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ENVENENAMI­ENTO

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La catarata de desatinos que provocó la decisión del Gobierno de avanzar en las negociacio­nes con Rusia para obtener una vacuna contra la covid-19 llegó a su clímax con la denuncia penal por envenenami­ento de la exdiputada Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud Ginés González García y la viceminist­ra Carla Vizzotti. El 23 de diciembre pasado pidió a la Justicia que se los investigue por “atentado contra la salud pública, defraudaci­ón al Estado e incumplimi­ento de deberes de funcionari­o público”. La validación internacio­nal a la Sputnik V que implica la publicació­n en la revista científica The Lancet aparece como argumento más que suficiente para que la Justicia federal archive la presentaci­ón por “inexistenc­ia de delito”. Una decisión de todos modos insuficien­te si se tiene en cuenta la criminalid­ad implícita en la denuncia liderada por la socia de Juntos por el Cambio.

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