La conducción del INTA, en disputa
La Mesa de Enlace copó el espacio que es para la agricultura familiar
Una dura polémica se planteó en las últimas semanas en torno a la representación del sector de la producción en el Consejo Directivo del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). La ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Nº 27.118, dispone que la agricultura familiar y los pequeños productores sean incluídos como miembros plenos de dicho organismo de conducción del instituto. Pero desde hace años, esos cargos, cinco en total, fueron copados por las cuatro entidades que pertenecen a la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria) más Aacrea, organización profesional no gubernamental que los movimientos agrarios consideran alineada con las anteriores.
La Fonaf (Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar), que históricamente viene trabajando con el INTA en los diferentes proyectos de aliento al trabajo de las pequeñas unidades agropecuarias, planteó oportunamente la inconstitucionalidad de un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín (el 287 del año 1986) que le reconoció “una super representación a un solo actor de la producción agropecuaria”.
Según señala dicha presentación judiucial, “son 10 los escaños que conforman el Consejo del INTA, de ellos, Aacrea, FAA, Coninagro, CRA y SRA ocupan una silla cada uno, sumando 5 en total, a pesar que representan simultánea y superpuestamente a la agricultura de la exportación y los agronegocios. Los otros 5 lugares los completan las universidades, el ministerio de agricultura y el Poder Ejecutivo. Entonces, la Mesa de Enlace ocupa el 50 por ciento de la conducción del INTA y puede vetar las políticas que quiera”, advierten.
Ultimamente, diversos pronunciamientos de sectores de la pequeña agricultura y técnicos del INTA se pronunciaron en favor del reconocimiento del derecho a la representación de la agricultura familiar en el organismo de conducción. Como respuesta, en las últimas semanas un conjunto de sociedades rurales de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, les respondió descalificando esa pretensión, acusando a quienes la sostenían de pretender “politizar” el INTA transformándolo en una “trinchera partidaria”.
El documento que firmaban las Sociedades Rurales de San Pedro, Pergamino, Baradero, Rojas,
Arrecifes, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez y Capitán Sarmiento advertía, en tono alarmado, que los reclamantes aspiraban, “entre otros puntos, a recrear la Junta
Nacional de Granos para que el Estado controle el comercio exterior, control popular de precios a todos los niveles y terminar con las exportaciones no declaradas de commodities”. O sea, terminar con el contrabando.
Esta manifestación provocó la reacción de los técnicos y personal del INTA, que a través de otro comunicado asumen su postura política (Frente de TodosINTA), y advierten que quienes han “politizado” el INTA son justamente los miembros de la Mesa de Enlace usurpando los espacios que le corresponden a la agricultura familiar.
“El desmesurado comunicado de ribetes violentos firmado por las ocho sociedades rurales bajo el título La peligrosa trinchera partidaria en acción dentro del INTA, adolece de todo aquello de lo que acusa a otros: fundamentalismo”, sostiene el grupo de profesionales del INTA.
“Tal comunicado deja ver primitivismo y un preocupante desconocimiento de la Historia y el origen de la Junta Nacional de Granos, cuyo objetivo era defender a los productores agropecuarios ante las maniobras de dumping internacional; que la intervención de Vicentin intentó remediar el desfalco operado por esa firma que afectó principalmente a los productores agropecuarios.
Finalmente, reclama el cumplimiento de la obligación de garantizar la representación de los pequeños productores en la conducción del INTA, espacio “copado por las entidades que militan en la Mesa de Enlace, de alta politización y enconadas posturas contra cualquier cambio en cómo se distribuye la renta agropecuaria, apropiada en su mayoría por los exportadoras transnacionales, no por los productores del campo”.
Duro cruce entre los ruralistas y las organizaciones y profesionales que reclaman los cargos que corresponden a los pequeños productores.