“Toda la sociedad fue cómplice”
Irlanda pide disculpas por aberraciones en hogares maternos
que se desarrolló de forma mixta, presencial y virtual, con pañuelos verdes de un lado y otro de las pantallas, participaron las diez diputadas que firmaron el proyecto de ley en 2018, las 13 integrantes de la Comisión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said, y dos referentes de las organizaciones que impulsaron la iniciativa: Camila Maturana, encargada del Programa Seguimiento Legislativo de la Corporación Humanas, y Gloria Maira, referente de la Mesa de Acción por el Aborto.
“Descriminalizar es fundamental para el respeto de la dignidad y los derechos de las mujeres”, señaló Maira y aclaró que “no se trata de las causales, porque incluso en estas circunstancias la voluntad de las mujeres sólo se hace efectiva luego de enfrentar ponderaciones biomédicas y de credibilidad respecto de las situaciones de abuso sexual”. La activista recordó a las mujeres chilenas que el año pasado quedaron embarazadas por culpa de varios lotes defectuosos de anticoncep@
El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, presentó este miércoles disculpas oficiales en nombre del Estado por el escándalo de los antiguos hogares para madres solteras, donde murieron 9.000 niños entre 1922 y 1998.
“Pido disculpas por el profundo daño causado a las madres irlandesas y a sus hijos” en estos establecimientos dirigidos por monjas católicas en colaboración con el Estado, dijo el jefe de gobierno frente al parlamento de Dublín.
“El Estado los defraudó”, afirmó Martin un día después de la publicación del informe de una comisión de investigación que puso de relieve el dramático exceso de mortalidad en estos establecimientos y la hostilidad general de la sociedad hacia esos nacimientos, que entonces se consideraban ilegítimos.
La comisión puso asimismo de relieve hasta qué punto en la primera parte del siglo XX “la falta de educación sexual sumió a las mujeres jóvenes en la ignorancia sobre cómo y por qué quedaron embarazadas”, algunas de ellas después de haber sido sometidas a “violación y/o incesto”.
“Los niños nacidos fuera del matrimonio fueron estigmatizados, tratados como parias”, reconoció
Martin. “Adoptamos una moral y un control religioso perverso, un juicio y una certeza moral, pero rechazamos a nuestras hijas”, agregó. “Alabamos la piedad, pero no mostramos la más elemental amabilidad hacia aquellos que más la necesitaban”.
La Comisión Irlandesa de Investigación sobre Hogares Materno-Infantiles determinó en un informe publicado el martes que 9.000 niños murieron desde 1922 en esas instituciones, que operaron en este país de larga y profunda tradición católica hasta 1998. En 2013, otra investigación oficial descubrió el comportamiento de las monjas católicas en las llamadas “Lavanderías de la Madgalena”, donde entre 1922 y 1996 miles de internas trabajaron en un régimen de semiesclavitud y abusos.
Estos hogares acogían a adolescentes y jóvenes que habían sido rechazadas por sus familias. Los niños que nacían allí a menudo eran separados de sus madres y dados en adopción rompiendo todos los lazos con sus familias biológicas. La comisión se creó en 2015 para arrojar luz sobre el alto nivel de mortalidad infantil registrado en ellos a raíz del trabajo de la historiadora Catherine Corless. tivos que tenían placebos en lugar de pastillas activas y remarcó que “las afectadas no han tenido oportunidad de acceder al aborto legal”. Por último, Maira remarcó que “este proyecto nace del sentido común, de la evidencia de que en todas las épocas y circunstancias las mujeres hemos abortado”.
El proyecto de ley prevé la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal chileno, para que las penas previstas para la interrupción de los embarazos cuando la práctica no estuviera justificada por una de las causales, tengan vigencia sólo después de las catorce semanas de gestación, siempre que el aborto sea consentido por la persona gestante. Previo a ese plazo la interrupción del embarazo no sería punible.
A pesar de que el proyecto contempla únicamente la despenalización, María José Hoffman, diputada oficialista de la Unión Democrática Independiente (UDI), aseguró que la iniciativa “es un paso hacia el aborto libre”, y aseguró: “desde la UDI vamos a rechazar este proyecto”.
En 2017 el Congreso chileno aprobó la Ley 21.030, que despenaliza y regula el aborto por causales, es decir, cuando el embarazo es producto de violación, cuando estuviera en riesgo la vida de la persona gestante, y cuando se determina que el feto es inviable. En todos los casos, se requiere diagnóstico médico para que un profesional de la salud pueda garantizar la práctica.
“Tenemos un Estado que no garantiza todo lo que hay que hacer antes para evitar que los abortos se produzcan”, señaló la diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática (RD), y advirtió que en Chile no se asegura la información a través de la educación sexual y que el “acceso garantizado a la anticoncepción” es una “cuestión que tampoco existe en nuestro país”. En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que proponía educación sexual y afectiva en los diferentes niveles educativos.