Comienza el juicio contra un excura abusador
Carlos José oficiaba en el Instituto San José Obrero, de Caseros
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Hoy, en los Tribunales de San Martín, empieza el juicio contra el excura Carlos Eduardo José, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su cargo eclesiástico en el Instituto San José Obrero, de la localidad bonaerense de Caseros. La denuncia, que radicó en abril del 2017 Mailín Gobbo, ex alumna de la institución que el párroco tenía a cargo, relata una serie de hechos que ocurrieron entre 1999 y 2008. La Justicia investiga otras tres denuncias contra José, realizadas por alumnas de la misma institución. “Lo único que espera es que el fallo ayude a las demás”, señaló a PáginaI12 Héctor Silveira, abogado de la denunciante, y advirtió que, como querellantes, “pedimos la sentencia máxima”, de 20 años de prisión. El juicio seguirá mañana y el jueves 11 y viernes 12 de febrero, con más de ochenta declaraciones, propuestas por la fiscalía y por la defensa del imputado.
Las situaciones por las cuales la denunciante, que hoy tiene 33 años, recurrió a la Justicia, ocurrieron mientras ella cursaba en el Instituto
A los 12 años, la madre de Gobbo encontró en un diario íntimo de su hija mensajes que hablaban de “no sufrir más”.
La primera audiencia será hoy ante los Tribunales de San Martín. En 2017 José renunció a su condición de cura y fue enviado a prisión. La causa la inició Mailín Gobbo.
San José Obrero, en el año 1999, pero también después, cuando se cambió de escuela, porque el ex cura era amigo de sus padres y seguía visitando su casa con frecuencia. “Cuando él venía a cenar yo me iba. Me daba asco y no sabía por qué”, señaló Gobbo en una entrevista televisiva. Su primer recuerdo de la situación de abuso fue en una pileta, cuando ella tenía diez años, “él me agarraba de abajo y me tocaba”, relató la mujer. Según explicó Silveira, que junto a su socio Alejandro Stipancic representa a la denunciante, el ex cura José “la sacaba a Mailín de clases todos los días. La llevaba a un sótano, a una oficinita. Tenía la autoridad para entrar a la clase y decir: tal y tal vienen conmigo”.
A los 12 años, la madre de Gobbo encontró en un diario íntimo de su hija mensajes que hablaban de “no sufrir más”. En ese momento empezó a ir a un psicólogo, pero le llevó casi diez años reconstruir lo sucedido. “Como el sacerdote iba muy seguido a su casa, ella seguía de alguna forma bajo esa influencia de poder”, explicó el abogado.
Si bien Gobbo presentó la denuncia ante la Justicia en 2017, ella ya había denunciado a José ante el Obispado de San Martín en 2009, cuando pudo contarle a sus padres lo que le había pasado. Como respuesta, las autoridades del clero, a cargo del Monseñor Guillermo Rodríguez Melgarejo –fallecido el 4 de enero–, intentaron silenciar a la familia y trasladaron al sacerdote a la parroquia San José Obrero de Tandil, a cargo de la diócesis de Azul, una estrategia que la Iglesia Católica suele aplicar para proteger a los curas. Cuando la denunciante formalizó en la Justicia las causas contra el ex párroco, el vicario general de San Martín, Eduardo González, señaló que se enteró de los cargos contra José recién cuando se hicieron públicos, es decir, en 2017.
El año pasado, en el marco del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, la defensa del ex cura pidió la excarcelación, que la Justicia bonaerense le negó, por lo que espera el juicio en la cárcel de José León Suárez, donde está detenido desde julio del 2017, cuando luego de permanecer una semana prófugo el tribunal consideró necesaria la prisión preventiva. Ese mismo año, el párroco presentó la renuncia clerical a su cargo, mediante la cual “dejó de ser cura”.
Según el abogado de la denunciante, el agresor “elegía a sus presas”, niñas que eran más calladas, retraídas, de familias vulnerables. Jazmín Detez, quien radicó la denuncia junto a Gobbo, hace tres años, espera que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dicte el veredicto para que su causa pueda llegar a juicio. En la misma situación están Cecilia Burgos y Karen Maydana, dos ex alumnas del mismo Instituto de Caseros que también denunciaron al excura José. “Hay cientos de víctimas, pero muchas no se animan a denunciar”, aseguró el abogado y relató que, para Gobbo, “fue muy dolorosa la exposición. Se tuvo que separar, dejar la facultad, perdió su empleo. Tuvo que empezar de cero”.
“Toda la defensa del acusado pasa por el argumento de la prescripción de los hechos. Ahora la Corte tiene que anunciar su decisión”, explicó Silveira. Según la normativa vigente desde el 2015, los plazos para la vigencia de los delitos contra la integridad sexual
“Cuando él venía a cenar yo me iba. Me daba asco y no sabía por qué”, señaló Gobbo en una entrevista televisiva.
cometidos contra víctimas menores de 18 años comienzan a correr cuando se presenta la denuncia, sin ser un condicionante el tiempo transcurrido desde la fecha del delito.