Que habilita transitorias

Diez meses la condena de Amado Boudou

están en los penales con las reducciones de quienes pudieron estudiar cursando prisiones domiciliarias. Además, consideró que el estudio de filosofía no es una formación profesional y que parte de las materias el exvicepresidente terminó de cursarlas, presentó los trabajos finales, pero están pendientes de aprobación.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión en el caso Ciccone. En el Tribunal Oral el voto fue dos a uno, con la mayoría sosteniendo el delito de cohecho -coima-, supuestamente porque Boudou se habría quedado con el 70 por ciento de la Calcográfica.

La realidad es que no hubo ninguna prueba de que el exvicepresidente fuera dueño de Ciccone, al punto que los directivos de la imprenta no pasaron a ser hombres de Boudou, sino que todos fueron allegados a Jorge Brito, del Banco Macro, y al financista Raúl Moneta. Ellos dos fueron los que pusieron el dinero. Los dos jueces que condenaron por cohecho –Néstor Costabel y Pablo Bertuzzi, ambos del corazón macrista– se basaron en el testimonio del arrepentido Alejandro Vandenbroele que hoy se sabe cobró cuatro millones de pesos de aquel entonces (unos diez millones actuales) por su testimonio. En disidencia votó Gabriela López Iñiguez.

Según los cálculos, teniendo en cuenta el tiempo que Boudou ya estuvo en Ezeiza y en su casa, el exfuncionario debería acceder a salidas transitorias en este mismo momento, o sea que debe permitirse que salga de su casa, por ejemplo, los fines de semana. Y, además, en julio estaría en condiciones de conseguir la libertad condicional porque tendría cumplidos dos tercios de la condena. Mientras tanto, Boudou y sus abogados están litigando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un argumento de peso: la forma en la que el gobierno de Mauricio Macri compró al arrepentido Vandenbroele. afines, naturalizan la idea de que los/as jueces/zas que son designados por determinado gobierno le deben lealtad, dan por sentado que no será una sala amenazante para el actual gobierno. Es una forma de anticiparse ante causas en las que interviene, y que sí afectan a exfuncionarios de Cambiemos. En la Sala I, el único integrante fijo es Mariano Llorens, y Bruglia y Bertuzzi permanecen hasta que termine el concurso para los cargos que ocupan por traslado.

Para habilitar el regreso de Farah, el decreto del Poder Ejecutivo dejó sin efecto los otros dos que habían determinado sus traslados anteriores. El año pasado, cuando le tocó ir a una audiencia ante el Senado, que precisamente revisaba esas designaciones, Farah dijo que había pedido irse de la Cámara Federal durante el gobierno de Macri, porque era presionado y amenazado después de haber revocado la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, en la causa conocida como “Oil Combustibles”. La decisión judicial había merecido una célebre frase del expresidente: “no era lo acordado”.

Todavía no está claro si Farah seguirá interviniendo en juicios orales en trámite en el TOF de San Martín, como el de los “vuelos de la muerte”. Lo analizan sus colegas, pero él ya habría comentado que no continuaría, un criterio que al parecer comparten las partes.

El protagonismo que pueda tener la Cámara Federal en este tiempo está más ligado a causas contra exfuncionarios del macrismo que otra cosa. Hasta ahora no se vio que el tribunal le imprima la misma premura para avanzar en esas investigaciones que puso a las causas que implican al kirchnerismo. Tampoco han tomado grandes definiciones, sino decisiones que parecen estirar los tiempos.

La Sala II donde volvió Farah tiene la causa donde se investiga el negociado para la concesión de la Panamericana y el Acceso Oeste a Autopistas del Sol, en tiempos en que el grupo Macri era una de sus accionistas (la cámara revocó procesamientos, que la jueza María Eugenia Capuchetti podría volver a dictar, y la Cámara tendrá que intervenir). También interviene en el expediente donde se investiga el armado de una causa contra los dueños del grupo Indalo y las presiones sobre ellos. Pasa por esta sala además la causa de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Macri, donde están señalados también el ex jefe de gabinete Marcos Peña, Gustavo Arribas, Germán Garavano, Pablo Clusellas, sospechosos de incidir en el armado de causas. El caso del Correo, donde se están por cumplir dos años de la indagatoria de Oscar Aguad sin resolución.Parte de la causa Odebrecht, que involucra a exfuncionarios

Farah había concursado para la Cámara Federal, y por eso se aferró a lo que dijo la Corte respecto de los traslados para poder volver.

y al primo de Macri, Angelo Calcaterra; y una parte remanente del caso Ciccone, entre otros temas.

Farah tiene una relación de amistad de muchos años con Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación, pero sobre todo un famoso operador judicial aliado, tiempo atrás, de Antonio Horacio Stiuso, exjefe de operaciones de la Side. Hay quienes creen en tribunales que Fernández volvió a estar entre bambalinas. De todos modos, si en algo se ha avanzado mientras la reforma judicial espera, es en que la Agencia Federal de Inteligencia dejó de ser –por disposiciones de la intervención de Cristina Caamaño– una pata en la que se apoyan los jueces/zas federales. Habrá que ver si la Cámara Federal mantiene o cambia su vieja lógica “tiempista” que se acopla a los vientos políticos.