Hacia las pospandemias
La pandemia sanitaria genera una situación excepcional: entre otras cosas, la totalidad del planeta demanda de modo simultáneo y urgente la vacuna para detener el virus. Por supuesto, ello produce un desequilibrio: la oferta en proceso de diversificación es mucho menor que su demanda ya diversificada a nivel global.
Pero, además, la distribución de la vacuna se produce en un marco en donde pesan y se reproducen las desigualdades entre las distintas zonas del mundo. No es lo mismo el acceso a ese bien escaso en los países centrales que en los periféricos. Pero aún dentro de los países centrales, los del continente europeo se quejan de Estados Unidos, del Reino Unido y de algunos otros porque acaparan compras.
Es el capitalismo el que está ordenando la distribución de la vacuna a escala global y lo que éste pone en juego son las relaciones desiguales entre los países y no criterios humanitarios de igualdad de derechos entre las personas de todas las latitudes. Lo que el capitalismo pone en el centro de la escena es el negocio y no parámetros de necesidad y de equidad. Pero mientras esta distribución seguramente se irá normalizando a nivel global en los próximos meses, en simultáneo se insinúa un proceso de reactivación económica mundial.
En su informe sobre las expectativas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional describe mejoras en las proyecciones en todo el planeta.
La expansión de algunas de las economías más poderosas explica la mayor demanda mundial de commodities como la soja, el maíz o la carne, lo que produce una suba de los precios internacionales de estos productos.
Estos aumentos, si no median instrumentos de regulación, se transfieren a los precios internos de los países productores intensificando la puja distributiva en sus economías. Es decir: la mayor demanda externa, una muy buena noticia en sí misma, puede producir efectos colaterales no deseados como el incremento de los precios internos.
En ese marco, el Gobierno anuncia el lanzamiento de un acuerdo de precios y salarios tomando como referencia la pauta presupuestaria del 29 por ciento de inflación para 2021. El principal objetivo de ese acuerdo consiste en que los salarios le ganen, en un par de puntos como mínimo, a la inflación durante el año. Hay en esta medida una búsqueda diversa: desindexar la economía, bajar la inflación y, al mismo tiempo, lograr que los ingresos de los trabajadores y los jubilados se vayan recuperando.
Por supuesto: la pandemia sanitaria y la discusión sobre las políticas públicas para enfrentarla no van a salir definitivamente del escenario. Pero el debate que viene sobre el acuerdo de precios y salarios es uno de los grandes temas en la agenda inmediata de los argentinos y las argentinas.
No estamos hablando de “un acuerdo de caballeros”, donde cada una de las partes exprese sus buenas intenciones pero sin que se comprometan con políticas y comportamientos concretos. Por el contrario, debería tratarse de un pacto en la línea del propuesto por Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó su libro Sinceramente en la Sociedad Rural, en mayo de 2019. En aquella oportunidad, la actual Vicepresidenta convocó a un “contrato social de ciudadanía responsable” al que asoció con el Pacto Social puesto en marcha por Perón y su entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, en junio de 1973. En esa intervención definió a ese contrato social como un acuerdo con “metas verificables, cuantificables y exigibles”.
En síntesis, el primer logro de ese acuerdo de precios y salarios debería ser revertir la tendencia heredada: pasar de un escenario donde los precios les ganan a los salarios a otro donde los salarios les ganen a los precios. El segundo objetivo debería ser incrementar los ingresos de los jubilados y pensionados. Ello sería una consecuencia lógica del aumento de los salarios y de la suba de la recaudación tributaria, las dos variables que determinan los incrementos en la nueva fórmula previsional aprobada.
Todos los gobiernos intervienen en la puja distributiva. Es decir: inciden en cómo se acumula y en cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Según su orientación política, los gobiernos favorecen una distribución regresiva de los ingresos –que beneficia a los sectores más poderosos– o una distribución progresiva –que beneficia a los sectores más vulnerables–. Venimos de un gobierno que durante cuatro años intervino para que los precios les ganaran a los salarios.
El Gobierno actual viene trabajando en un montón de frentes corrigiendo carencias e inconsistencias. Por ejemplo, limitando a compradores de moneda estadounidense no habilitados y restringiendo el acceso a ciertos insumos importados suntuarios con dólares a tipo de cambio oficial, entre muchas otras medidas. Nadie le impide a cualquier ciudadano comprar esos bienes importados. Lo que el Estado restringe es el uso de dólares a tipo de cambio oficial para esas compras porque el país necesita destinarlos a otras prioridades.
Todas esas iniciativas, entre otras, generarán recursos que el Gobierno no tenía y que le irán permitiendo hacer cosas que sin esos recursos no podría hacer. Si hay más inversiones para obras públicas, por ejemplo, se generan más empleos y éstos, acompañados de los aumentos salariales, amplían la demanda y el mercado interno y contribuyen a la reactivación de la economía.
