Necesidad de diálogo
Frente al escenario de pandemia, que impacta de forma negativa sobre la economía local, el gobierno nacional enfrenta grandes desafíos para la reconstrucción del mercado de empleo, la recomposición salarial y atenuar los efectos inflacionarios para el año que se inicia. De esa manera, se presenta la necesidad de un diseño macroeconómico que recomponga las principales variables, pero que al mismo tiempo adquiera una orientación que posibilite la reactivación del mercado doméstico.
En ese sentido, el Estado nacional tiene como propósito llevar adelante una política de acuerdo de precios y salarios, con el objetivo de aminorar y regular la puja distributiva entre los actores del capital y el trabajo. A lo largo de la historia argentina existen antecedentes en esta materia, como el Plan de Estabilización de 1952 y el Pacto Social de 1973, los cuales tuvieron como meta principal recomponer el salario real y atenuar el ritmo inflacionario. Ambos planes no tuvieron la misma suerte, el Plan de Estabilización fue un éxito en recomponer el poder adquisitivo del salario, mientras que el Pacto Social sufrió los impactos del incremento de los precios internacionales –principalmente por el alza del precio del petróleo– sumado la muerte de Perón y el posterior Rodrigazo.
Debe destacarse que las negociaciones tripartitas –Estado, empresarios y trabajadores– se enmarcan en las prácticas del diálogo social, propias de una sociedad democrática, en donde los diversos actores sociales, mediante concertación, buscan saldar y negociar sus intereses procurando el bienestar general de la población. Asimismo, debemos considerar que la Argentina posee una larga tradición en materia de negociación colectiva, y que cuenta con actores sociales con fortaleza, que posibilitan un terreno fértil para encarar esta nueva etapa con la finalidad de arbitrar y encauzar la puja distributiva.
Estas ideas descartan los análisis monocausales de los fenómenos inflacionarios asociados al pensamiento ortodoxo, que describen sus orígenes haciendo excesivo hincapié en los postulados monetaristas basados en las teorías cuantitativas del dinero. Por el contrario, en nuestra perspectiva, la inflación es un fenómeno de carácter social en donde los actores colectivos tienen protagonismo y se vinculan estrechamente con el desarrollo de la política económica. No se trata de regular la inflación en el marco de perfeccionamientos técnicos y econométricos sino en el de una cuestión política, en donde coexisten las correlaciones de fuerza y la consecuente puja por la captación del excedente económico.
Las instancias de diálogo tripartito deben ser jerarquizadas como herramientas necesarias para orientar las expectativas y articular políticas con el objetivo de reactivar la actividad económica, contener la inercia inflacionaria y recuperar el salario real, principal sostén del crecimiento. Un principio de acuerdo de precios y salarios es el comienzo de un arreglo macroeconómico más general, que combina su perduración en el tiempo con los requerimientos de ajustes a lo largo del año.
De esa manera, surge la necesidad de constituir un organismo de carácter permanente, de seguimiento, que pueda abordar las heterogeneidades de cada de una de las actividades. En el transcurso de 2021, el Consejo Económico y Social aparece entonces como la necesidad de desarrollar con mayor intensidad el diálogo social y tripartito, una herramienta que posibilita la capacidad de orientar y articular la política económica entre los diversos actores. Fomentando el diálogo tripartito cuando las correlaciones de fuerza son desfavorables para los trabajadores, en función del desempleo creciente, el Estado tiene la posibilidad de nivelar el poder relativo de los actores en la mesa de negociación.