La prisión de un rapero divide al gobierno español
Los incidentes en las principales ciudades volvieron a sacar a la luz las diferencias entre el PSOE y Podemos, y reabrieron el debate sobre libertad de expresión.
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La entrada en prisión del rapero Pablo Rivadulla, conocido con el nombre artístico de Pablo Hasel, no sólo está provocando en estos días graves incidentes en las principales ciudades españolas donde manifestantes antisistema llevan tres días de destrozos en el mobiliario urbano y choques con la policía. También ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión y ha vuelto a poner en evidencia graves fisuras en el seno del gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Sobre el cantante, cuya fama adquirida por sus episodios judiciales rebasa ampliamente sus méritos artísticos, pesaban procesos por diferentes cuestiones, entre ellas la agresión a un periodista y las amenazas a un testigo en un juicio que implicaba a un policía. Sin embargo, la causa por la que fue enviado a prisión se inscribe en los que algunos juristas consideran delito de opinión.
En abril de 2014, Hasel fue condenado a dos años de cárcel por unas canciones en las que elogiaba a organizaciones terroristas ya disueltas –ETA, Grapo y Terra Lliure– y abogaba por que explotara el coche del dirigente socialista Patxi López, pedía el tiro en la nuca a jueces y lamentaba que un periodista secuestrado y herido en una pierna durante la transición hubiese sobrevivido al atentado.
Los jueces entendieron que esas expresiones incurrían en el delito de “enaltecimiento del terrorismo”, previsto en el Código Penal español y lo condenaron a dos años de cárcel. La ejecución de la pena fue suspendida, ya que el rapero carecía de antecedentes, aunque se le advirtió que la suspensión se levantaría si volvía a ser condenado.
Eso sucedió cuatro años después, cuando volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por el mismo delito y por otro de injurias a la Corona y a las fuerzas de seguridad. El motivo fue una serie de 60 tuits escritos entre 2014 y 2018 en los que Hasel volvía a elogiar a las organizaciones ya disueltas y arremetía contra el rey y la policía. “El ejercicio de la libertad de expresión y opinión cuenta con algunas barreras”, sostenía la sentencia.
Al acumularse a la anterior y agotarse los recursos, el rapero fue enviado a prisión. Estas sentencias se suman a otras que aún no han sido ejecutadas al no ser todavía firmes y que se refieren a la agresión a un periodista durante una rueda de prensa en la toma de la Universidad de Lleida, cuando se protestaba por el ingreso en prisión de los políticos condenados por la declaración unilateral de independencia de Cataluña, y las amenazas a un testigo en un juicio contra un policía al que se acusaba de agredir a un menor.
El ingreso en prisión de Hasel viene causando desde el pasado miércoles serios incidentes en Barcelona, Madrid, Valencia y otras ciudades españolas por manifestaciones convocadas a través de las redes sociales por organizaciones antisistema. Los detenidos se cuentan por decenas, al igual que los heridos, entre ellos una joven que ha perdido un ojo por el disparo de una bala de goma.
Los incidentes han vuelto a sacar a la luz las diferencias en el seno del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos después de que varios dirigentes de esta coalición, entre ellos el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, reclamara el indulto para Hasel y lo considerara un preso político. Estas afirmaciones del secretario general de Podemos se sumaron a otras que recientemente también levantaron polémica, como cuando comparó al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia, con los exiliados republicanos tras la Guerra Civil o cuando afirmó que la española no es una democracia plena.
Este mismo jueves, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, mostró su apoyo “a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles” y pidió la depuración de responsabilidades por la grave herida sufrida por la manifestante que perdió el ojo.
Los dirigentes de Podemos han llegado a citar un supuesto informe de la ONG Freemuse que señala que España es el país del mundo con más artistas encarcelados. Este estudio, sin embargo, no está publicado y en las referencias en la que se menciona a la ONG no se explica quiénes son los artistas ni los motivos por los que estarían en prisión.
Sin embargo, basándose en estos datos, la coalición presentó el pasado martes una proposición de ley que incluye la derogación de las figuras jurídicas de los delitos de injurias a la Corona o enaltecimiento del terrorismo. Lo hizo apenas unas horas antes de que desde el Ministerio de Justicia, encabezado por el socialista Fernando Grande-Marlaska, se anunciaran cambios en el Código Penal para evitar que se repitieran casos como los de Pablo Hasel.
Lo que fue explicado como una mera descoordinación constituyó en realidad una expresión más de las profundas diferencias entre las dos formaciones que comparten el Gobierno de España en relación al estado de las libertades en ese país.
Hay decenas de detenidos y heridos, entre ellos una joven que perdió un ojo por el disparo de una bala de goma.