Los datos de la Rosada
2017, cuando cambió la ley.
La Anses pasó a pagar las jubilaciones de 5000 miembros del Poder Judicial y Ministerio Público (fiscal y de la defensa). En ese contexto para organizar el sistema firmó algunas disposiciones, entre ellas la de exigir que quien quiera iniciar el trámite para jubilarse primero tiene que renunciar. La resolución, con fecha 8 de febrero, dice: “Las presentaciones en demanda de un beneficio formuladas por los Magistrados y Funcionarios que ejercieran los cargos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24-018 y sus modificacatorias podrán iniciarse una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación (...) Al momento de presentar el cese definitivo en las tareas, se procederá a determinar el derecho a la presentación y la liquidación y otorgamiento del beneficio (...) En los trámites que se hubiera iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”.
Frente a las interpretaciones que consideran la decisión de la Anses como un “apriete” sobre la
E(mal llamada) justicia, en el organismo recuerdan las 220 personas intimadas iniciaron el trámite por decisión propia y lo que se está haciendo es implementar la reglamentación de la nueva ley. Comparan: los jubilados/as de a pie, no inician el trámite con antelación sino solo en el momento que deciden jubilarse. l fiscal Franco Picardi federal solicitó a Jefatura de Gabinete los registros de ingreso y egreso de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante 2018. El pedido es para que se incorporen en la causa que investiga supuestas presiones de la llamada mesa judicial del gobierno de Macri a miembros del Poder Judicial.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de legisladores del Frente de Todos. Ahora la fiscalía busca reconstruir los movimientos de los imputados –vinculados formal e informalmente al Gobierno
La lista de los 220 nombres que recibirán la carta documento (que habían completado la mayor parte del trámite para jubilarse menos el cese) abarca a una jueza de la Corte, Highton de Nolasco, que se quedó en el tribunal con un amparo después de cumplir 75 años, justo antes de que sus colegas supremas dijeron en un fallo
de Macri– en los momentos en los que se habrían ejercido las presiones denunciadas por jueces de distintos fueros.
Los registros de ingresos y egresos permitirían establecer quiénes entraban a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial y con las personas que se reunían, información que podría permitir recabar elementos vinculados a la hipótesis criminal. Entre los imputados figuran Gustavo Arribas, Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la “mesa judicial”.
que inició también los trámites. Hay camaristas de todos los fueros, entre ellos Ricardo Recondo, camarista civil que también es consejero de la Magistratura, Gustavo Bruzzone y Héctor Magariños, de la Casación nacional, Alberto Seijas y Marcelo Lucini de la Cámara del Crimen, Jorge Morán, del fuero contencioso administrativo, están las dos camaristas del caso del concuro de acreedores del Correo Argentino, Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y la jueza de primera instancia de ese expediente, Marta Cirulli.
Las quejas bombardearon todo el miércoles al Consejo de la Magistratura y la Asociación que nuclea a magisratrados/as tuvo una primera reunión y hoy hará otra para definir, como suele hacer ante decisiones que les podrían ser desfavorables, una estrategia de judicialización, que ya habían intentado cuando salió la ley que modificó el régimen de privilegio.