El dictamen de Casal contra Milagro Sala

El procurador interino dictaminó que debe quedar firme una condena

“Proyecto AMBA”, Pablo Pinamonti, y las seis bases que la AFI de Gustavo Arribas creó para hacer espionaje político entre 2016 y 2017, que se sumaron a las tres ya existentes en la provincia. Los nombres de los exagentes –que se reservan hasta tanto el juez resuelva su situación procesal– surgieron no sólo desde los organigramas con los que cuenta el juzgado federal de Dolores, sino que aparecieron de los descargos que hicieron sus propios coimputados.

Hoy será el turno del tercer coordinador y se presupone que seguirá la misma estrategia. Además de ellos, está citado el agente que oficiaba de jefe de la delegación Bahía Blanca al momento de la implementación del “Proyecto AMBA”.

La frutilla de la torta de las citaciones es un exagente de la base de Haedo. Ramos Padilla identificó a este espía porque dio con un informe en el que se relataba que el agente en cuestión estaba infiltrado en la organización Barrios de Pie y que, para ganarse la confianza de los militantes territoriales, él les ofrecía un local propio en Isidro Casanova para reunirse. Sin embargo, no todo salió como planeaba. El @

El procurador interino, Eduardo Casal, opinó ante la Corte Suprema que debería quedar firme una condena a dos años de prisión efectiva contra Milagro Sala por supuestas amenazas a policías en un expediente conocido como “el caso de las bombachas”. La dirigente, cuya detención en 2016 fue paradigmática en el inicio de los abusos con las prisiones preventivas durante el gobierno de Mauricio Macri, había sido absuelta por un tribunal oral pero luego esa decisión fue revocada por la Cámara de Casación de Jujuy y confirmada por el Superior tribunal local, que sólo redujo la pena. Ahora debe decidir la Corte Suprema, que también tiene a revisión la condena más alta en su contra, a 13 años de cárcel.

La historia de las bombachas comenzó el 13 de octubre de 2014, cuando Natalia Vargas, hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y muy cercaba a Sala, fue a un feria y se topó con un puesto donde estaban vendiendo ropa que le habían robado a su mamá, que había denunciado el robo de su cartera donde estaban las llaves de su casa. Cuando la chica denuncia el hallazgo, la policía se la lleva detenida a ella y a la vendedora. Rápidamente fue liberada la sospechosa pero Vargas quedó demorada. Una comisaria, Angela Cabrero, denunció que Milagro Sala llamó a la seccional y la amenazó. En su querella la representó el hijo del gobernador Gerardo Morales, Gastón. Lo que pedía la dirigente era que liberaran a la mujer, absurdamente detenida. Tres años más tarde Sala fue enviada a juicio, en base a los testimonios de la agente y de otro oficial de la comisaría que le atribuían insultos y el mensaje de que pondría “una bomba con la que haría volar a quienes estaban allí”.

El tribunal oral que absolvió a Sala consideró que la única prueba que había en su contra eran los testimonios de los supuestos destinatarios de la amenaza, y eso es insuficiente. Para la Cámara de Casación jujeña, en cambio, los relatos eran prueba suficiente. La pena que le pusieron fue de tres años y dos meses de prisión. Luego el Superior Tribunal la redujo a dos. La defensa planteó la violación a los principios de oralidad e inmediación, el uso de pruebas que no fueron utilizadas en el juicio y la valoración de otras como el parte diario de llamadas. Señalaron que era una sentencia claramente arbitraria.

La Corte tiene un recurso de queja de Sala. No es habitual que se pida opinión a la Procuración sobre estos recursos, pero lo hizo. “En mi opinión la queja no es procedente”, dijo Casal y argumentó que “no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la causa en temas de prueba y de derecho común” salvo en casos de “desaciertos u omisiones de tal extrema gravedad”, que no consideró que se dieran en este caso.

En los hechos, la defensa de Sala sostiene que los dos años de pena ya están cumplidos, más allá de que es atípico que se pida dictamen a la Procuración en un recurso de queja. En otros casos, la Corte ha admitido una revisión amplia de las sentencias condenatorias. Según informó el periodista Néstor Espósito, hay 32 recursos de causas contra Milagro sala en manos de los supremos, que no tuvieron movimientos en los últimos meses. Sólo recientemente la Corte pidió la causa completa de “pibes villeros”, donde se juega la pena más significativa.