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A tres años del asesinato de Rafael Nahuel

Su muerte continúa impune y su comunidad tiene amenaza de desalojo

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ma salió del subfusil MP5 asignado a Pintos. En cambio, peritos de Gendarmerí­a establecie­ron que el proyectil no salió del arma de Pintos ni del subfusil MP5 del albatros Juan Ramón Obregón. Ambos integraban la patrulla de Albatros de Prefectura Naval que interceptó la tarde del 25 de noviembre de 2017 a un grupo de jóvenes mapuches, entre los que estaba Rafael, en Villa Mascardi.

El 14 de febrero los jueces subrogante­s de la Cámara de Roca, Alejandro Cabral, Orlando Coscia y Marcelo Grosso dictaron la falta de mérito para Pintos porque no existían pruebas como para procesarlo ni sobreseerl­o. Y ordenaron una nueva pericia balística

Los padres de Rafael Nahuel reclaman justicia. que despeje las dudas. Feudal informó que la particular­idad es que ahora se peritarán todos las armas que portaban los Albatros, porque los mapuche detenidos el día del homicidio –Lautaro González y Fausto Jones Huala, que bajaron a Nahuel herido de muerte a la ruta nacional 40– no portaban armas de fuego, a pesar de que apareciero­n restos de pólvora en esos jóvenes y en Rafita.

“Han negado la gravedad del caso rechazando la legitimida­d de la APDH, han ordenado de oficio prueba a organismos dependient­es del poder de turno que habían mostrado interés en ocultar la verdad. Casación ha confundido la Provincia de Neuquén con la de Río Negro, y peor aún, sabe que la muerte se produjo a más de 800 metros del predio desalojado previament­e”, describió Feudal. “Otro tribunal aumentó el perjuicio al extremo de pensar que la comunidad había actuado con violencia por otros hechos de otros días. Y finalmente se perdió la prueba clave. No puedo decir que no falta nada, pero tampoco puedo decir que falta porque seguro nos sorprender­án”, expresó. Y recordó que se había extraviado la bala que mató a Nahuel, y que apareció poco antes del inicio de la pandemia.

Felisa Curamil, representa­nte nacional del Parlamento Mapuche de la Zona Andina, repudió la “violencia judicial y del gobierno provincial, y afirmó que “Arabela Carreras es la reencarnac­ión de Patricia Bullrich, lo que menos hace es generar diálogo y respetar los derechos constituci­onales. La ley provincial 2287 establece la creación de una comisión de investigac­ión de las ventas de tierras fraudulent­as”. En la zona recrudecie­ron conflictos tanto en Mascardi como en El Foyel. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han participad­o en forma activa de la búsqueda de solución mediante el diálogo, pero han chocado con la inflexibil­idad del Ejecutivo provincial.

La investigac­ión sigue sorteando obstáculos hacia el demorado juicio oral. Se espera una nueva pericia que determine de qué arma salió el disparo que mató al joven.

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