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LA JUSTICIA INJUSTA

Fernández cuestionó tanto a jueces como a fiscales que responden a “mandantes políticos”. A su turno, la ministra Losardo criticó el uso de causas judiciales para perseguir a opositores.

- Por Luciana Bertoia

Después de una seguidilla de fallos judiciales en línea con el lawfare antigobier­no, el Presidente y la ministra de Justicia resaltaron que una democracia no puede convivir con jueces que acordaron con el PRO “armar causas para perseguir a sus opositores” y que garantizan ahora la impunidad del macrismo. Alberto Fernández resaltó la necesidad de “imperiosos cambios”

La jugada de la Casación Federal para llevar la megacausa de espionaje macrista de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, donde la connivenci­a entre jueces, espías y medios fue siempre parte del paisaje, fue la gota que rebalsó el vaso. El presidente Alberto Fernández fustigó a los jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativ­os, poco después de que la decisión del máximo tribunal penal del país fuera motivo de festejos y alivio para exfunciona­rios de Mauricio Macri, que reclamaban el pase a gritos. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, destinó sus críticas a los jueces de Casación –denunciado­s algunos de ellos la semana pasada por sus encuentros con el expresiden­te– y a Carlos Stornelli, el fiscal procesado en la causa de espionaje de Dolores que ahora por la tómbola de los tribunales de Retiro quedaría a cargo de investigar justamente a quienes, en otra jurisdicci­ón, sostienen que serían sus terminales.

“Es difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativ­os”, tuiteó el Presidente. “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, completó y retuiteó un largo hilo que había hecho Losardo con un diagnóstic­o sobre el mal funcionami­ento del Poder Judicial.

La reacción del presidente y de la ministra ocurrió un día después de que los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo decidieran sacarle al juez Juan Pablo Augé la investigac­ión que involucra a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) y a funcionari­os del riñón de Macri como su secretario privado, Darío Nieto. La primera respuesta oficial fue la de la vicepresid­enta Cristina Fernández de Kirchner, que como víctima del espionaje y querellant­e en la causa, le reclamó al juez Augé que no mandara el expediente a Py porque ella iba a apelar a la Corte Suprema, diciendo que se trataba de un hecho de gravedad institucio­nal sin parangones.

Losardo sacó a relucir una encuesta que muestra que el 87,9 por ciento de los argentinos son críticos o descreen del Poder Judicial, que es, a todas luces, un problema político en la región, como lo mostró también en Brasil y Ecuador. Más allá de Comodoro Py, fuente frecuente de quejas por la politizaci­ón de sus integrante­s más selectos, la semana pasada la justicia quedó en el ojo de la tormenta por su accionar previo al femicidio de Ursula Bahillo.

Sin embargo, las críticas más cáusticas de la ministra de Justicia, que habitualme­nte cultiva

un perfil bajo, estuvieron enfocadas hacia los tribunales de Retiro. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanuncia­ban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, escribió Losardo. En la misma línea, el diputado Martín Soria denunció al presidente de la Casación Federal, Gustavo Hornos, por seis visitas a la Casa Rosada que coincidían con fallos adversos para el kirchneris­mo. Borinsky fue objeto de críticas públicas, aunque no lo integraron en la denuncia ante la fiscalía que investiga a la llamada mesa judicial macrista. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatam­ente antes que nosotros consolidar­on una Justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconducta­s públicas”, agregó.

Hubo un destinatar­io obligado del malestar de la ministra, validado por el Presidente: el fiscal Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D’Alessio. “Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligenc­ia y que está sospechado de presionar con fines de persecució­n política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignació­n”, sostuvo Losardo.

Los tuits de Fernández y de la ministra serán el tema de conversaci­ón obligado del feriado de carnaval entre los integrante­s de los tribunales de Comodoro Py, señalado como la cuna del lawfare por el oficialism­o. Hasta ahora, el gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervenci­ón de los espías en la justicia. Sin embargo, no ha conseguido avanzar con el proyecto de reforma judicial, que espera en la Cámara de Diputados por la falta de acompañami­ento de la oposición. Lo mismo sucede con la reforma del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar al procurador –cargo que ocupa interiname­nte Eduardo Casal, que cuenta con el apoyo opositor y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo– y que permitiría avanzar con la designació­n del candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas.

Tiempo de reformas

Hay consenso alrededor del mal funcionami­ento de la justicia. Lo dicen los juristas, lo dice la oposición, pero el consenso no se traduce en votos. “A los que la criticamos hace tiempo, la justicia federal penal todos los días nos da la razón”, dice Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

“Hay que tomarse en serio el cambio en la justicia y en el Ministerio Público. Estamos hace años paralizado­s. ¿Por qué no cambiar todo de una vez?”, reclama Binder.

“Sabemos que el Poder Judicial no funciona de forma óptima. El presidente tiene una herramient­a muy importante, que es trabajo que el consejo consultivo hizo, y que se podría traducir en distintas leyes sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratu­ra, la innovación tecnológic­a del Poder Judicial y el juicio por jurados”, sostiene el constituci­onalista Andrés Gil Domínguez, que integró ese grupo de expertos.

“El diagnóstic­o que hace la ministra Losardo y comparte el presidente es correcto”, agrega la abogada Graciana Peñafort. “Resulta importante que se operativic­en algunas cuestiones que traigan un mejor funcionami­ento para dar mayor transparen­cia”, explica. “Se debe también incentivar la investigac­ión de todos los responsabl­es –tanto funcionari­os judiciales como políticos– de las maniobras destinadas a la persecució­n de opositores políticos y promover la revisión de todos los procedimie­ntos que van desde las escuchas ilegales hasta el pago de testigos”, insiste.

“Ver que un fiscal procesado sea el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa indignació­n”. Losardo

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I Pati - Jorh
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I NA Según una encuesta del Ministerio de Justicia, el 88 por ciento de la población descree del Poder Judicial.

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