“LA REVENTARON A MAZAZOS”
Nicolás Placci recorrió un largo camino hasta recuperar la casa donde vivió de niño con sus padres, hoy desaparecidos. Los usurpadores vivieron allí 40 años, “la reventaron a mazazos” antes de irse.
Pasó la última noche bajo ese techo en 1976, cuando su mamá lo dejó con menos de un año en manos de una vecina para salvarlo de la represión que la hizo desaparecer junto a su marido. Cuarenta y cuatro años después consiguió que la Justicia le restituyera la casa, usurpada todo ese tiempo por un policía. Pero la destruyeron completamente antes de la entrega
que brindó en un juicio oral, le sirvió a Nicolás para destrabar algo dentro suyo, pero también algo afuera.
Mucho más que una casa
El testimonio del hijo de los desaparecidos Garófalo y Placci, apuntalado por el de sus tíos y vecinos de la época, despabiló a la Justicia. Tras aquella jornada del 2 de septiembre del año pasado, y después de 15 años de insistir, la jueza Alicia Vence avanzó en la restitución de la casa de Alba y Eduardo, que hoy es de Nicolás y de su hermano o hermana, cuando pueda ser devuelto a su verdadera historia. Es que Alba estaba embarazada cuando fue secuestrada y Nicolás busca, también, a ese o esa bebé.
Luego de que su abogado lo solicitara, sin éxito, al TOF, Vence intimó a la familia Ríos. En 15 años, el juzgado a su cargo exigió al expolicía que explique las circunstancias en las que se instaló en Quintana 908. “Nunca, nunca pudo dar ninguna explicación. No supo decir cuándo se apropió de la casa, ni presentó una escritura, un boleto de compraventa, ni siquiera un plano, a su nombre. Nada. Y tampoco se halló ninguna documentación en la casa en el allanamiento que la Justicia ordenó en 2010”, narró el profesor de escuela media que tomó las riedas de la búsqueda de Justicia para sus padres y su familia.
El vínculo de Ríos y la vivienda que perteneció a Placci y Garófalo es sospechoso: cuando elles fueron secuestrades, el hombre aún prestaba servicio en la Jefatura de Policía de San Martín. Por allí, se sospecha, pasó el matrimonio antes de ser depositados en Campo de Mayo.
Y un dato más llama la atención. En aquel allanamiento de 2010, la Justicia encontró en el sótano de la casa un baúl identificado con las siglas del Ejército Argentino repleto de armas de guerra. “Ríos tampoco supo explicar muy bien de dónde las había sacado”, indicó el hijo del matrimonio de militantes desaparecidos. “Usurpó, porque no le cabe otra palabra, la casa de mis padres durante 40 años, y finalmente le ordenaron devolverla”, completó. Debían dejar la vivienda en diciembre pasado, pero surgió algo.
Una premonición
Tras la orden de desalojo, la familia Ríos solicitó al juzgado una prórroga. “Dijeron que Ríos había tenido un acv, que estaba en silla de ruedas, que la vivienda a la que lo iban a llevar todavía no estaba lista”, contó Nicolás. A mediados de diciembre, el secretario del juzgado, Agustín Rodríguez Verdier, lo consultó para ver qué opinaba y él, tras pensarlo mucho, accedió.
Se lo comunicó al secretario mediante un mensaje de WhatsApp que contenía una premonición. Decía que había decidido “basado casi en su totalidad en una cuestión humanitaria” acceder al pedido de la familia Ríos “confiando en la buena fe” de ellos y de la Justicia. Le pedía a él, “a la jueza y al tribunal todo” que “velen por el cumplimiento efectivo de la restitución del bien”. Explicaba que para él y su familia “no es una apertura de una puerta o el acondicionamiento de un baño”, sino “una pequeña reparación de algo sumamente doloroso que llevamos 44 años esperando”. Y le aclaró su temor de que “esta decisión se me vuelva en contra y ese tiempo se utilice para ‘inventar’ algo que entorpezca el mal desarrollo de este proceso”.
La prórroga fue de veinte días. Hace unos días, a través de su abogado, la familia Ríos dejó la llave de la propiedad. El heredero de la vivienda contó que “dejaron una sola llave, de tres que deberían haber entregado”. Una sola de la puerta de entrada, que al estar cerrada con doble cerradura, no pudo ser abierta por los empleados del Juzgado. Tampoco dejaron llave del portón del garage, que también da a la calle. A ese lo dejaron abierto.
“Una casa de Beirut recién bombardeada por los yanquis”
Nicolás obtuvo las llaves de la casa familiar el martes pasado. Inmediatamente fue hasta allá. Entró. “Yo sabía que era una casa vieja así que me esperaba encontrar falta de mantenimiento Pero nada comparado a lo que vi. Esa casa, la última en la que dormí con mi mamá, parecía una casa de Beirut que había sido bombardeada por los yanquis”, comparó. “La despedazaron. No dejaron una ventana, una puerta. La reventaron a mazazos. A una parte directamente le sacaron el techo, se lo arrancaron. Le arrancaron canillas y caños, el inodoro. Cables. Azulejos”, describió.
Volvió todos los días desde entonces. Al segundo día se encontró, debajo de la puerta de entrada, una boleta del impuesto inmobiliario a nombre de Alba, su mamá. “Lo cuento y todavía se me pone la piel de gallina”, dice Nicolás. “Esta gente no sólo usurpó la casa durante 40 años. También durante 40 años, una vez por mes, vio el nombre de mi mamá en una boleta”.
Además de intentar sacar algo de toda la basura que encontró desperdigada por la vivienda, el
Ríos prestaba servicio en la Jefatura de Policía de San Martín, por donde se sospecha que pasó el matrimonio antes de ser desaparecido.
primer hijo de la pareja dueña de la vivienda también se acercó a hablar con les vecines. “Las vecinas que viven a ambos lados de la casa coincidieron en que todos los destrozos sucedieron el último mes. Porque los escucharon: escucharon los martillazos, los vidrios rotos”, cuenta a PáginaI12. “Fue una acción de odio. No tienen más motivos más que la maldad y el odio por tener que devolverle la casa a un hijo de montoneros subversivos”. La idea no es casual: Nicolás parafrasea a la familia Ríos, siguiendo sus expresiones en las redes sociales.
Hoy la Justicia retoma su actividad, tras un mes de feria. Entonces, el abogado de Placci, Pablo Llonto, presentará ante el juzgado de Vence la denuncia penal por los destrozos y las deudas @70 mil pesos de electricidad, 30 mil de impuesto inmobiliario, 20 mil de agua@ que la familia del policía retirado dejó en la vivienda usurpada. “Pediremos que sean investigados como delitos de lesa humanidad”, apuntó Llonto, quien también solicitará medidas de prueba para averiguar quiénes destrozaron la casa. Con Ríos vivía su hijo mayor, que realiza trabajos de seguridad privada.