Pedido para seguir con domiciliaria
La defensa de Amado Bodou amplió sus argumentos
en cuestión van desde intentar involucrar al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez hasta forzar el arrepentimiento de Pablo Barreiro para implicar a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de las fotocopias de los cuadernos. También el juez acreditó que la banda de D’Alessio revisaba los registros migratorios del actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y de su exsocio Gabriel Bouzat, pero también del hijo de Pablo Escobar Gaviria o del hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
D’Alessio fue procesado en cinco oportunidades por el juez federal de Dolores y ya está en condiciones de ser llevado a juicio oral. Ramos Padilla entiende que tuvo un rol preponderante dentro de una organización paraestatal dedicada al espionaje y a los aprietes.
En este sentido, el magistrado destacó que muchas de las víctimas del falso abogado lo tenían como agente de inteligencia, aunque no logró probarse su pertenencia a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero sí que existía una promesa de trabajo y vínculos aceitados con distintos funcionarios de la ex SIDE, así como del Ministerio de Seguridad. El juez incluso sostiene que la AFI macrista le proveyó cobertura en algunos casos en los que la banda de D’Alessio se vio comprometida en las operaciones. Ramos Padilla, por ejemplo, también detalló que solía enviar sus informes de inteligencia con los logos de la propia AFI, @
La defensa de Amado Boudou amplió ayer sus argumentos para que el exvicepresidente continúe bajo el régimen de prisión domiciliaria en el que se encuentra desde principios de 2020, por la causa Ciccone Calcográfica. En una presentación ante el juez de ejecución Ricardo Basílico, quien reemplazó a su par Daniel Obligado al concluir la feria judicial de enero, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort cuestionaron la “desconsideración total y arbitraria” por parte del último, al omitir analizar lo dictaminado por el defensor público que interviene en el proceso en representación de los hijos del exmandatario.
Obligado cedió a la presión de la prensa hegemónica y revocó la de la Embajada de los Estados Unidos o del Ministerio de Defensa de Israel.
Ramos Padilla está transitando sus últimos días en el juzgado federal prisión domiciliaria de Boudou el 30 de diciembre, horas antes del inicio de la feria. El 18 de enero, al apelar esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados cuestionaron su “errada aplicación de la normativa local e internacional de protección sustantiva de derechos” y la necesidad de garantizar los derechos de cuidado de los hijos mellizos del dirigente, de apenas tres años.
Ayer, cuando se vencía el plazo para ampliar argumentos, Rúa y Peñafort hicieron una nueva presentación en la que destacaron que en aquella resolución “directamente se desatendieron, sin considerarlas de ningún modo y con arbitrariedad, las extensas referencias de la especialidad aporde Dolores, al que llegó en septiembre de 2011. A partir del 1º de marzo estará con toda probabilidad instalado en el juzgado federal 1 de La Plata, que no sólo entiende en cuestiones penales sino que tiene competencia electoral en toda la provincia.
Antes de la mudanza, Ramos Padilla debe resolver la situación procesal de cuatro indagados por el llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en el despliegue de seis bases de la AFI en el conurbano que se sumaron a las tres históricas que tiene la ex SIDE en la provincia para hacer espionaje político. En las últimas semanas, Ramos Padilla indagó a tres exfuncionarios de la AFI que oficiaron de coordinadores entre las bases y su máximo responsable, Pablo Pinamonti. Los tres se negaron a declarar. El juez también le tomó declaración como imputado a quien fuera el máximo responsable de la base Bahía Blanca durante los primeros meses del “Proyecto AMBA”. Se espera que entre esta semana y la próxima decida si procesa a estas cuatro personas.
Ramos Padilla inició la investigación por espionaje en pleno macrismo. Entre el D’Alessiogate y el “Proyecto AMBA”, ya procesó a 28 personas. Es una causa que, sin dudas, se conecta con la que tramita en Lomas de Zamora y que el viernes pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que continúe en los tribunales de Comodoro Py. Los Súper Mario Bros, que investigan en Lomas, se nutrieron de agentes desafectados de la estructura del “Proyecto AMBA”, que investiga el juez de Dolores. La otra gran conexión es que la causa de Lomas podría quedar en manos del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de espionaje de Dolores. tadas por el Defensor Público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representación de los menores León y Simón Boudou García”. Esa intervención “resultó sólo formal e incluso fallida al tiempo de resolver, pues no se la tuvo en cuenta de modo alguno”, advirtieron, por lo que “constituye una causal de arbitrariedad” por parte de Obligado al no considerar “elementos esenciales” a la hora de resolver. En la misma línea, citaron una resolución de Mariano Borisnky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien apuntó que “el tribunal de la instancia anterior omitió dar tratamiento a cuestiones sustanciales”, en referencia al defensor público de menores.
D’Alessio participó en, al menos, medio centenar de operaciones de inteligencia, que damnificaron a 80 personas, consignó el juez.