Más cerca del juicio a los rugbiers
A un año del homicidio en Villa Gesell
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Este lunes 18 de enero se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el adolescente atacado por un grupo de jugadores de rugby a la salida del boliche Le Brique, en el balneario de Villa Gesell. El crimen, calificado como “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando, y una fuerte conmoción en la sociedad. A un año de haber perdido a su único hijo, Graciela Sosa y Silvino
Báez se reunieron con el Presidente Alberto Fernández, y esperan el juicio donde se definirá la condena de los responsables.
Luego de diez meses de una intensa investigación, en noviembre la fiscal Verónica Zamboni, quien siguió la causa desde el primer momento, presentó ante el juez David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell, la requisitoria de elevación a juicio contra los ocho imputados, jugadores de rugby en el club Náutico Arsenal Zárate: Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. El pedido se deriva del análisis de casi un centenar de pruebas –la autopsia, peritajes a los celulares de los imputados, peritajes en el lugar de los hechos y otros sobre las prendas de los imputados tanto como de las víctimas, declaraciones testimoniales, registros fílmicos y fotográficos, informes de diferentes organismos y muestras de ADN– con las que la fiscal pudo determinar la participación que cada uno de los imputados tuvo en el ataque que terminó con la muerte de Báez Sosa.
Los diez rugbiers que se encontraban esa noche en Le Brique se sacaron una selfie esa misma madrugada, después de haber dejado muerto al adolescente porteño frente al boliche, donde se los ve sonrientes y con los pulgares hacia arriba. También fueron a desayunar a un local de comida rápida, y en el grupo de Whatsapp intercambiaban mensajes donde decían que la víctima “caducó”, y festejaban “ganamos”.
La organización del crimen
Según el relato de Zamboni, basado en las declaraciones, la agresión comenzó dentro del boliche, cuando Báez Sosa, junto con tres amigos, se encontraba en la pista de baile escuchando el recital del trapero Neo Pistea, y por accidente rozó a uno de los agresores. “Fernando levantaba el dedo como que no había pasado nada”, relató en su declaración uno de los amigos de Fernando y advirtió que “este muchacho mientras se retiraba lo seguía mirando feo a Fernando”. Más tarde, camino al baño del boliche, uno de los amigos de Báez Sosa se encontró nuevamente con uno de los agresores, con quien tuvo “un choque por la cantidad de gente que había”, según declaró frente a la fiscal. El choque dio lugar a una serie de “manotazos”, que Fernando intentó detener y que fueron el detonante que llevó a los encargados de seguridad del boliche a sacar a ambos grupos del establecimiento. Según declaró el mismo amigo de Báez Sosa, quien recibió un golpe en la boca cuando intentó defenderlo de los golpes y patadas de los rugbiers, en varias oportunidades solicitaron ayuda a los encargados de la seguridad del boliche, quienes “estaban todos mirando, pero nadie se acercaba”.
En el texto de la requisitoria a juicio, que deberá considerar Mancinelli, la Fiscalía afirma que, una vez afuera del local, los imputados “acordaron darle muerte” al adolescente de 18 años, y para lograrlo se organizaron en dos grupos: los primeros cinco –Thompsen, Comelli, Cinalli, Benicelli, y Ciro Pertossi– fueron quienes abordaron por detrás a la víctima, dejándolo indefenso, mientras que los otros tres –Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi– posibilitaron el delito ya que, además de encerrar a Báez Sosa, “agredieron físicamente a los amigos de Fernando” que “pretendían ayudar a la víctima”. Las lesiones leves contra los amigos de Fernando también fueron incluidas en la acusación de la Fiscalía.
