Veinte años de un crimen aberrante
Natalia Melmann, violada y asesinada por policías de Miramar
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“Para mí, todos los días es 4 de febrero”, dice Laura Calampuca, y se desgarra en un llanto que había logrado contener durante toda la conversación. Desde hace 20 años que para Laura todos los días son 4 de febrero. Como ayer, como hoy, como mañana, como el jueves próximo cuando se cumplan dos décadas desde que Natalia Melmann, su hija mayor, fuera asesinada después de ser violada y torturada por un grupo de policías de Miramar. Mayor es una manera de ubicarla en la escala familiar. La mayor de las hijas mujeres, porque de mayor no tenía nada: llevaba 15 años cuando la secuestraron el sargento primero Oscar Echenique, el cabo primero Ricardo “el Mono” Suárez, el sargento primero Ricardo “Rambo” Anselmini (los tres condenados a perpetua) y dos uniformados más. Los cinco dejaron su ADN impreso en el cuerpo de la adolescente. Uno de esos ADN pertenece al sargento Ricardo Panadero, que todavía puede discutir ante la justicia que el ADN que es suyo no es suyo, y lo puede hacer porque de alguna manera parte del andamiaje judicial se lo permite.
Este lunes, la querella representada por el abogado Federico Paruolo va a pedir a la Suprema Corte bonaerense que el quinto ADN, distinto al de los otro cuatro policías, sea cotejado con el de los uniformados en funciones en Miramar para la fecha en que Natalia fue asesinada. Un pedido simple y obvio. Que no se haya hecho de oficio el cotejo en el mo-mento en que correspondía, no hace un mes ni doce, sino hace 20 años, demuestra que a veces la justicia se cubre con una venda para ocultar su ceguera.
Para poner en situación, porque con el tiempo los marcos y contextos se disgregan o se entremezclan caprichosamente, hay que recordar que a Natalia la secuestraron de la propia calle de los boliches miramarenses, la madrugada del sábado 4, que hasta ese momento era una madrugada indistinta del verano de 2001. Faltaban algo más de 10 meses para los crímenes de la represión policial del 19 y 20 de diciembre. Carlos Ruckauf ya había sido elegido gobernador con la campaña de mano dura policial. El ex capanga de la Bonaerense Ramón Verón ya ocupaba el lugar de ministro de Seguridad luego de suceder a Aldo Rico.
En una definición de motivos, Nahuel, uno de los hermanos de Natalia, sostiene que “Natalia fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por policías de Miramar. Por ser mujer, por ser adolescente, por la impunidad que tenían sus abusadores y femicomo
El 4 de febrero se cumplen dos décadas del femicidio de la adolescente. Tres perpetuas, un juicio pendiente y un ADN por cotejar.
cidas por pertenecer a una fuerza de seguridad”. Femicidas. Faltaban casi 12 años para la promulgación de la Ley 26.791 que incorporó el femicidio al Código Penal. Femicidios había, lo que no había era ley.
En ese marco, los ires y venires de la justicia les deben haber sido insoportables. Entre septiembre y octubre de 2002 se llevó a cabo el primer juicio ante el
Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata. Los jueces pudieron comprobar que Natalia “fue accedida carnalmente por vía vaginal, bucal y anal por varias personas”, y sigue, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual, la víctima fue muerta por asfixia, estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas”, señala el fallo, incapaz esta vez de distanciarse del horror pese a la lejanía que suele imponer la textura jurídica.
Echenique, Anselmini y Suárez fueron condenados a reclusión perpetua con accesorias, como coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas”. Gustavo “el Gallo” Fernández, buchón policial, fue condenado a 25 años por entregador. En el cuerpo de Natalia se encontraron cinco restos de ADN distintos. Tres correspondían a los policías condenados y que por obra de la impunidad todavía se desconocen a sí mismos como autores, por más que su ADN haya surgido de restos de semen y de vello púbico del cuerpo de la víctima. La impunidad tiene eso, no deja ver claramente. También ciega.
En octubre de 2006, Casación bonaerense redujo la pena de reclusión perpetua a prisión perpetua. La diferencia no es solo terminología técnica. El acceso a las salidas transitorias, condicional y fin de la condena son palpables para los detenidos. Al Gallo Fernández le redujo drásticamente la pena de 25 a 10 años. Laura y Gustavo apelaron.
Casi cuatro años después, en marzo de 2010, la Suprema Corte anuló el fallo de Casación. No significó la calma. En abril de 2012, Gustavo inició una huelga de hambre frente a la Corte Suprema de la Nación. Reclamaba que se confirme el fallo de la corte provincial, debido a que los tres policías condenados apelaron la medida, lo que les permitía aducir que la anulación no estaba firme, y entender que seguía activa la decisión de Casación de pasar a prisión lo que era reclusión. Once años después del aberrante femicidio de Natalia, su padre hacía huelga de hambre, mientras los familiares de los condenados amenazaban y amedrentaban en las calles miramarenses a Laura, que se resistía en el lugar su última trinchera.
“Yo estoy, porque mientras esté acá y me vean, van a ver a Natalia y se van a acordar de ella”, dice Laura desde la misma casa donde llegaron en el 92, el mismo escenario, pero ahora ocupado por tanta ausencia.
Poco antes de finalizar abril de 2012, el 25, la Corte, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, rechazó por “inadmisible” el recurso de queja presentado por la abogada Patricia Perelló, defensora de los femicidas. Dos meses después, un juez de ejecución les otorgó salidas transitorias a los tres. Esa condición se mantuvo o fue rechazada en va-rias ocasiones hasta 2017, cuando Perelló pidió la revisión del juicio de 2002, alegando la presentación de pruebas nuevas. La audiencia se realizó el 16 de febrero de 2017 ante Casación bonaerense. Los familiares de Natalia debieron volver a pasar por la sangría que significó el juicio de 2002, pero ahora con pruebas y relatos que consideraban falsos y con los policías victimizados. Recién en octubre de ese año, Casación rechazó por improcedente el recurso de revisión de Perelló.
El ida y vuelta judicial siguió como marca de los días que siguieron. No hubo paz, no hubo reposo. En mayo de 2018 fi-nalmente se llegó al juicio contra Panadero, el sargento que negaba su propia sombra. Panadero había sido sobreseído en el primer juicio, pero en 2013, luego de apelaciones, la Corte Suprema había revocado el sobreseimiento y ordenó el nuevo juicio. En dos meses de audiencias, los jueces del Tribunal Oral 4 marplatense Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro consideraron que los testigos presentados por la acusación no terminaban de incriminar y el cotejo de ADN no tenía certeza. En noviembre de 2019, finalmente Casación anuló la absolución, al considerar “que los sentenciantes efectuaron una arbitraria selección, tanto al brindar credibilidad de unos testigos por sobre otros, como al omitir ponderar informes periciales, evidenciando una valoración sesgada del material probatorio que genera absurdo en la conclusión lograda”. Y ordenaron la formación de un nuevo tribunal. Es la medida que la familia aguarda y que intentarán consumar durante este año.
Cada uno de la familia se estrecha en un abrazo imaginario con Natalia. Cada uno como puede. No hay recetas, cada uno se las arregla para resistir el doloroso desgarro de ese abrazo disuelto. Cada 4 de febrero de cada día, durante veinte años.
No es que veinte años sea nada.
Faltaban 12 años para la Ley 26.791 que incorporó el femicidio al Código Penal. Femicidios había, lo que no había era ley.