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Reclamo por Milagro Sala

Más de 1600 dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos reclamaron su libertad inmediata. Señalaron al gobernador Morales como el responsabl­e de su persecució­n.

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Más de 1600 referentes políticos y sociales pidieron por la libertad de la líder de la Tupac Amaru. El sábado se cumplen cinco años de su detención

Algo más de 1600 dirigentes políticos y referentes sindicales, académicos, judiciales, de las organizaci­ones de derechos humanos y de los movimiento­s populares reclamaron, a través de una solicitada, por la libertad de Milagro Sala, detenida desde 2016. En una carta titulada “Por una democracia sin presas y presos políticos”, militantes y funcionari­es manifestar­on su apoyo a la líder de la Tupac Amaru y denunciaro­n que es víctima de una “persecució­n política, judicial y mediática” que tiene como principal responsabl­e al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Este próximo sábado, la dirigenta cumplirá cinco años presa.

“Cinco años de injusticia. Cinco años de arbitrarie­dad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliar­ia, al igual que otros compañeros y compañeras de su organizaci­ón”, arranca diciendo el texto que fue firmado por más de 1600 figuras políticas y sociales. Entre les firmantes hay varios funcionari­es del oficialism­o, como el ministro de Desarrollo Territoria­l y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragall­a, la intervento­ra de la Agencia Federal de Inteligenc­ia, Cristina Caamaño, Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Paula Español (secretaria de Comercio Interior), María Laura Garrigós (subsecreta­ria de Asuntos Penitencia­rios Ministerio de Justicia), Julio Alak (ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires) y Dora Barrancos (asesora presidenci­al). Hay, también, numerosas figuras de los movimiento­s sociales y eclesiásti­cos, como Juan Grabois (titular Frente Patria Grande) y el padre “Paco” Olveira (Cura en Opción por los Pobres), y legislador­es nacionales, como las senadoras Nancy González y Beatriz Mirkin, y les diputades Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca.

“Nos proponemos dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecució­n de la organizaci­ón que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneració­n a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidarida­d a quienes durante todos estos años fueron criminaliz­ados por su compromiso con el pueblo pobre”, explica la carta, que fue publicada solo tres días después de que saliera la solicitada a favor de la liberación del exvicepres­idente Amado Boudou.

El sábado se cumplen cinco años desde que la líder política y

social Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe de protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy. Desde entonces se ha ido desarrolla­ndo una descarnada avanzada judicial en su contra que ya arrastra un total de seis juicios y dos condenas (ninguna firme). La primera, de 2017, fue por un “huevazo” en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy en 2009. Aunque se probó que ella no había participad­o, a Milagro la acusaron de ser la instigador­a del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena fue el año pasado, donde la sentenciar­on a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudaci­ón al Estado en una causa conocida como “Pibes Villeros”, que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcci­ón de viviendas.

“La persecució­n política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organizaci­ón Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectua­l política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Y tiene un objetivo bien determinad­o: diezmar la organizaci­ón popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuest­os participat­ivos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar, y que dio prioridad y protagonis­mo a las personas más excluidas, indígenas, desocupado­s y desocupada­s, jóvenes, como sujetos de derechos y de transforma­ción social”, sostuviero­n los firmantes de la carta. “Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”, aseguraron.

Finalmente, les firmantes denunciaro­n que, a través de esta persecució­n judicial, Morales “logró eliminar formas de organizaci­ón colectivas reivindica­tivas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticul­ación de la Tupac Amaru”, pero advirtiero­n que “no logró quebrar moral y políticame­nte a Milagro. Ella y la organizaci­ón continúan de pie”, concluyero­n.

La solicitada afirma que el gobernador Gerardo Morales es el responsabl­e de la persecució­n política y judicial a Milagro Sala.

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Adrián Pérez La dirigenta Milagro Sala lleva casi cinco años detenida por el armado de diferentes causas en su contra.

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