“Una causa delirante”
El caso del “gendarme carancho”
“La decisión no podía ser otra para una denuncia absurda que nunca debía haber sido impulsada por la fiscalía. La jueza (María Eugenia Capuchetti) en su momento y la cámara ahora dicen algo que es obvio: querellar es una facultad, no una obligación. Lo sabe cualquier estudiante de abogacía de primer año. Casi un año de trámite llevó este expediente ridículo, lo que demuestra una vez más que litigar es demasiado caro para el que lo necesita y muy barato para los que quieren hacer política en tribunales”, le dijo Crous a PáginaI12. El fiscal Stornelli le adjudicaba los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos, prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y encubrimiento. El voto de Carolina Robiglio y Juan Carlos Bonzón, que actuaron como subrogantes, desecha uno por uno. Los argumentos del camarista de Mariano Llorens van en el mismo sentido.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio: Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Alvaro Lamadrid. @
La sala II de la Cámara Federal de San Martín fue escenario ayer de una audiencia para solicitar el cierre de la causa que mantiene procesadas a un grupo de personas detenidas por manifestarse en contra de los despidos en la empresa Lear, en julio de 2019. “Es una causa penal delirante contra trabajadores y manifestantes, un peligroso antecedente repudiado por numerosos sectores democráticos y organismos de derechos humanos”, sintetizó la abogada y diputada porteña Myriam Bregman (PTS-FIT) ante los camaristas. Aquella manifestación social había sido reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional con armas de fuego, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. También se vieron episodios como el del “gendarme carancho” que fingió ser atropellado por el manifestante Christian Romero, para luego detenerlo violentamente entre varios efectivos e iniciarle una causa penal. La mayor paradoja consiste en que este cuestionado proceso se sustenta en los “testimonios falsos” de ese comandante de Gendarmería, Juan Alberto López Torales, procesado por la misma sala II por “armarle causas a los manifestantes que reclamaba contra los despidos de Lear”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se presentó como amicus curiae en el expediente, y sostuvo que “las personas imputadas en estas actuaciones debieran ser sobreseídas porque fueron víctimas de detenciones arbitrarias y violentas, posteriormente sometidas a un proceso de criminalización que aún continúa vigente, por el solo hecho de ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente”. En un comunicado, el organismo manifestó que “ninguna de estas circunstancias fue siquiera cuestionada, investigada o tenida en cuenta por el poder judicial que, en cambio, sostuvo procesos penales contra quienes protestaban, que ya llevan años de trámite, sin que se haya conseguido una sola prueba que los sustenten”.
La justicia federal de San Martín mantiene abierta desde hace seis años esta causa por interrupción del tránsito a quienes fueron brutalmente reprimidos en julio de 2014 por manifestar contra centenares de despidos de una empresa multinacional sobre la Ruta Panamericana. La Cámara Federal de San Martín revocó por quinta vez los sobreseimientos dictados en primera instancia a las nueve personas imputadas, y denegó todos los recursos de sus abogados defensores. En su última resolución, consideró que la causa debe continuar abierta, aunque por el tiempo transcurrido corresponda su cierre, ya que uno de los imputados “podría” haber entorpecido la investigación. ¿De qué manera? Por haber sido empleado contratado transitoriamente en el sector público de otra provincia ajena a los hechos, en una interpretación delirante del artículo 67 del Código Penal que equiparó su condición de empleado público a la de funcionario, para quienes rige la interrupción de la prescripción.
En la audiencia de ayer, los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) expusieron ante los jueces de la sala II Alberto Lugones, Juan Pablo Salas y Néstor Barral los argumentos de su apelación a los procesamientos, y destacaron las “graves arbitrariedades del proceso”, principalmente que los detenidos y heridos, sin pruebas de lo que se los acusa (interrumpir el tránsito) jamás debieron ser procesados. Cuestionaron que se asimile la condición de empleado público transitorio de uno de los imputados, a la de un funcionario público con poder, de modo que la causa no pueda prescribir, lo que consideraron como “un grave precedente para los cuatro millones de empleados públicos en el país”.