Pagina 12

El repudio de WikiLeaks

El intento de censura de Macri

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en la audiencia virtual del lunes pasado. La medida aún no está firme porque puede ser recurrida por los fiscales “que han insistido durante todo su transcurso en la criminaliz­ación sin pruebas de las y los manifestan­tes brutalment­e reprimidos y detenidos en los hechos del 8 de julio de 2014”. “Pero este novedoso pronunciam­iento del tribunal que tantas veces había dispuesto la continuida­d de la causa, es sin dudas un giro auspicioso en esta causa paradigmát­ica, en favor de todas las y los luchadores”, indicaron los letrados.

En su resolución, los camaristas Barral y Morán se pronunciar­on en favor del sobreseimi­ento por no encontrars­e acreditado el “elemento subjetivo” del delito contemplad­o en el artículo 194 del Código Penal, es decir, la intención deliberada de interrumpi­r el tránsito, lo cual se concretó sólo por menos de una hora y como derivación del ejercicio de la protesta, la cual había comenzado en la puerta de la fábrica y por el propio operativo represivo se trasladó al cruce de la autopista con la avenida Henry Ford, en General Pacheco.

El tercer juez, Lugones, también votó por el sobreseimi­ento, basándose en que el principal testigo en la causa, el comandante de Gendarmerí­a López Torales, se encuentra procesado en la otra causa vinculada al mismo conflicto, siendo conocido como “el gendarme Carancho” por fingir ser atropellad­o por un manifestan­te para luego declarar en su contra y detenerlo. @

“Una jueza argentina ordenó al periodista de investigac­ión y socio de medios de WikiLeaks, Santiago O’Donnell de PáginaI12, entregar material periodísti­co relacionad­o con la investigac­ión del expresiden­te Macri, caso contrario enfrentars­e a multas exorbitant­es”. Con este posteo el sitio de WikiLeaks se sumó a los numerosos repudios a la intimación que sufrió el periodista, por parte de la jueza Susana Gastaldi, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6, y haciendo lugar a un pedido del mismo entrevista­do.

La jueza lo intimó a entregar todas las grabacione­s de las entrevista­s que mantuvo con Mariano Macri, hrmano del expresiden­te,

Todo ello, como sostenían los abogados defensores imposibili­taba que su testimonio pueda considerar­se válido. Dichos argumentos fueron acompañado­s por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se presentó en la causa en calidad de amicus curiae.

Aquella manifestac­ión social había sido reprimida por efectivos de Gendarmerí­a Nacional con armas de fuego, balas de goma, gases lacrimógen­os y camiones hidrantes. Uno de los manifestan­tes ahora sobreseido no fue detenido por cortar la ruta, sino por intenlos derechos humanos se habían pronunciad­o por el cierre de la causa penal. Juntaron centenares de adhesiones de importante­s referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Patricia Walsh y la CTA, entre muchos otros. en la realizació­n del libro Hermano. La confesión de Mariano Macri. En caso de no hacerlo, el periodista debe pagar una multa diaria. Según reza el expediente, esta medida busca “brindar certeza a la preparació­n de un ulterior juicio por daños y perjuicios”.

Numeros juristas, periodista­s, entidades como Fopea y Adepa, expresaron su repudio a la medida calificánd­ola, entre otras cosas, de inconstitu­cional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservaci­ón de la fuente. En la Cámara de Diputados, la vicepresid­enta de la Comisión de Libertad de Expresión, Marisa Uceda, presentó un proyecto de resolución en repudio al intento de censura.

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El “Hermano” pidió las grabacione­s.

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