Con todo listo para la mudanza
Ramos Padilla fue nombrado en el juzgado federal 1 de La Plata
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Cuando se inicie marzo, el juzgado federal 1 de La Plata –con competencia electoral y vacante desde 2014– con toda probabilidad ya tenga a su titular instalado. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, alista todo para la mudanza a la ciudad de las diagonales después de que se oficializara ayer su nombramiento en el Boletín Oficial. En los próximos días, deberá ser convocado por la Cámara Federal de La Plata para jurar su nuevo cargo. Se descuenta que será antes de fin de mes, coincidieron las fuentes consultadas. Mientras tanto, seguirá en su juzgado de Dolores, donde debe resolver la situación de cuatro exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a quienes indagó la semana pasada por su participación en el llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en el despliegue de media docena de bases de la exSIDE en provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político.
Ramos Padilla juró como juez federal de Dolores el 30 de septiembre de 2011 en el Concejo Deliberante de la Ciudad. Ese día lo acompañaron referentes de organismos de derechos humanos, pero probablemente la presencia más especial para el juez fue la de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien él acompañó en su tarea al frente de la Asociación Anahí, desde donde buscó hasta el día de su muerte a su nieta robada por la dictadura.
Desde el juzgado de Dolores adquirió protagonismo con decisiones de alto impacto como el rechazo a que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron designados por decreto en la Corte Suprema por Mauricio Macri o la suspensión del aumento de tarifas. En 2015, fue designado juez subrogante en Bahía Blanca, una jurisdicción especialmente difícil para el avance de las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Allí se centró en la investigación sobre la Triple A y llamó a indagatoria por esos hechos al juez Néstor Montezanti, de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Como Montezanti se negaba a comparecer, Ramos Padilla lo declaró en rebeldía.
Lo mismo hizo ante la reticencia del fiscal federal Carlos Stornelli a presentarse a indagatoria en Dolores por su vinculación con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. Desde febrero de 2019, Ramos Padilla indagó en el rol de los inorgánicos de la AFI –como D’Alessio– y llegó el año pasado al corazón de la estructura de la exSIDE con el llamado “Proyecto AMBA”, que el juez describe como ilegal desde la concepción porque Gustavo Arribas ordenó la recopilación de información por razones políticas –algo vedado por la ley de inteligencia. En los últimos dos años, procesó a 28 personas vinculadas al espionaje. El número podría trepar hasta 32 si decide procesar a los tres coordinadores del “Proyecto AMBA” a los que ya indagó y al primer responsable de la delegación Bahía Blanca de la AFI en el período 2016-2017. La investigación del D’Alessiogate despertó la ira del gobierno de Macri, que buscó la destitución del juez. Ese encono contra Ramos Padilla aun permanece y explica el cerrado rechazo opositor a su designación.
En cuanto jure ante la Cámara Federal de La Plata, Ramos Padilla se mudará a los tribunales de 8 y 50 –donde funcionan tanto el juzgado electoral como el juzgado penal– aunque éste se extiende hasta otro edificio, en el que está ubicada la secretaría de lesa humanidad. Es una zona conocida para el juez, ya que allí se celebraron los juicios por la verdad y des–tanto pués el juicio contra el capellán Christian Von Wernich, proceso en el que representó a Héctor y Javier Timerman por el secuestro y las torturas de su padre Jacobo.
Un año antes, Ramos Padilla había acompañado como abogado a “Chicha” Mariani en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fue él quien logró que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que presidía Carlos Rozanski, ordenará la detención del exdirector
Con competencia electoral y penal, y vacante desde 2014, el tribunal investiga, entre otras causas, la de los aportantes truchos del macrismo.
Allí también tramita la investigación por la desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo y querellante del juicio contra Etchecolatz.
de Investigaciones de la Bonaerense cuando denunció que Etchecolatz tenía un arma en casa. Lo sabía bien porque con esa Browning había amenazado de muerte a su padre, Juan Ramos Padilla, cuando habían ido a embargarlo por no pagarle un juicio a Alfredo Bravo. En esa oportunidad, Ramos Padilla (hijo) se había tirado sobre el represor para arrebatarle el arma. La historia de los Ramos Padilla con el genocida es larga que solían reconocerlo cuando llamaba a la casa familiar para amenazar a Ramos Padilla (padre)–. La esposa de Etchecolatz, Gracielita, reconoció hace unos años que para su esposo no hubo otro perseguidor como Ramos Padilla (padre), aunque probablemente le guarde rencores varios a Alejo, que lo devolvió a la cárcel.
En el Juzgado Federal 1 de La Plata tramita la investigación por la desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo y querellante desaparecido en el marco de ese primer juicio contra Etchecolatz, aunque desde 2009 está delegada en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata. También está, como ya publicó este diario, la investigación sobre el secuestro y femicidio de Johana Ramallo, cuyos restos aparecieron en 2018 y se entiende que fue víctima de una red de trata.
En cuanto se instale, Ramos Padilla deberá continuar con la investigación sobre los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones de 2017. La presencia de Ramos Padilla será clave en el año electoral en el juzgado que, nada más y nada menos, que supervisa las elecciones en toda la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. @
Hay grandes sorpresas en la inscripción para el concurso que se abrió para cubrir las vacantes de los lugares que ocupan ahora en la Sala I de la Cámara Federal los jueces trasladados a dedo por el macrismo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes la Corte Suprema autorizó a quedarse allí solo hasta que termine el nuevo proceso de selección. Por empezar, pese a que ambos anunciaron que rendirían el examen, sólo se anotó Bertuzzi. Bruglia desistió y una vez que haya nuevas designaciones deberá volver al Tribunal Oral Federal 4, su cargo de origen.
Entre el resto de los aspirantes hay jueces federales de Comodoro Py y de otras jurisdicciones, jueces del fuero penal económico, secretarios/as de cámara y fiscales/as federales. Son 137 inscriptos, de ellos 28 son mujeres. No hay ninguna por ahora en la Cámara, tribunal clave que marcó el rumbo de las causas contra ex funcionarios y las prisiones preventivas. El examen es el 26 de febrero.
El concurso 461 para dos vacantes en la Sala I se abrió después del per saltum de la Corte Suprema que estableció que los traslados de jueces/zas de un cargo a otro no son definitivos y que si alguien quiere permanecer en ese puesto tendrá que rendir examen en el Consejo de la Magistratura, ser propuesto/a por el Poder Ejecutivo y conseguir acuerdo del Senado, que es el mecanismo de designación que establece la Constitución.
El tribunal se pronunció ante un pedido de Bruglia y Bertuzzi, que consideraban que el lugar al que habían sido trasladados les pertenecía. Durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo uso de los traslados para nombrar a dedo a jueces y juezas considerados afines y en casos que les interesaba controlar. Eso no sólo ocurrió en la Cámara Federal. La Corte, por ejemplo, todavía no se pronunció sobre el traslado del juez Germán Castelli, que pasó de un tribunal oral federal de San Martín o otro en Comodoro Py, que tiene –por ejemplo– la causa de los cuadernos. El Consejo detectó 38 casos de jueces y juezas trasladados y denunció que 10 de ellos eran irregulares.
La lista de quienes se anotaron con la aspiración de integrar la Cámara Federal está llena de nombres conocidos. Jueces de Comodoro Py: Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini, todos ellos han instruido y tienen aún causas conocidas contra funcionarios tanto del macrismo como del kirchnerismo. Hay una jueza de tribunal oral, María Gabriela López Iñíguez, que ahora interviene en juicios que están en el centro de atención, como el de lavado contra Lázaro Báez y otro que no comenzó, como el del Me