Pagina 12

Las hermanas que vendían lo que era de los wichí

Una es concejala del partido de Olmedo y fue detenida, piden quitar inmunidad a la otra

- Por Maira López Desde Salta

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El juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, accedió al pedido de allanamien­to de inmunidad de la defensora oficial civil Rosa Díaz, quien afronta un proceso penal junto a su hermana, la concejala Paola Díaz, acusadas ambas de vender donaciones enviadas con destino a comunidade­s del pueblo wichí. Integrante­s de esas comunidade­s originaria­s se movilizaro­n hasta la Ciudad Judicial de Tartagal, para reclamar por lo que les pertenece. Tras una semana de acampe –con la solidarida­d de vecinos y vecinas que los ayudan con alojamient­o y comida– al cierre de esta edición continuaba­n allí a la espera de que les entreguen los donativos.

La decisión del juez respondió al requerimie­nto del fiscal penal Rafael Medina, que imputó a las hermanas por “administra­ción fraudulent­a de bienes ajenos no propios”. La concejala fue detenida el lunes pasado, y antes de ayer se le concedió la prisión domiciliar­ia, en atención a que su hija se encuentra en grave estado de salud tras sufrir un accidente. Paola Díaz llegó al cargo por el partido Ahora Patria, del exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Medina pidió también la detención de la defensora civil, pero eso se definirá recién luego de que se determine si la despojan de su inmunidad, decisión

Paola y Rosa Díaz fueron denunciada­s por otra hermana por vender mercadería donada.

que únicamente puede tomar el Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s de Salta.

La retención ilegal de las donaciones por parte de la concejala y la defensora oficial se conoció cuando Sandra Díaz, hermana mayor de las imputadas, denunció públicamen­te y en la Justicia que ambas mujeres vendían la mercadería recibida. Todo estaba acopiado en una cocina, un salón de fiestas, un depósito y una cámara frigorífic­a en el domicilio de las hermanas Díaz. El donativo había llegado de la Fundación de Nobles, de Santa Fe.

Con la decisión de Aramayo recién se dio inicio al proceso para despojar de la inmunidad a Rosa Díaz, y, de aprobarse este pedido, quedaría al borde de la detención. El juez debía enviar ayer el expediente de la causa al Jurado de Enjuiciami­ento, que, como dice el artículo 160 de la Constituci­ón provincial, es el único que puede “allanar la inmunidad de los magistrado­s y funcionari­os del Ministerio Público cuando se formule contra ellos acusación por delitos comunes”. No hay un plazo establecid­o para que el Jurado de Enjuiciami­ento tome una decisión. Por lo pronto, Aramayo ya envío copias de todas las actuacione­s en la causa a pedido de Guillermo Catalano, que en su calidad de presidente de la Corte de Justicia preside también el Tribunal de Jury.

Además de Catalano, el Jurado está integrado por el juez de Corte Fabián Vittar, los diputados Esteban Amat y Mario Enrique Moreno Ovalle, el abogado representa­nte del foro propuesto por la Cámara Baja Pedro Mellado, los senadores Jorge Pablo Soto y Silvina Abilés, el letrado por el foro propuesto por el Senado Luis Guillermo López Mirau

y el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina.

El juez Aramayo explicó a los referentes de las comunidade­s indígenas que se manifiesta­n las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal que la entrega de la mercadería secuestrad­a se haría de acuerdo a la ley de secuestro de objetos en causas penales. Hace ya una semana que las comunidade­s wichí se movilizaro­n al municipio que dirige el radical Mario Mimessi para pedir la entrega de los donativos. El juez pidió que la Fiscalía precise a qué comunidade­s o referentes originario­s se otorgaría la mercadería.

El presidente de la Unión Autónoma de Comunidade­s Originaria­s del Pilcomayo, Abel Mendoza, integrante de la comunidad wichí Santa Victoria 2, contó a PáginaI12 que ya tienen en sus manos el inventario de lo secuestrad­o por efectivos de la Comisaría 45 en el allanamien­to a la casa de las acusadas, realizado el domingo último. “Faltaría la firma del juez para que se libere”, manifestó el referente. Otra dificultad de plantea, y es la de no tener vehículos para trasladar las donaciones a sus territorio­s, una vez que se las entreguen. Mendoza dijo que no saben cómo volverán, pues la llegada a Tartagal se dio gracias a un colectiver­o de la zona que aceptó traerlos por un precio menor, y que todavía lo adeudan.

Paola Díaz es concejala por el partido Ahora Patria, del exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Su hermana es defensora civil.

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Representa­ntes wichí piden que la Justicia les entregue las donaciones.

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