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Los abogados de la AFI a declarar

El juez Augé quiere escuchar a los miembros de la Dirección de Asuntos Jurídicos que les dieron cobertura legal a esos operativos.

- Por Luciana Bertoia

El juez de Lomas Juan Pablo Augé indagará a tres abogados de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) por la cobertura legal que le dieron al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner que tuvo lugar tanto en el Instituto Patria como en su departamen­to de Juncal y Uruguay. El magistrado avaló el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y rechazó la pretensión de uno de los imputados, el exdirector de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano, de postergar la indagatori­a que ya tenía prevista para el próximo lunes para responder por las escuchas ilegales a los presos kirchneris­tas.

La Dirección Administra­tiva de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI macrista está en la mira de la justicia federal de Lomas de Zamora. De Stefano junto con dos otros dos abogados a su cargo, Mariano Ruda Bart (escuchas) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales) ya estaban citados para la semana próxima para responder sobre el espionaje penitencia­rio. Pero, en las últimas horas, Incardona y Eyherabide le pidieron a Augé que amplíe la acusación contra De Stefano y Miguens por la vigilancia sobre Fernández de Kirchner. Augé estuvo de acuerdo y avanzó. La novedad es que ahora también está citada Jimena Honor, una abogada de Contrainte­ligencia de la AFI, que deberá declarar por Zoom el 16 de diciembre, cuando haya terminado la ronda del espionaje penitencia­rio. De Stefano declarará el lunes próximo y Miguens, el martes.

Según los fiscales, la AFI destinó autos a espiar a CFK –por entonces principal opositora al entonces presidente Mauricio Macri– entre fines de julio y el 7 de agosto de 2018. Los vehículos se apostaron tanto en la sede del Instituto Patria como en el edificio donde vive Cristina Kirchner. Ese operativo terminó abruptamen­te después de que uno de los autos de la AFI fuera identifica­do por trabajador­es del Instituto Patria y un oficial de la Policía de la Ciudad les requiriera a sus ocupantes que se identifica­ran. Después de que los espías entraran en pánico, el coche dobló en “U” por Rodríguez Peña y huyó. Era tarde. Todo había quedado registrado por las cámaras y fue denunciado durante una sesión del Senado. Esa inteligenc­ia ilegal habría estado a cargo de Alan Ruiz, que acababa de llegar a la AFI desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Ese debut estrepitos­o lo privó de conseguir un nombramien­to formal como director de Operacione­s, declararon varios agentes en la justicia. Ruiz ya está procesado por estos hechos junto con el exdirector operaciona­l de Contrainte­ligencia Martín Coste y los dos directivos máximos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La Cámara de La Plata tiene que revisar esos procesamie­ntos.

Ahora, los fiscales quieren avanzar sobre quienes ellos entienden procuraron darle cobertura legal al operativo supuestame­nte ordenado por Ruiz. Por eso, solicitaro­n indagar a De Stefano y a Miguens, que fueron apaparte, rentemente los responsabl­es de confeccion­ar las presentaci­ones que la AFI hizo tanto en el juzgado donde se radicó la denuncia por la vigilancia –el de Marcelo Martínez de Giorgi en Capital Federal– y en el que se insertó el episodio como tareas de vigilancia en el marco de la cumbre del G20 –el que estaba a cargo de Federico Villena–. Honor, por su habría estado en contacto con Miguens para suministra­rle la informació­n que ellos le requerían. Los fiscales también toman como un documento falso la carta que presentaro­n Arribas y Majdalani ante la Bicameral de Inteligenc­ia tan solo dos días después de que se detectara el auto afuera del Instituto Patria.

Incardona y Eyherabide fundan su pedido en declaracio­nes que fueron brindadas en el marco de la causa o aportadas a la Bicameral:

■ Coste declaró: “La DAAJ dependía directamen­te de Arribas y fue dicha dirección la que armó todas las notas de contenido falso que antes mencioné”.

■ La fiscalía secuestró una grabación que le hicieron sus propios agentes a Ruiz en la que decía: “Cualquier operación que hacemos con el ‘Enano’ De Stefano, la hacemos con una cobertura judicial en algún juzgado”.

■ La propia Honor declaró ante la Bicameral y relató cómo fue la peripecia entre Contrainte­ligencia y Jurídicos, y que ella estaba en contacto con Miguens, que él le habría dicho cómo confeccion­ar los documentos para poder justificar la operación.

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El juez federal Juan Pablo Augé.
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