Pedidos de juicio para dos jueces
Llamaron “sicarios” a médicos que hicieron una ILE
descargando intensas lluvias que dejaron un rastro de muerte y destrucción en Centroamérica y las islas colombianas del Caribe. Eta llegó a Centroamérica el 3 noviembre como un potente huracán categoría 4, y fue superado dos semanas después por Iota, que alcanzó la máxima categoría, de cinco, al tocar tierra en la misma zona nicaragüense el 16 de ese mes. y cuatro abstenciones durante la sesión ordinaria de la Legislatura, la cual tuvo una modalidad de participación mixta de diputados, de manera virtual y presencial por la pandemia del coronavirus. Puntualmente, la iniciativa apunta a alcanzar un 35% de cobertura arbórea del espacio aéreo de la Ciudad dentro del plazo de siete años, contados desde la entrada en vigencia de la ley. @
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Sindicato de trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju-RA) presentaron dos pedidos de juicio político contra los jueces Javier Anzoátegui y José María Rizzi, que habían denunciado a funcionarios y organismos que garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente. Se suman así al que presentó la asociación civil Mujeres x Mujeres semanas atrás. Las denuncias coinciden en que el desconocimiento “inexcusable del derecho”, la “utilización de un lenguaje injurioso” y la “orden de investigar hechos que no constituyen delito” son causa para que los jueces sean apartados de sus cargos.
Según la presentación hecha por Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva la firma de integrantes del equipo de Género del organismo, los magistrados no tienen potestad para hacer lo que hicieron. El defensor consideró la conducta en la que incurrieron como un hecho grave. “Hacen una constante referencia al ‘mundo moderno’, ‘la ideología dominante’ o ‘los poderosos’ cuando deberían referirse en todos los casos al derecho vigente en la materia. Esta peyorativa terminología demuestra, tal como se dijo, una argucia para, en uso de su función pública, imponer a los judiciables sus concepciones personales que no coinciden con el paradigma de los Derechos Humanos que garantizan la autonomía reproductiva, la dignidad y la salud de las mujeres y personas gestantes en nuestro país”, argumentó.
Por su parte, María Urueña Russo y Sofía Corradini Sagretti, secretaria general y adjunta, respectivamente, del Sitraju, consideraron en su escrito que resulta evidente que los jueces “incurren en la causal de mal desempeño, pasible de remoción, por desconocimiento inexcusable del derecho. Hemos visto, uno a uno, cómo sus argumentos se dan de bruces tanto con las leyes internas como con la Constitución nacional y los tratados internacionales –con o sin jerarquía constitucional– que rigen en nuestro ordenamiento jurídico”.
En esta denuncia, Amor consideró la conducta de los jueces como “inadmisible, propia de ignaros en la materia que de forma increíble denomina peyorativamente (¿?) ‘moderno’ a una norma (art. 86 del C. Penal que está por cumplir un siglo)” y se refieren a ciertos “poderosos de la tierra” que no identifican. Del mismo modo, señaló, “aluden a la ‘ideología de género’, descalificando la perspectiva de género, imprescindible para administrar justicia en los casos como el que nos ocupa”. En el mismo sentido, el escrito presen
La Defensoría del Pueblo porteña y el sindicato de judiciales consideraron que los camaristas incurrieron en un “hecho grave”.
tado por el Sitraju encontró que “el apartamiento plenamente consciente de interpretaciones respetuosas de los derechos humanos y de la perspectiva de género –a la que despectivamente llaman ‘ideología de género’– que reclama nuestra normativa, constituye el aprovechamiento de estos magistrados de su lugar de poder y autoridad”, con una intención “aleccionadora
y revictimizante”. “Buscan, mediante una sentencia, imponer una opinión ideológica personal, apartándose de su deber de fallar conforme a derecho. En un estado de derecho, estos comportamientos resultan inaceptables y constituyen causal de remoción por mal desempeño”, finalizaron las autoras.
El 6 de octubre pasado, PáginaI12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo
“Hacen una constante referencia al ‘mundo moderno’ cuando deberían referirse en todos los casos al derecho vigente en la materia.” Amor
producto de los abusos. Los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.
La misma semana, la asociación civil Mujeres x Mujeres presentó un pedido de juicio político por “ignorancia inexcusable de derecho”. Y el 20 de noviembre este mismo pedido fue presentado por el fiscal César Troncoso. Este último se dio en la causa iniciada a partir de que los jueces del Tribunal Oral Nº 8 efectivizaron la extracción de testimonios e iniciaron un nuevo caso para que se investigue lo actuado por los funcionarios que garantizaron la ILE a la niña, pese a que el pedido había sido recurrido por el Ministerio Público Fiscal y que la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el punto.
La presentación de Mujeres x Mujeres sumó más de 250 adhesiones, entre ellas las de organismos de peso como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, referentes feministas y del poder judicial, diputadas y especialistas como Nelly Minyersky, Elena Liberatori, Genoveva Cardinali, Mónica Macha, Mariana Romero y Mario Pecheny, entre otres.
Habrá que ver qué decisión toman en el Consejo de la Magistratura. El pedido de juicio pasó el primer análisis de admisibilidad y ya se sorteó el consejero instructor, que es Marisa Sánchez Herrero. El expediente tiene 500 páginas y la consejera lo está evaluando. Seguramente, el próximo paso será pedir el Artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación –siempre lo hace–, que establece que se notifique la denuncia a los magistrados denunciados, para que puedan ejercer su defensa en el plazo de veinte días.