniobra ni de que fuera parte del mismo sistema de recaudación que describía la causa madre de los cuadernos. Por eso también descartan la figura de asociación ilícita.
Martínez de Giorgi volvió sobre el señalamiento de la “imprecisión de la prueba que había mostrado la Cámara que incluso en la segunda sentencia dijo que “los datos empleados como base de cálculo no pueden ser equiparados a un parámetro indubitable a fin de sustentar la maniobra que investiga. Puesto que se trata de una herramienta (GPS) que no permite registrar por sí misma las condiciones reales del tráfico diario”. El juez cita informes de la Auditoría General y de la Sindicatura General de la Nación que, además hubo tantas modificaciones normativas que era imposible controlar la metodología usada para la distribución de fondos.
“Los sistemas de distribución de los subsidios eran extremadamente complejos y es imposible realizar en la actualidad, dado el tiempo transcurrido y la carencia de datos certeros, un amplio estudio pericial que contribuya a esclarecer los hechos imputados (….) Esta extrema complejidad deriva en la segunda cuestión: la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”, concluye Martínez de Giorgi.
De los 226 sobreseídos, 11 fallecieron. La caída de esta causa –que de todos modos podría ser apelada por la fiscalía de Carlos Stornelli– coincide con el crecimiento de una discusión sobre la validez de las declaraciones de los arrepentidos que nutrieron la causa de los cuadernos, por las que está cerca de ser resuelto un planteo en la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal. Por ahora hay empate de votos, pero es un debate que podría tener consecuencia sobre la validez de la ley sobre las declaraciones que sostuvieron la acusación. Por eso ya circulan todo tipo de intentos por evitar que los relatos de los imputados colaboradores queden en cuestión. Un ejemplo son las declaraciones del fiscal de Casación Raúl Plee, que buscó minimizar la posibilidad de un golpe al caso cuadernos y sostuvo que “es significativo que quienes plantean la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido no sean los arrepentidos ni sus abogado”.
El juzgado, finalmente, sostuvo que no hay forma de probar esa supuesta defraudación ni la relación con el caso cuadernos propiamente dicho.