Los datos personales durante la pandemia
La digitalización de la vida abrió la puerta a softwares invasivos “En 2020 pusimos en riesgo nuestros datos personales más que nunca”, advierte la especialista Beatriz Busaniche. La cuarentena obligó a que casi todo se hiciera on line.
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El 2020 fue sin duda un año de grandes cambios. Todas las esferas de la vida, tanto pública como privada, se vieron trastocadas por los efectos de la pandemia. Con las políticas de aislamiento y la cuarentena, todo tuvo que poder resolverse a través de la computadora o el celular: trámites bancarios o de organismos públicos, compras online, videollamadas, el famoso Zoom para reemplazar cualquier tipo de encuentro y hasta los permisos para circular. “El 2020 fue el año en el que pusimos en riesgo nuestros datos personales más que nunca”, advirtió al respecto Beatriz Busaniche, especialista en derechos humanos en entornos mediados por tecnologías digitales y directora de Fundación Libre.
En este sentido, desde la Fundación Libre advirtieron que junto con este proceso crecieron exponencialmente las bases de datos personales en manos de privados y del Estado. Por eso en conjunto con una red de organizaciones que promueven los derechos digitales (Indela) presentaron un proyecto para garantizar la seguridad de los datos personales en un marco de derechos humanos.
Lo imperativo de la coyuntura hizo que muchos de estos procesos no tuvieran una debida planificación. “Cuando se toman decisiones apresuradas en términos tecnológicos suelen ser desinformadas, y las personas o los Estados suelen tomar malas decisiones”, explicó. Busaniche puso de ejemplo el hecho de que muchas universidades públicas contrataron servicios de Zoom en lugar de adquirir o diseñar estructuras más desarrolladas para proteger los datos de todos los que intervienen en las clases.
Busaniche remarcó que son múltiples los riesgos cuando se adopta tecnología no debidamente informada. “El primero es la seguridad de los datos y la intimidad de las personas. Sobre todo cuando sos una institución y obligás a otro a usarlo, por ejemplo en el caso de las universidades en donde los alumnos no pueden elegir si usar esa herramienta o no. Hubo casos de invasión de las salas por parte de extraños, quienes pasaron pornografía infantil. Hay riesgos económicos cuando las bases de datos incluyen tarjetas de crédito, riesgos a que se vulnera la intimidad cuando hay datos personales, de salud o de consumos”, agregó.
Para Busaniche el problema central es la falta de políticas públicas vinculadas con la protección de los datos, ya que no es algo que pueda quedar librado a la suerte de cada ciudadano. El proyecto en el que la Fundación Libre trabaja con autoridades de la Dirección Nacional de Ciberseguridad plantea la adopción de estándares mínimos de protección de los activos digitales, ya sean datos de la ciudadanía en poder del Estado o de privados.
En segundo lugar, el proyecto busca fomentar entornos seguros para el reporte de vulnerabilidades de los sistemas.
“Que la clave para una gestión sea el número de trámite del DNI es una barbaridad en términos de seguridad”, insistió Busaniche.