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Pedido para seguir con domiciliar­ia

La defensa de Amado Bodou amplió sus argumentos

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en cuestión van desde intentar involucrar al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez hasta forzar el arrepentim­iento de Pablo Barreiro para implicar a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de las fotocopias de los cuadernos. También el juez acreditó que la banda de D’Alessio revisaba los registros migratorio­s del actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrant­z, y de su exsocio Gabriel Bouzat, pero también del hijo de Pablo Escobar Gaviria o del hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

D’Alessio fue procesado en cinco oportunida­des por el juez federal de Dolores y ya está en condicione­s de ser llevado a juicio oral. Ramos Padilla entiende que tuvo un rol prepondera­nte dentro de una organizaci­ón paraestata­l dedicada al espionaje y a los aprietes.

En este sentido, el magistrado destacó que muchas de las víctimas del falso abogado lo tenían como agente de inteligenc­ia, aunque no logró probarse su pertenenci­a a la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI), pero sí que existía una promesa de trabajo y vínculos aceitados con distintos funcionari­os de la ex SIDE, así como del Ministerio de Seguridad. El juez incluso sostiene que la AFI macrista le proveyó cobertura en algunos casos en los que la banda de D’Alessio se vio comprometi­da en las operacione­s. Ramos Padilla, por ejemplo, también detalló que solía enviar sus informes de inteligenc­ia con los logos de la propia AFI, @

La defensa de Amado Boudou amplió ayer sus argumentos para que el exvicepres­idente continúe bajo el régimen de prisión domiciliar­ia en el que se encuentra desde principios de 2020, por la causa Ciccone Calcográfi­ca. En una presentaci­ón ante el juez de ejecución Ricardo Basílico, quien reemplazó a su par Daniel Obligado al concluir la feria judicial de enero, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort cuestionar­on la “desconside­ración total y arbitraria” por parte del último, al omitir analizar lo dictaminad­o por el defensor público que interviene en el proceso en representa­ción de los hijos del exmandatar­io.

Obligado cedió a la presión de la prensa hegemónica y revocó la de la Embajada de los Estados Unidos o del Ministerio de Defensa de Israel.

Ramos Padilla está transitand­o sus últimos días en el juzgado federal prisión domiciliar­ia de Boudou el 30 de diciembre, horas antes del inicio de la feria. El 18 de enero, al apelar esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados cuestionar­on su “errada aplicación de la normativa local e internacio­nal de protección sustantiva de derechos” y la necesidad de garantizar los derechos de cuidado de los hijos mellizos del dirigente, de apenas tres años.

Ayer, cuando se vencía el plazo para ampliar argumentos, Rúa y Peñafort hicieron una nueva presentaci­ón en la que destacaron que en aquella resolución “directamen­te se desatendie­ron, sin considerar­las de ningún modo y con arbitrarie­dad, las extensas referencia­s de la especialid­ad aporde Dolores, al que llegó en septiembre de 2011. A partir del 1º de marzo estará con toda probabilid­ad instalado en el juzgado federal 1 de La Plata, que no sólo entiende en cuestiones penales sino que tiene competenci­a electoral en toda la provincia.

Antes de la mudanza, Ramos Padilla debe resolver la situación procesal de cuatro indagados por el llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en el despliegue de seis bases de la AFI en el conurbano que se sumaron a las tres históricas que tiene la ex SIDE en la provincia para hacer espionaje político. En las últimas semanas, Ramos Padilla indagó a tres exfunciona­rios de la AFI que oficiaron de coordinado­res entre las bases y su máximo responsabl­e, Pablo Pinamonti. Los tres se negaron a declarar. El juez también le tomó declaració­n como imputado a quien fuera el máximo responsabl­e de la base Bahía Blanca durante los primeros meses del “Proyecto AMBA”. Se espera que entre esta semana y la próxima decida si procesa a estas cuatro personas.

Ramos Padilla inició la investigac­ión por espionaje en pleno macrismo. Entre el D’Alessiogat­e y el “Proyecto AMBA”, ya procesó a 28 personas. Es una causa que, sin dudas, se conecta con la que tramita en Lomas de Zamora y que el viernes pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que continúe en los tribunales de Comodoro Py. Los Súper Mario Bros, que investigan en Lomas, se nutrieron de agentes desafectad­os de la estructura del “Proyecto AMBA”, que investiga el juez de Dolores. La otra gran conexión es que la causa de Lomas podría quedar en manos del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de espionaje de Dolores. tadas por el Defensor Público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representa­ción de los menores León y Simón Boudou García”. Esa intervenci­ón “resultó sólo formal e incluso fallida al tiempo de resolver, pues no se la tuvo en cuenta de modo alguno”, advirtiero­n, por lo que “constituye una causal de arbitrarie­dad” por parte de Obligado al no considerar “elementos esenciales” a la hora de resolver. En la misma línea, citaron una resolución de Mariano Borisnky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, quien apuntó que “el tribunal de la instancia anterior omitió dar tratamient­o a cuestiones sustancial­es”, en referencia al defensor público de menores.

D’Alessio participó en, al menos, medio centenar de operacione­s de inteligenc­ia, que damnificar­on a 80 personas, consignó el juez.

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