Un riesgo para él y los demás
La Agencia Nacional de Seguridad Vial se presentó como amicus curiae en la causa contra el marido de Carolina Píparo. Piden retirar la licencia de conducir a Juan Buzali
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se presentó como amicus curiae en la causa por atropellamiento que investiga la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y por la que está detenido Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada Carolina Píparo, y pidió la suspensión de su licencia de conducir por considerar que “es un riesgo para sí mismo y para terceros” por la manera en que “usó su vehículo como un arma”, explicó a este diario Pablo Martínez Carignano, director de la ANSV. Los abogados que representan a las víctimas, dos adolescentes de 17 y 23 años, pedirán que la imputación por la que está detenido Buzali, bajo la carátula de “doble homicidio en grado de tentativa”, incluya a Píparo por su participación en los hechos, que ocurrieron durante la madrugada del primero de enero.
“La palabra accidente encierra una condición de inevitabilidad, en cambio cuando alguien conduce un vehículo y viola las normas de tránsito, poniendo en peligro a la sociedad, entonces es un siniestro vial”, explicó Carignano. El vehículo que conducía Buzali esa noche, un Fiat 500L en el que iba acompañado por Píparo, embistió la motocicleta de Luis Lavalle, de 23 años, arrastrándola más de 300 metros y provocando graves lesiones en el motociclista, que circulaba por las calles de La Plata en el marco de los festejos de Fin de Año.
La solicitud de la suspensión se presentó en el marco de la disposición 384/2020, que permite la inhabilitación provisional de las licencias de aquellos conductores que presenten “algún tipo de alteración de su aptitud para conducir” y que entonces representen “un grave peligro para la seguridad vial”. En este sentido, a través de la presentación como Amicus Curiae, aceptada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, a cargo de Di Lorenzo, el director de la ANSV le solicitó a la fiscal que adopte las medidas necesarias “que impidan e inhabiliten a conducir al imputado con sustento en que no reúne las condiciones legalmente exigidas para tal fin, hasta tanto quede firme la sentencia”.
Por su parte, Martín De Vargas, uno de los abogados de las víctimas, remarcó este lunes en una entrevista televisiva que Buzali y Píparo “estaban persiguiendo a personas por el sólo hecho de andar en motos” y que “venían circulando tres veces más rápido de la velocidad permitida para esa calle” de la ciudad de La Plata, municipio donde la diputada ejerce como secretaria de Asistencia a la Víctima. “Siguen estigmatizando a los chicos bajo la figura del motochorro”, advirtió el letrado, quien aseguró que están trabajando en determinar el rol de Píparo en el delito. “Fue una maniobra asesina para embestir un rodado menor a chicos que estaban paseando”, advitió De Vargas. Según confirmaron los abogados de las víctimas a este diario, pedirán la imputación de Píparo bajo la carátula de “tentativa de doble homicidio en grado de tentativa”, además de los delitos de “falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La inhabilitación de la licencia queda en manos del Juzgado interviniente, que en caso de considerar pertinente la solicitud debería ordenarle al municipio la ejecución de la medida. La causa está a cargo de la jueza Marcela Garmendia, contra quien De Vargas presentó una recusación, con el argumento de que el hijo de Garmendia tiene un cargo en la municipalidad de La Plata, donde no sólo trabaja Píparo sino también el secretario de Seguridad, Darío Ganduglia, que no realizó la prueba de alcoholemia después del atropellamiento, y se encontró esa noche con la funcionaria y su esposo. La jueza rechazó la recusación y esta semana fue elevada a la Cámara de Apelación y Garantías, que debe resolver si da lugar o no al pedido del abogado de las víctimas.