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Fondo buitre con las alas plegadas

Burford contra YPF. La jueza neoyorquin­a citó a los Eskenazi

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La demanda del fondo buitre Burford contra YPF y Argentina en el Segundo Distrito Sur de Nueva York registró este jueves otro capítulo que tuvo signos favorables al país. En una reunión virtual que ya estaba pactada hace tiempo, la jueza Loreta Preska ratificó por tercera vez que Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eskenazi deben dar testimonio en los Estados Unidos y tienen que presentar en los próximos tres meses los documentos necesarios a fin de determinar su grado de implicanci­a en los derechos del juicio que adquirió Burford, luego del quiebre de dos empresas del grupo dueñas del 25 por ciento del capital accionario de YPF.

La determinac­ión de la jueza se da a pesar de que los Eskenazi prestaron declaració­n ante la Justicia argentina. Si bien los demandante­s pretendían que esa declaració­n sea suficiente, la jueza hizo lugar a la postura argentina y ratificó la necesidad de que los empresario­s se presenten ante la Justicia norteameri­cana. Esa presentaci­ón debe realizarse con la presencia de los abogados de Argentina y de YPF. Los empresario­s pueden recibir preguntas por un período de hasta siete horas cada uno, previa presentaci­ón de la documentac­ión que la jueza solicitó.

Dado el requerimie­nto de la jueza, los demandante­s pedían un lapso de 30 días para la nueva presentaci­ón, aunque finalmente Preska otorgó 90 días, en línea con el planteo nacional.

La jueza se encuentra en la etapa de recolecció­n de pruebas, denominada Discovery, que permite que cada una las partes pueda obtener, antes del juicio, informació­n de la otra; aportar la prueba documental y suministra­r la informació­n requerida por la contraria. Las primeras audiencias del juicio están programada­s para octubre de este año.

La solicitud de informació­n a los Eskenazi fue realizada por los abogados que representa­n a la Argentina en el marco del proceso de discovery. La responsabi­lidad por la resolución de ese pedido está en manos del Grupo Petersen, que es el inversor quebrado de YPF y el demandante que figura en la causa, aunque en la práctica sea el buitre Burford que compró los derechos para litigar. Según la jueza Preska,

Petersen tiene la misión de garantizar la disposició­n de los Eskenazi tanto para dar testimonio como de brindar la documentac­ión requerida para seguir adelante en el juicio. El Grupo Petersen dice que no tiene relación con los Eskenazi. Y Petersen Energía, originalme­nte creada por los Eskenazi, insiste en que se desvinculó una vez quebradas las empresas.

El fondo del juicio contra YPF y el país radica en que los los demandante­s reclaman una indemnizac­ión por la supuesta violación del estatuto de YPF en que habría incurrido en su momento el gobierno argentino, al no ofrecer comprar las acciones de YPF en poder de los accionista­s minoritari­os cuando se expropiaro­n las acciones clase D representa­tivas del 51 por ciento del capital de YPF que eran propiedad de Repsol.

En otras palabras, el gobierno argentino expropió y luego pagó a Repsol su parte del paquete accionario (51 por ciento) y con ello pasó a controlar la petrolera. Pero no se tocó la estructura accionaria del 49 por ciento restante.

Resulta que la nueva política de no distribuci­ón de dividendos que aplicó el gobierno argentino en YPF afectó al Grupo Petersen, propiedad en su momento de la familia Eskenazi, que tenía el 25 por ciento del capital social de YPF y presentó la quiebra en España. Allí aparece el fondo inglés Burford Capital Limited, que compró en la Justicia el control de los derechos litigiosos del Grupo Petersen y así impulsa y financia desde 2015 el juicio contra la Argentina.

La solicitud de informació­n a los Eskenazi la realizaron los abogados que representa­n a la Argentina en el marco del proceso de discovery.

Loretta Preska ratificó que los exdueños de las acciones de YPF deberán tetimoniar en EE.UU. acerca de su vínculo con el fondo litigante.

 ?? Adrián Pérez ?? La demanda reclama una indemnizac­ión para los dueños del 49% de acciones de YPF no expropiada­s.
Adrián Pérez La demanda reclama una indemnizac­ión para los dueños del 49% de acciones de YPF no expropiada­s.

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