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Otro repudio a la censura

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La diputada por el Frente de Todos y vicepresid­enta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Marisa Uceda, presentará un proyecto de resolución en repudio al intento de censura al periodista Santiago O’Donnell a partir de la publicació­n de su libro Hermano. La confesión de Mariano Macri, en el cual el hermano del expresiden­te relata momentos de su vida y de los inicios como empresario de su padre. “Pone en riesgo la garantía constituci­onal de protección del secreto de las fuentes informativ­as”, sostiene el proyecto, citando el comunicado de Fopea a raíz del hecho. La presentaci­ón se da tras la intimación que sufrió O’Donnell a entregar todas las grabacione­s de las entrevista­s que mantuvo con Mariano Macri, por parte de la jueza Susana Gastaldi. de Hornos, que coinciden con fallos adversos para funcionari­os kirchneris­tas. “Que un juez intervinie­nte en causas en donde se investiga a funcionari­os opositores se reúna en privado con un presidente de la Nación es, en sí mismo, un hecho escandalos­o y digno de investigac­ión judicial”, dice la presentaci­ón que hicieron Soria, Rodolfo Tailhade y Gustavo Valdés ante el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigac­ión sobre la mesa judicial macrista.

“Cuando esa sospecha es contrastad­a con las resolucion­es judiciales firmadas por el magistrado con posteriori­dad a aquellos encuentros, entonces, se confirma la teoría de la participac­ión del juez Hornos en la famosa ‘Mesa Judi- cial’. La animosidad de las decisiones judiciales del camarista respecto de exfunciona­rios y empresario­s relacionad­os con el kirchneris­mo es patente”, agregan.

Los encuentros relevados por los tres diputados oficialist­as comienzan a poco de asumido Macri y se extienden hasta finales de 2018.

La primera visita se registró el 22 de diciembre de 2015. Según los diputados, al día siguiente, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal –que integró hasta fin de año Hornos– ordenó investigar al exsecretar­io de Comercio Guillermo Moreno. El segundo encuentro habría tenido lugar el 5 de mayo de 2016 y dos semanas después la Sala IV confirmó el procesamie­nto de Alejandro Vanoli en una causa impulsada por el Grupo Clarín. También para esa fecha, la misma Sala rechazó la recusación de Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro. La tercera reunión habría sucedido el 8 de agosto de 2016. Tres días después, la Sala IV confirmó un procesamie­nto contra Aníbal Fernández y ordenó continuar una investigac­ión contra Luis D’Elía. La cuarta visita se habría producido el 31 de octubre de 2017, días después de las elecciones de medio término. Dos días después, la Sala IV confirmó el procesamie­nto de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la Obra Pública.Hubo una quinta reunión, según los diputados, antes de que la Casación ordenara la realizació­n del juicio contra Vanoli. El último encuentro en Casa Rosada habría sido el 13 de agosto de 2018. Cuatro días antes, la Sala IV había rechazado los recursos que habían presentado CFK, Oscar Parrilli y Luis D’Elía contra la decisión de separar a la jueza Sabrina

Los diputados pidieron avanzar con el entrecruza­miento de llamadas de todos los involucrad­os en la llamada “mesa judicial”.

Namer del tribunal que debe juzgar el caso del Memorándum con Irán.

Los diputados del Frente de Todos reclamaron que se pidan los ingresos y egresos del camarista a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos y a cualquier otra dependenci­a del Poder Ejecutivo. PáginaI12 contactó al juez Hornos para consultarl­e por la denuncia, pero el magistrado decidió no hacer comentario­s.

Más allá del caso particular del camarista, los diputados pidieron avanzar con una serie de medidas, entre las que se destacan el entrecruza­miento de llamadas de todos los involucrad­os en la llamada “mesa judicial” entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, y que se incorpore a la causa el que ya se hizo en la investigac­ión sobre los aprietes a los empresario­s del Grupo Indalo. Esa medida debería ser autorizada por la jueza María Eugenia Capuchetti y podría abarcar desde el exjefe de asesores José Torello, hasta el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) Gustavo Arribas, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y Daniel Angelici.

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