Presencialidad y derecho a la educación
El comienzo del ciclo lectivo 2021 y el posible regreso a las clases presenciales estará signado por el contexto de una inédita crisis humanitaria, sanitaria y económica provocada por la primera pandemia moderna.
En nuestro país el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue una medida excepcional que el Gobierno nacional adoptó en un contexto crítico, destinada a mitigar la expansión del coronavirus Covid-19. El sistema sanitario fue robustecido y preparado para enfrentar la pandemia. No obstante, hubo que lamentar pérdida de vidas, enfrentar la partida de seres queridos en duelos desde la distancia y ver crecer los índices de pobreza y desempleo.
Lxs docentes no estuvimos exceptuados de esta dolorosa realidad. Debimos aprender a gestionar emociones y someternos a un cambio en la forma de entender la vida y relacionarnos. De la noche a la mañana tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar, de compartir con otrxs, de planificar y dar respuestas a un desafío ineludible: qué y cómo enseñar en contexto de pandemia.
El amor a una profesión deseada y elegida por convicción fue sin dudas el motor que alentó a sortear la adversidad. Sabemos que el vínculo que construyen docentes y alumnxs es fundamental para que haya aprendizaje. Lograrlo a la distancia, sin abrazos ni cercanía, fue otro mérito alcanzado por los educadorxs.
Lxs docentes sostuvieron las clases virtuales, además de otras tareas, con gran compromiso, responsabilidad y creatividad, instalando la modalidad digital como vehículo idóneo para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera se pudo garantizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo el derecho social a la educación. Las familias fueron testigo de la tarea ciclópea realizada.
Esta pandemia ha señalado la brecha de desigualdad que existe en la sociedad. Un número significativo de alumnxs fueron excluidos del proceso educativo por no tener un ordenador o acceder a una conexión gratuita. Es indispensable que las distintas jurisdicciones provean estas herramientas informáticas a los sectores más vulnerables. El Estado debe garantizar el derecho inalienable a una educación de calidad para todxs.
Lxs docentes desean el regreso a las clases presenciales. Este anhelo, compartido por las familias, niñxs, jóvenes y el conjunto de la sociedad, deberá concretarse cuando las autoridades sanitarias determinen que es posible volver a las aulas de un modo seguro, atendiendo el marco de covid19 y el protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación, que establece lineamientos y orientaciones que serán de cumplimiento para todas las jurisdicciones.
La escuela cumple un rol central en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. La educación presencial es insustituible. Por eso es imprescindible priorizar las mejores condiciones de seguridad en todas las escuelas del país.
El derecho a la educación debe trascender las diferencias políticas y unificar a una sociedad golpeada por la pandemia, y por el impacto económico, social y emocional que desató.
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