La relación con el poder económico,
Opciones para definir un sendero de desarrollo: subordinación, enfrentamiento o consenso
La resistencia de un sector del campo, la posición beligerante del líder del mercado de medios y de las telecomunicaciones y la oposición general del establishment son señales inequívocas hacia el gobierno de Alberto Fernández. Cómo se resuelven esos y otros conflictos distributivos.
Gobernar sin subordinación ni colisión contra poderes fácticos fue y sigue siendo la apuesta del gobierno de Alberto Fernández.
El conflicto con un sector del campo, representado por tres de las cuatro entidades patronales de la Mesa de Enlace, es reflejo de una tensión estructural no resuelta en la construcción de un sendero de desarrollo. La decisión unilateral de las compañías de telecomunicaciones y de prestación del servicio de televisión por cable de aplicar un aumento del 20 por ciento en el abono de este mes, pese a la medida oficial de autorizar sólo un 5 por ciento, es otro síntoma de esa tensión histórica.
Estos dos frentes beligerantes no refieren sólo a la intervención oficial y a la reacción privada destemplada de sectores económicos poderosos. Uno lo hace por ser un actor relevante en la generación de divisas de exportación como también por ser productor del insumo (maíz) para la generación de otros alimentos (carne vacuna, carne porcina, pollos, huevos, leche). Otro, por no querer regulaciones básicas para ejercer la posición dominante sin interferencia estatal en lo que hoy se ha convertido en un servicio público esencial para la población.
El establishment no oculta la oposición abierta al gobierno de Alberto Fernández, al cual apunta con toda su artillería hasta por tímidas medidas de regulación en el comercio exterior, en el negocio del seguro de la medicina prepaga, en las tarifas de los servicios públicos y en los precios de alimentos.
El nuevo bando del Foro de Convergencia Empresarial difundido ayer enumera esos puntos, con la siguiente declaración en el primer párrafo: “La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos”.
Empate
La clave es indagar acerca de cómo se resuelven esos y otros conflictos distributivos y, en definitiva, cómo se logra superar el empate hegemónico (definición del sociólogo Juan Carlos Portantiero) que está actuando como un potente perturbador de la estabilidad general.
El rescate del concepto de empate hegemónico no es definitivo, sino que es excusa para convocar a la reflexión de una situación compleja. Esa idea presenta al Estado como una entidad capaz de reorganizar a la sociedad, despojándolo así de su carácter de clase, lo que restringe la evaluación de la disputa estructural.
El empate hegemónico de todos modos ofrece un marco analítico desafiante. Portantiero escribió que “es la incapacidad que ostensiblemente muestran sus clases dominantes para construir alguna forma de dominación legítima sobre la sociedad”. Define que los comportamientos de los principales actores económicos y sociales son capaces de vetar los proyectos de los otros, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios.
Opciones
Hasta ahora no ha habido una alianza política, social y económica que permita romper ese empate. Es una restricción evidente que debilita el desarrollo, revelando la fragilidad para definir una articulación efectiva y constructiva entre el Estado, los dueños del capital y el mundo del trabajo formal e informal, entendiendo la existencia de la lucha de clases como límite a esa eventual convivencia temporaria. Pero aquí, con las crisis recurrentes, ni aparece ese horizonte por ese empate hegemónico.
En forma esquemática, en las primeras dos décadas de este siglo, la forma de abordar ese vínculo entre los principales actores políticos, económico y sociales se puede presentar en tres opciones:
1. Subordinación: el Gobierno acepta las condiciones que imponen las corporaciones, ya sea por presiones o directamente ocupando algunos de sus miembros espacios clave del Estado, como sucedió durante cuatro años con la alianza macrismoradicalismo. 2. Enfrentamiento: el Gobierno disputa con las grupos económicos y financieros, locales e internacionales, las formas de implementar reglas de juego que permitan un crecimiento sostenido con inclusión social, estrategia elegida durante el ciclo kirchnerista, especialmente en los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.
3. Consenso: el Gobierno busca