Preocupación por los alquileres
El nuevo titular de Desarrollo Territorial y Hábitat recibió a representantes de los inquilinos. Piden extender el congelamiento de alquileres.
El flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, mantuvo su primera reunión con el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, quien le solicitó que se extienda hasta marzo de 2021 el decreto que congela los valores de los alquileres y prohíbe desalojos. Por su parte, Ferraresi se comprometió a que salga pronto el registro de contratos que debe poner a disposición la AFIP como parte de la ley de alquileres, aprobada hace ya cinco meses.
Además, este viernes habrá una reunión entre las asociaciones de inquilinos y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para acordar una diferenciación tarifaria para los inquilinos, de cara al aumento que tendrán en 2021 las boletas de luz y gas.
“Nuestra prioridad es que se extienda el decreto y que se empiece a controlar la ley de alquileres”, aseguró a este diario Muñoz. Se trata del decreto que congeló el precio de los alquileres y que prohíbe los
Tras la sanción de la nueva ley, los alquileres subieron un 26,6 por ciento y aumentó la cantidad de contratos con valores dolarizados.
desalojos. Publicado a fines de marzo y con fecha de finalización el 30 de septiembre, fue luego extendido hasta el 31 de enero. “Esperamos que no pase lo mismo que la otra vez, que anunciaron la extensión unos días antes de que termine. Pedimos que antes de Navidad haya una definición, porque sino se dan situaciones violentas, de que el inquilino quiere cumplir el decreto y el propietario no, y no hay mediación estatal”, agregó.
Desde la Federación de Inquilinos le presentaron a Ferraresi un documento con seis propuestas. Además de la extensión del decreto, pidieron la reglamentación de los contratos de alquiler de la AFIP, en la que se encuentra trabajado la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont. “Ferraresi se comprometió a que esto suceda pronto”, aseguró Muñoz. Se trata de una de las reglamentaciones que está en la nueva ley de alquileres. “8 de cada 10 contratos están en negro. La reglamentación va a generar que el marco regulatorio y de control para la legalidad de las cláusulas sea mayor”, anticipó Muñoz.
Pese a que hay una nueva ley de alquileres, hay puntos que no se cumplen, como los contratos de 2 años de plazo, la falta de facturas o la imposibilidad de transferencias bancarias. “Si firmás un contrato ilegal por 2 años y lo registrás en la AFIP, después va a ser más fácil hacer cumplir el plazo mínimo de 3 años, para cualquier judicializació un juez va a pedir el contrato registrado en AFIP”, detalló Muñoz.
Los otros pedidos dentro del documento entregado son: promover una campaña de difusión de la nueva ley de alquileres, crear un organismo de control, prohibir la oferta en dólares de los inmuebles y generar subsidios para la cancelación de pagos de alquileres atrasados. Tras la sanción de la nueva ley, los alquileres subieron un 26,6 por ciento, según ZonaProp, y aumentó la cantidad de propiedades con alquileres dolarizados. El 20 por ciento de las publicaciones de departamentos se encuentra en dólares, según un relevamiento de Mercado Libre realizado en septiembre.
Ferraresi destacó que el “acceso a la vivienda ocupa un rol protagónico en la reconstrucción de la Argentina”. La semana que viene podría haber un nuevo encuentro. “Insistió en que lo ayudemos a pensar una política de viviendas públicas en alquiler, como tienen países en Europa, y sacar la cartelización del acceso a la vivienda al sector privado”, anticipó Muñoz.
Por otro lado, el año que viene podría haber novedades para los inquilinos en materia tarifaria. A partir del 2021 comenzará el descongelamiento de las tarifas de luz y gas, y desde la Federación de Inquilinos mantienen reuniones con el Enargas, presidido por Federico Bernal, que este año creó una Comisión de Usuarios Inquilinos. Trabajan para que haya una tarifa diferenciada para inquilinos con hasta 3 salarios mínimos, similar a lo que ya existe con la tarifa de agua, que se tramita en Aysa.