El entramado de la violencia contra reclusas
La Defensoría relevó testimonios de presas en escuadrones Un informe elaborado a partir de los casos de 17 mujeres privadas de su libertad en espacios de Gendarmería da cuenta de “acoso, abusos y violaciones sexuales”.
Entre las recomendaciones figura también “promover la capacitación en perspectiva de género a periodistas e incorporar a mujeres, lesbianas, travestis y trans a los equipos de trabajo en la cobertura de temas políticos”.
–¿Cómo puede intervenir la Defensoría cuando se incurre en violencia machista hacia políticas en medios?
–le preguntó este diario. –Puede intervenir a partir de los reclamos que se realicen. En esos casos un equipo de la Defensoría hace un análisis socio semiótico de la cobertura y un informe jurídico: si constatamos un discurso mediante el cual se ejerce violencia política por razones de género nos ponemos en contacto con el medio a fin de remitirle el reclamo y el análisis que hicimos. Además, les proponemos una instancia de diálogo para poder llegar en conjunto a una medida reparatoria. Es importante recordar que la Defensoría no tiene funciones sancionatorias, sino de mediación y pedagógicas. En los reclamos que hemos tramitado, desde los medios de comunicación se han mostrado muy interesados en conocer más sobre esta figura, ya que al haber sido incorporada recientemente a la normativa hay mucho desconocimiento sobre sus alcances. En ese sentido las recomendaciones que estamos presentando tienen este objetivo de acercarle herramientas a los medios de comunicación para que puedan ser ellxs mismos quienes detecten las prácticas de violencia política.
–¿Cómo se pueden presentar reclamos en la Defensoría?
–Hay dos vías: en el 0800999-3333 y también a través de un formulario en la página del organismo.
Las recomendaciones serán presentadas este miércoles a las 16, en un acto co-organizado entre la Defensoría del Público y la Cámara de Diputados de la Nación que se transmitirá en vivo por la página www.defensadelpublico.gob.ar. nigrantes y configuran formas de violencia sexual”, fue presentado este martes en conferencia virtual por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Martínez sostuvo que el objetivo del informe es “visibilizar estas violaciones de derechos humanos ejercidos sobre un grupo particularmente vulnerable”, y precisó que la situación “es histórica, con una larga y dramática trayectoria”.
Los 17 testimonios fueron brindados por ex reclusas de los escuadrones de Gendarmería de Paso de los Libres (Corrientes), Eldorado e Iguazú (Misiones), Clorinda (Formosa), Orán (Salta), La Quiaca y Ledesma (Jujuy), y San Miguel de Tucumán. En todos estos lugares la supervisión está a cargo de agentes varones.
Según los testimonios, buena parte de los abusos se producían cuando algunas detenidas eran retiradas durante la noche de sus celdas por efectivos que ingresaban solos al calabozo, algo que está prohibido por normativa. El informe también indica que “varias contaron que había detenidas que eran ‘novias’ o tenían ‘una relación amorosa’ con los gendarmes”, algo que, según explica la Defensoría, debe ser leído “en clave con los estándares internacionales que señalan que no hay consentimiento válido en contextos coercitivos como son los espacios de detención”. En este sentido, los testimonios dieron cuenta de situaciones de chantaje: los gendarmes proveían elementos de necesidad a cambio de relaciones sexuales.
Además, el informe detalla que en los calabozos de estas unidades hay sobrepoblación y hacinamiento, se dan comidas crudas o podridas, falta el agua potable, se prohíben visitas, las personas no tienen lugar para dormir, los baños son insuficientes y sin higiene, y se producen castigos y torturas físicas que incluyen encierros prolongados en celdas plagadas de insectos.
La lista de vejaciones continúa en los escuadrones de Gendarmería que, además, no están autorizados para alojar personas privadas de su libertad más allá de las primeras horas
La situación “es histórica, con una larga y dramática trayectoria”, señaló la defensora general, Stella Maris Martínez.
de detención. Pero sucede que, ante el colapso de las unidades penitenciarias del país, los traslados definitivos nunca llegan a producirse: 14 de las entrevistadas aseguraron haber solicitado traslado, algunas en reiteradas oportunidades, y en todos los casos la transferencia quedó inconclusa por falta de cupo.
Ahora, con toda la información recabada, se entregó a “las autoridades nacionales con competencia en la materia” un documento en el que se detalla la situación “para generar garantías de no repetición, que se investiguen los casos denunciados por abusos sexuales y se adopten medidas para evitar la detención en estos espacios no habilitados”. aseguró que “nunca se le dio una matrícula”, medios provinciales confirman que el ginecólogo condenado recibió la matrícula N° 12.642. Se trata del médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado en octubre de 2019 por impedir la práctica de un aborto legal y así obligar a gestar y parir a una joven víctima de una violación. ocupado titulares o fueran influyentes en los últimos 12 meses. También a quienes tuvieran historias inspiradoras para contar o que hubieran alcanzado algo significativo, aunque no hubieran aparecido necesariamente en las noticias. Luego, el grupo de nombres se evaluó en función del tema de este año, “Mujeres que lideran cambios”, y se midió la representación regional y la debida imparcialidad antes de elegir los nombres definitivos.