Tras el dictamen del fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien se mostró conforme con el planteo de la fiscal Zamboni, el juez Mancinelli pidió la intervención de las partes –el particular damnificado y la defensa– de las que hasta ahora respondieron únicamente los abogados que representan a la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, mientras que la defensa de los ocho imputados, en manos del abogado Hugo Tomei, todavía no se comunicó con el juzgado. “En menos de seis meses tenemos juicio”, aseguró a este diario el abogado Burlando, quien destacó el desempeño de la fiscal: “Fue un trámite acelerado teniendo en cuenta la cantidad de detenidos”, expresó y aseguró que la familia de Fernando “pasó unas fiestas muy angustiantes”.
Además de los ocho imputados que la fiscal Verónica Zamboni señaló como responsables del homicidio, detenidos primero en la ciudad costera, luego en el penal de Dolores, y por último en la alcaidía de Melchor Romero, donde se encuentran hasta el momento, otros dos jugadores, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, están involucrados en la causa, con un pedido de sobreseimiento por parte de la fiscal, quien consideró que no cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que los acusados participaron de la agresión contra Báez Sosa. En febrero del año pasado, el juez Mancinelli ordenó la excarcelación de ambos, quienes desde entonces se encuentran en libertad.
La estrategia de Tomei
A pesar de la extensa presentación de la fiscal, el abogado de los ocho imputados afirma que “no hubo un debido proceso legal”. Desde enero del año pasado, Hugo Tomei asegura que la investigación no se lleva a cabo como corresponde, que “sus chicos” no fueron escuchados por la Fiscalía ni por el Juzgado, y que, en el momento, “no fueron notificados correctamente respecto de qué se los acusaba”, la misma postura que tomaron los imputados durante su única declaración, en enero del año pasado. El abogado ya había solicitado el apartamiento de Zamboni, que no fue aceptado por el juez interviniente. “Nadie quiso quitarle la vida a nadie. No hubo organización para matar”, sostuvo el letrado en diálogo con PáginaI12. Tras descartar la posibilidad de un juicio por jurados, como lo permite la normativa de la Provincia de Buenos Aires para este tipo de causas, Tomei aseguró que “para fines de enero” tendrá lista la respuesta ante el juez –el elemento que falta para que el magistrado pueda considerar la requisitoria de elevación a juicio– y reclamó que, para los rugbiers, “están todas las puertas cerradas”.
Tomei no niega la culpabilidad de los imputados, pero cuestiona la premeditación y organización del crimen. De todas formas, su estrategia apunta al proceso legal. “Desde febrero vengo planteando nulidades”, advirtió el abogado, que antes de dedicarse al derecho de forma privada trabajó como funcionario –en la Fiscalía General de Campana– en el sector público de la zona norte de la provincia, donde también se desempeñan algunos de los padres de los rugbiers, y agregó que “no se respetaron los tiempos” del proceso.
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes y patadas en la cabeza a la salida del boliche Le Brique.
El número 11
Fueron a desayunar e intercambiaban mensajes en el grupo de WhatsApp donde decían que la víctima “caducó” y festejaban: “ganamos”.
En la respuesta que presentaron ante el juez Mancinelli los abogados de la familia de Fernando solicitaron que se tome declaratoria a Tomás Collazo, conocido como el “rugbier número 11”, aunque en la descripción de la causa la fiscal lo describe como “sujeto N° 10” y, según declaró la familia, el chico no se dedica al rugby. Lo que sí se sabe es que se encontraba con el grupo de imputados durante la noche de la brutal agresión, aunque según determinó la fiscal “no existen elementos o indicios que permitan ubicarlo en la escena directa” del crimen, ya que según las pruebas habría salido del establecimiento unos minutos más tarde.
Collazo, de apodo “Pipo”, es de Zárate al igual que los imputados. Los videos de las cámaras, tanto del boliche como del local de comida rápida al que se dirigieron después de matar a Fernando Báez Sosa, confirman que esa noche se encontraba con ellos, aunque hasta ahora no está relacionado judicialmente con la causa. Según Zamboni, Collazo “sólo observa todo lo sucedido”. Consultado por este diario, Tomei aseguró que no se desempeña como defensor del chico.