“Una justicia que es patriarcal y misógina”
“Esto iba a pasar más temprano que tarde, acá los sectores antiderechos tienen mucha influencia sobre una Justicia que es patriarcal y misógina”, dijo Tere Cubells, diputada provincial de Chaco por el Partido Frente Grande y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en referencia al fallo de la Justicia chaqueña que suspendió la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Para la diputada, ahora será fundamental el posicionamiento político del gobierno provincial ante la decisión judicial: “El gobernador Capitanich tiene que salir públicamente a respaldar una ley que fue aprobada por el Congreso nacional y no puede ser detenida por una jueza”, sentenció. PáginaI12 dialogó con otras activistas de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para conocer sus posicionamientos ante el fallo.
Cubells explicó que “es importante que el Gobierno tome posición, que la ley se cumpla silenciosamente hace que este tipo de avances sean posibles”. Es que la denuncia presentada en Chaco no es la primera que ocurre en el país desde que la norma fue promulgada. La semana pasada, la Justicia salteña rechazó un pedido de suspensión de la Ley IVE y existen más demandas en otras provincias, por lo que la diputada sostuvo que el Gobierno provincial debería haber anticipado la situación.
“Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática que habilitan juezas como Aucar de Trotti, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción”, indicó en este sentido Soledad Deza, abogada de la Campaña.
Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos y una de las principales impulsoras de la Ley IVE dentro del Congreso, coincidió en que se trata de “estrategias sin futuro”, y que solo son utilizadas para “dilatar, obstaculizar y abrir distintos frentes”. La diputada remarcó que “es importante ubicar estas acciones como actos contra la ley”, por lo que aclaró que la 27.610 “es de orden público y las provincias no tienen que adherir, su vigencia es plena. No hay situación por resolver porque es inviable lo que plantean”.
Desde Chaco, Delia Pérez, militante de la Campaña y subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia, indicó que la medida cautelar todavía no fue notificada al Gobierno, por lo que aún se evalúan los pasos a seguir. Además, comentó que “los movimientos acá ya se están expresando, seguramente va a haber una expresión colectiva en estos días para defender este derecho”.