Toda la Argentina acuática en peligro,
En un contexto tremendamente dañado en el que sobresalen la Corte más desprestigiada de las últimas décadas; la rebeldía contumaz contra el Enacom y millones de argentinos pobres; y la megaminería galopante que impulsan gobiernos como el de Chubut, el panorama es desolador si se le suma la posible, inminente pérdida de soberanía acuática de nuestro país.
Ya a finales de 2016 nos ocupamos en esta columna de la lucha del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (CCUOM) frente a los armadores (empresas navieras extranjeras) que en nuestro propio territorio dominan el transporte internacional. Y en mayo del año pasado recordamos que desde la desaparición de ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas) decretada por Carlos Menem, la Argentina se quedó sin política soberana sobre ríos y mares.
Ahora el decreto 949/2020 ha vuelto a exponer el extravío de soberanía sobre nuestras aguas. Y no solamente en el río Paraná (y la mal llamada Hidrovía, concepto ajeno al castellano que sepulta nuestra historia y soberanía fluviales). También el Mar Argentino sigue siendo la negación inexplotada de una de las costas más largas y ricas del mundo. Y todo refiere a lo mismo: el manejo antisoberano de todos los recursos acuíferos de este país privilegiado por la naturaleza, pero arrasado por sucesivas dirigencias cipayas y corruptas.
No hay otra solución que restablecer la soberanía política perdida, o sea recuperar el control de nuestro comercio exterior, que es una fabulosa fuente de recursos, hoy en manos de multinacionales navieras y graneleras de capitales extranjeros, como Hamburg Süd, Mediterranean, Maersk y muchas otras que controlan –sin ser controladas en lo más mínimo— todos los contenedores de importaciones o exportaciones de nuestro Comercio Exterior. E igual sucede con las grandes multinacionales exportadoras como Monsanto, Bunge, Nidera, Cargill, Dreyfus, etc, que manejan no sólo el comercio y el transporte, sino también las semillas transgénicas, los herbicidas y fertilizantes y el acopio en puertos y distribución en destino, de lo cual no sabemos nada y hay que aceptarles lo que nos cuentan.
No hay arreglo con ellas y el único camino es restablecer la soberanía concreta y real, lo que es perfectamente posible a partir de decisiones severas que el pueblo argentino sin duda acompañará. El viejo cuento de que la Argentina produce y exporta alimentos para 400 millones de personas huele a podrido a partir de que la mitad de nuestro pueblo padece y muere de hambre. Entonces, para recuperar la soberanía política hay que volver a regular el comercio exterior, con un rol activo en logística y comercialización y sobre todo en los controles. Lo que requiere crear una Flota Mercante a cargo del transporte y, así, intervenir en la cadena de valor de los productos.
Después de Perón no hubo política naval civil en este país. Las dictaduras militares sacaron al Estado de todas las decisiones económicas, destruyendo flotas y empresas marítimas. Así lograron frenar el desarrollo industrial y naviero de la Argentina. Y en la misma línea, y como continuidad, Menem firmó el decreto de entrega del derecho de transportar nuestros productos en buques argentinos en favor de empresas logísticas multinacionales, y eliminó nuestra Empresa Líneas Marítimas Argentina (ELMA). Sin flota propia, nos volvimos dependientes de las multinacionales y perdimos el control de la producción y el comercio exterior.
Recuperar la soberanía implicaría que la mitad de los fletes de ultramar que corresponden, según el derecho internacional, fueran operados por empresas navieras argentinas. Y además habría que gravar los fletes de las multinacionales, lo que generaría un fondo de muchos millones de dólares anuales, con los que se podría —y debería– financiar la recuperación de nuestra Marina Mercante, repotenciando la capacidad instalada de Astilleros Río Santiago y de todos los otros que también clausuró Menem en los 90. Un modelo de país que luego perfeccionó Macri al profundizar toda claudicación.
De ahí que estuvo bueno el ministro Wado de Pedro al anunciar “el primer paso para concretar una demanda histórica del tránsito fluvial: la construcción del Canal Magdalena”. Como no estuvo nada bueno que el Ministro de Transporte Mario Meoni, seguramente presionado por su oscuro manejo del decreto 949 hasta la semana anterior, ahora disponga crear una “Unidad Ejecutora que desarrollará el proyecto estratégico para conectar la principal vía navegable del país con el mar argentino”, lo que hace dudar a muchos porque no son nuevas “unidades” burocráticas lo que hace falta, sino poner manos a la obra al Canal Magdalena cuyos estudios ya están hechos y con presupuesto aprobado.
Se trata de empezar con urgencia estas obras, que permitirán una fluida, ágil, económica y controlada circulación de barcos en el Río de la Plata, reduciendo recorridos y costos logísticos. Y además convendría despegar a este canal del decreto 949, que se refiere a la Hidrovía. El Canal Magdalena tiene nada o muy poco que ver con acuerdos con otros países. Pertenece enteramente a la Argentina, que sólo debería coordinar la profundidad con Uruguay. Por eso hay que fortalecer la conciencia de que este canal asegurará la libre circulación en territorio y aguas argentinas desde la isla del Cerrito (punto de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná) hasta la Patagonia, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur que, como nuestra porción de Antártida, nos pertenecen y debemos cuidar como el oro que son.
Lo que está pasando con los puertos y los recursos acuíferos es lo mismo que pasa con el oro, la plata, el cobre y el litio. La Argentina tiene capacidad de producir decenas de toneladas de esos recursos pero aquí no queda nada. Y lo mismo sucede con las aguas. Siendo como somos uno de los países mejor regados del mundo, con humedales fabulosos, no hay acuífero en la Argentina que no esté siendo destruido irresponsablemente. Y esto no es sólo una posición ambientalista; es también cuestión de supervivencia política, económica y de soberanía. La posición orientadora del pedido de informes del Senador Jorge Taiana es el camino, y toda otra variante es indefendible.
Puede sugerirse, también, que la soberanía sobre todas las aguas, costas, ríos, humedales y reservas acuíferas que la naturaleza otorgó al país maravilloso que pudimos y todavía podríamos ser, acaso debiera ser manejada por el Presidente en persona y con apoyo del Congreso, y no por ministros cuestionados.
Y es que este episodio, si no se lo corta rápido y con firmeza, será cementerio de la soberanía argentina. Estamos a tiempo de corregir el rumbo.