Los datos actuales indican que la actividad industrial y comercial sigue recuperándose. En 2021, si se logra masificar la vacunación y no hay nuevas situaciones imprevistas con la pandemia, la Argentina va a tener un crecimiento económico por encima de los pronósticos actuales: superior tanto al 4,5 por ciento que pronostica el FMI como al 5,5 por ciento que proyecta el Presupuesto Nacional. Por supuesto, para ello es necesario avanzar, entre otras cosas, en ese acuerdo que les permita a los salarios crecer a un ritmo mayor que el aumento de los precios. Ese es un punto clave: es el que indica el cambio desde un modelo que favorece la concentración de los ingresos en los sectores más poderosos a otro que distribuye los ingresos entre las clases medias y demás sectores populares y, de ese modo, genera un circuito virtuoso de crecimiento económico con la gente adentro.
Poner a la Argentina de pie es avanzar en la superación de las dos pandemias: la sanitaria generada por el virus, por un lado, y la económica producida por el experimento neoliberal de Mauricio Macri, por el otro.
* Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario. @
Este viernes el Poder Ejecutivo avanzó con la puesta en marcha de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia. Con el detalle de fechas y formas de pago que definirá una resolución general de la AFIP la semana que viene, se hará efectiva una norma que incomoda al poder económico a la vez que es reconocida por economistas y organismos internacionales que muchas veces ese mismo poder elogia.
El diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, comenzó a trabajar en la iniciativa a pedido del jefe del bloque Máximo Kirchner en abril del año pasado. Tras un extenso debate en diputados, uno más corto en senadores, frases memorables de dirigentes en contra de la ley y hasta un tweet de la cuenta oficial del PRO que se convirtió en meme al dejar en evidencia que oponiéndose defendían al 0,02 por ciento de la población argentina; finalmente el 4 de diciembre el Senado sancionó el proyecto con 42 votos a favor. La reglamentación se hizo esperar
Para enfrentar los embates judiciales, había que ser muy cuidadosos en la redacción de la reglamentación de la ley.
y Heller recibió muchas llamadas: “Se había generado mucha ansiedad, pero yo respondí en todos los casos que había que hacerla con cuidado, porque yo mismo he leído suplementos de algunos diarios económicos con consejos de cómo hacer para no pagar o judicializar la ley. Había que ser muy cuidadosos en la redacción de la reglamentación para achicar los flancos atacables; es un camino lógico”, contó el diputado en declaraciones radiales.
La reglamentación da precisiones para calcular el nivel de fortuna de personas con participación accionaria en empresas, precisa plazos (60 días hábiles administrativos desde la entrada en vigencia de la ley), lineamientos ( deberán ser depositados en una cuenta abierta en una entidad bancaria local) y posibles inversiones (vender los dólares al tipo de cambio oficial, adquirir bonos o letras emitidos en moneda local o aportar a una sociedad local no financiera) para contar con los beneficios la repatriación, entre otros detalles. El establishment comenzó a amenazar. El Foro de Convergencia Empresarial, que representa a 80 entidades del poder económico, lo calificó de “confiscatorio” y los principales estudios de abogados se preparan para intentar eludir el gravamen o frenarlo en la Justicia.
El adjetivo “extraordinaria” forma parte del título de la ley para dar cuenta de que es un aporte que sucede por única vez. Es una ley que cubre derechos y necesidades de los sectores vulnerables: el aporte de los multimillonarios tiene destino definido. Gastos en salud y atención de otras heridas en el tejido social: empleo joven, pymes, barrios carenciados y otros servicios esenciales. La medida no puede escaparse de su coyuntura. Una de las causas por las cuales el efecto de la covid-19 en América latina es especialmente peligroso es que impacta sobre la sociedad más inequitativa del mundo en la distribución del ingreso.
De acuerdo a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), el 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza, mientras que el 99 por ciento se distribuye el 59 por ciento restante. Y el 10 por ciento más rico concentra el 72 por ciento. “Esta desigualdad brutal está aumentando aún más con la pandemia, en un fenómeno que suele suceder con cada crisis. La caída de los ingresos y del empleo, en un mundo que según el FMI recién en 2022 recuperaría el nivel de actividad económica de 2019, afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos. En contraste, las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York subieron un 16 por ciento en el 2020, en buena medida gracias a los estímulos y salvatajes de los Bancos Centrales más grandes del mundo”, explica Pablo Wahren, economista magister en Desarrollo Económico (Unsam) y miembro de Ocepp.
“Cuando miremos atrás, debemos ver esta crisis como el punto de inflexión a partir de cual volvimos a gravar la riqueza de forma justa y revertimos la carrera a la baja en la tributación. Un sistema tributario progresivo que grave de manera justa a los más ricos de la sociedad debe ser la piedra angular de una recuperación justa de la crisis, ya que permitirá invertir en un futuro justo y verde”, asegura el informe que pone de ejemplo al país: “Argentina ha abierto el camino, con la adopción de un impuesto solidario a la riqueza, de carácter temporal, que grava la riqueza extrema; este impuesto podría recaudar más de 3000 millones de dó