COMODORO PRO
Carlos Beraldi, abogado de CFK, anticipó que pedirán la intervención de la Corte para que siga siendo investigada por “jueces imparciales”. Stornelli puede ser el fiscal.
El lawfare a pleno. La Cámara de Casación llevó la causa que investiga el espionaje macrista a Comodoro Py, el centro de las operaciones judiciales contra el peronismo. Le quedaría nada menos que al fiscal Stornelli, uno de los procesados por espionaje. CFK se presentó ante la Corte para evitarlo
“Se puede suponer que existe la idea de alterar la investigación y perjudicar el esclarecimiento de estos hechos”. Beraldi
Comodoro Py se apronta a fagocitar la investigación sobre el espionaje que tramita en Lomas de Zamora y que desnudó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo. La Cámara de Casación Federal –con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo– dispuso que las dos causas que están actualmente en manos del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pasen a los tribunales de Retiro, como reclamaban dos de los hombres más cercanos a Mauricio Macri: su amigo a quien puso al frente de la AFI, Gustavo Arribas, y su secretario privado, Darío Nieto. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, víctima de la vigilancia macrista, le anticipó a Augé que llevará el tema hasta la Corte y le pidió a la fiscalía que adhiera al pedido para evitar que el expediente viaje hacia Comodoro Py, donde la causa tiene altas chances de caer en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y –créase o no– del fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje. Es por eso que Carlos Beraldi, abogado de CFK, aseguró a PáginaI12 que “lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales”.
Era una crónica de un final anunciado, pero aun restaba que la Sala IV de la Casación escribiera su capítulo. En el mediodía del viernes, se conoció que Borinsky y Carbajo se inclinaron por sacarle la causa a Lomas y llevarla a Comodoro Py, uno de los centros principales de la aplicación del lawfare. El argumento central es que la mayoría de los hechos sucedieron o fueron ordenados desde la Ciudad de Buenos Aires con algunas “ramificaciones” en provincia de Buenos Aires. “Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora”, se atajaron Borinsky y Carbajo en el voto de la mayoría.
Sin embargo, la camarista Angela Ledesma remarcó que la decisión implicará inevitablemente torcer el cauce de la investigación que lleva casi un año e insistió en que debería continuar en manos de Augé y los fiscales. “Un desplazamiento a esta altura podría neutralizar tales avances –les respondió Ledesma– o, al menos, suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso o analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal”.
El dardo de Ledesma estaba directamente dirigido al fiscal de la Casación Raúl Pleé, a quien muchos señalan como quien gestó la jugada para sacarle la investigación a Lomas. Pleé reclamó traer la causa a Retiro, contrariando lo que opinaban tanto Incardona y Eyherabide, así como el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias. “¿Respecto de cuántas posiciones fiscales deberán los imputados tener que defenderse?”, marcó con agudeza la jueza, que también dejó asentado que su Sala no debió había haber intervenido, sino la Sala I –como decía la jueza Ana Figueroa– corrida de un plumazo en el contexto de una recusación de Arribas.
No todo está dicho
La Casación estaba interesada en ejecutar rápido su sentencia. Un rato después del fallo, ya había llegado a la fiscalía y al juzgado de Lomas el pedido de remitir la causa. Sin embargo, se presentó Carlos Beraldi, en representación de CFK, y le advirtió al juez Augé que la decisión no está firme porque la vicepresidenta la recurrirá ante la Corte Suprema. CFK sostuvo que era un “pronunciamiento arbitrario, que genera una situación de gravedad inédita en tiempos democráticos”, dice el escrito.
“Lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales”, explicó Beraldi a este diario. “La decisión de Casación hace suponer que existe una idea de alterar el curso de desarrollo que tiene esta investigación y que va a perjudicar el esclarecimiento de hechos de una gravedad que no hay antecedentes en los años de democracia”, subrayó el abogado de CFK, que actúa como querellante en la causa.
Al cierre de esta edición, Augé ya le había girado la causa en digital a la Cámara Federal porteña, aunque toda la causa en papel con los efectos sigue en la fiscalía de Lomas. Es también una certeza que otros querellantes se presentarán para pedirle lo mismo que
Beraldi. El tiempo corre para Augé, ya que a fin de mes se le termina la subrogancia en el juzgado de Lomas y la Cámara Federal de La Plata debe definir quién lo reemplazará.
En Lomas tramitan dos causas por espionaje: la de la vigilancia sobre CFK en el Instituto Patria y la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Por el Instituto Patria están procesados Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste. Por la causa principal, Augé aun no había resuelto el pedido de 38 procesamientos que hicieron Incardona y Eyherabide en diciembre y que incluían a los jefes de la AFI, del SPF, a los directores de Jurídicos de la ex SIDE y a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo. En el juzgado le estaban dando los retoques finales a la resolución justo antes de que la Casación ordenara remitir la causa.
Pese a que la Casación no definió dónde caerá la causa, todo indica que iría al juzgado de Capuchetti y a la fiscalía de Stornelli, que venía reclamando hacerse cargo de la investigación a la que había llamado una “bola de moco”. Sin embargo, no es una decisión cerrada. Es probable que a Carlos Stornelli lo recusen alguno de los más de 40 querellantes por su procesamiento por integrar la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio. También es cierto que Capuchetti no mostró gran interés por hacerse con la causa en el pasado. En Py y sus alrededores apuntan hacia el juez Luis Rodríguez, aunque en la carrera también podrían anotarse otros magistrados como Ariel Lijo o Sebastián Ramos.
A pedir de Macri
Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas
Todo indica que la causa iría al juzgado de Capuchetti y a la fiscalía de Stornelli, que la reclamaba y que la llama una “bola de moco”.
del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
La resolución de la Casación tuvo lugar en el marco de una fuerte tensión entre sectores del oficialismo y el máximo tribunal penal. El jueves, un grupo de diputados encabezado por Martín Soria denunció al presidente de la Casación, Gustavo Hornos, por haber mantenido supuestamente seis reuniones en Casa Rosada con el propio Macri. También Soria apuntó hacia Borinsky por lo mismo, mientras se multiplican las quejas hacia Eduardo Riggi por haber secuestrado la causa sobre los aprietes al Grupo Indalo, en la que están los entrecruzamientos de llamadas entre los integrantes de la mesa judicial.
Es un escenario todavía abierto, pero sin grandes perspectivas de justicia, y que incluso siembra dudas sobre el futuro de las causas de Dolores, porque, en ese caso también, la Casación podría justificar el arrebato diciendo que la AFI atiende y ordena desde la Ciudad de Buenos Aires.