Un consejo contra los “privilegios”
Duro comunicado del Comité de Etica y Derechos Humanos Covid-19
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Continúan los coletazos del escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación. A las críticas, propias y ajenas, de los últimos días, se sumó el repudio público del Comité de Etica y Derechos Humanos Covid19, un consejo asesor creado por la misma cartera de Salud el año pasado. El Comité emitió un comunicado en el que rechaza el accionar de todos aquellos que “promueven el privilegio de algunos ciudadanos sobre otros”, así como también de aquellos que “solicitan y se ven beneficiados por estos privilegios”. Junto al reclamo, los y las integrantes del consejo asesor publicaron a su vez un documento con consideraciones a la hora de diseñar una estrategia de priorización de grupos poblacionales para recibir la vacuna contra el coronavirus.
“Frente a la compleja situación que vive el país afrontando el impacto de la pandemia nos resulta inaceptable que se transgreda el plan estratégico para la vacunación contra la covid-19 que ha sido propuesto con el fin de brindar escalonada y progresivamente este beneficio a toda la población, priorizando a los grupos más vulnerables. De igual modo repudiamos la conducta de quienes solicitan y se ven beneficiadxs por estos privilegios, sabiendo que la moralidad de los actos no es solo individual”, comienza diciendo el comunicado en el que denuncia que la promoción de privilegios y prerrogativas durante la campaña de vacunación “viola los principios fundamentales de justicia, equidad e igualdad de acceso al sistema de salud”.
El Comité de Etica y Derechos Humanos Covid-19 fue creado en junio del año pasado con el objetivo de asesorar al Ministerio de Salud durante la pandemia, y está integrado por diversos especialistas como Silvia Brussino, Beatriz Firmenich, Susana La Rocca, Norberto Liwski, Andrea Macías, Ignacio Maglio, María Luisa Pfeiffer, Juan Carlos Tealdi, Pascual Valdez, Susana Vida. Junto al comunicado de repudio –en el que también destacan que el escándalo por la aplicación de vacunas de manera irregular a funcionarios y figuras públicas desde el Ministerio de Salud de la Nación no debería ser utilizado “para opacar los logros del plan estratégico de vacunación integral y equitativo que se ha implementado en la Argentina”–, los y las integrantes compartieron además una serie de recomendaciones a la hora de definir el ordenamiento de los grupos prioritarios para el acceso a las vacunas. El documento iba a ser entregado al Ministerio de Salud la semana que viene, pero el pedido de renuncia a Ginés González García adelantó la fecha de su publicación. “Toda estrategia de vacunación en un contexto de escasez de vacunas y de excepcionalidad pandémica requiere priorizar a quienes deberán vacunarse primero y explicitar los criterios sobre los que se ha realizado dicha elección considerando los principios éticos de igualdad, equidad, autonomía, beneficencia, respeto a la vulnerabilidad y justicia para determinar las condiciones de acceso a la vacuna”, estipula el documento y pasa a detallar tres ejes sobre los cuales debería regirse la estrategia de vacunación. En primer lugar, el Comité resalta la necesidad de que el plan de vacunación se inscriba dentro de “un marco ético” basado en los principios de la salud pública y los derechos humanos, y no basado en frenesí de la excepción.
En segundo lugar, el consejo asesor insiste en que los criterios sobre los cuales debe fundamentarse la campaña de vacunación tienen que estar basados en “salvar vidas y evitar hospitalizaciones que colapsen el sistema de salud en detrimento de la vida y la salud de la población”. Para esto, la “transparencia
del plan de vacunación es indispensable”, ya que la población debiera estar informada de los criterios con los cuales se prioriza algunos grupos sobre otros, así como también debe enterarse si hay un cambio en los mismos.
En tercer y último lugar, el Comité insiste en la importancia de mantener el orden de la priorización estipulado originalmente por el Ministerio de Salud de la Nación, el cual supone que primero hay que vacunar a los y las profesionales de Salud y luego a les adultes mayores de 60 años. A pesar de esta afirmación, el documento asegura que los criterios a la hora de anteponer un grupo poblacional sobre el otro pueden variar de acuerdo al tipo de riesgo que cada uno enfrenta: el riesgo por exposición y función estratégica, que abarcaría al personal de Salud y a todes les trabajadores escenciales; y el riesgo de enfermedad grave, que incluye a mayores de 60 años. En un contexto de escasez de vacunas, hay motivos para priorizar cualquiera de los dos grupos poblacionales. Y si bien el Comité de Etica y Derechos Humanos covid-19 termina resolviendo que se mantenga el orden de etapas establecido por el Ministerio de Salud, insiste en que este orden debe ser justificado de manera “transparente” a la población
“Toda estrategia de vacunación en contexto de escasez requiere priorizar a quienes deberán vacunarse primero y explicitar criterios.”
En el texto se critica a quienes saltearon las prioridades de vacunación y a los que solicitaron los beneficios en plena pandemia.
“Repudiamos la conducta de quienes solicitan y se benefician con estos privilegios”, puede leerse en el texto.
y que cualquier modificación que pudiera llevarse a cabo debería ser fundamentado “no sólo en razones epidemiológicas sino esencialmente en principios éticos”.