La vacunación privatizada
Denunciaron a Larreta y a Quirós por delegar las dosis de vacunas a sanatorios privados que privilegiaron a pacientes de prepagas
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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, ayer fueron denunciados penalmente por haber presuntamente privatizado la campaña de vacunación en la Ciudad. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, que debe esperar a que el fiscal Carlos Stornelli impulse la instrucción.
La presentación fue hecha ayer a primera hora por la abogada Natalia Salvo, quien denuncia que se habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa asignación de vacunas le da privilegios a esas instituciones y sus socios, sostiene en la presentación. “Lo que se supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deciden que las vacunas sean ‘solo para socios’”, afirma Salvo en su denuncia.
“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, explica Salvo en la denuncia.
Se acusa a los funcionarios de firmar un convenio para ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad por fuera del sistema público, otorgando privilegios a instituciones privadas y sus socios.
sumarios si se echan a perder vacunas y que, si se aplican dosis por fuera de las priodidades, “tendrá consecuencias legales”.
¿Por qué solo con siete prepagas y obras sociales? La respuesta que dieron desde el gobierno porteño fue: “El Gobierno de la Ciudad le ofreció este convenio a todas las obras sociales y privados. Hasta el momento, solo siete instituciones aplicaron y son esas las que están publicadas en la web, para un mejor acceso de sus afiliados al plan de vacunación”. Figuran los hospitales Italiano, Británico, Alemán, el Sanatorio Güemes, Osecac, Cemic y la OSBA. Los otros no habrían adherido para no tener la responsabilidad de conservar y aplicar las vacunas. Desde el Gobierno porteño aseguraron que Larreta no hizo ninguna consulta sobre el tema a Quirós, pese a que ambos fueron denunciados penalmente.
“Se está privatizando el acceso a la vacunación y, de esa forma, se está estafando a la ciudadanía y al Gobierno nacional”, sostuvo Salvo en La Mañana de AM750, lo que explica por qué también presentó
Tras la denuncia penal, desde la oposición porteña cuestionaron el sistema elegido. “Larreta benefició a las privadas con la entrega de vacunas Sputnik V. Quienes tienen prepaga tienen privilegio para acceder”, consideró la legisladora del Frente de Todos Lorena Pokoik. “Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la Ciudad. Larreta no puede privatizar la administración de la vacuna. Lo que pedimos es que haya información clara y certera sobre cómo se lleva adelante el procedimiento, que haya control y que el Estado de la Ciudad no se desentienda. Los porteños y porteñas ya pasamos por mucha incertidumbre ante la falta de planificación y de cronogramas”, advirtió la diputada del FdT Paula Penacca.
La diputada del FIT Myriam Bregman y la legisladora Alejandrina Barry presentaron un pedido la denuncia ante la justicia federal.
La denuncia de Salvo se unificó, en el juzgado de Lijo, con otra que presentó el abogado Yamil Castro Bianchi, también contra de informes para que la gestión PRO explique cómo se realiza el reparto y el control de la aplicación de la vacuna. “El escándalo de privilegios que estalló en el ámbito de la Nación ahora tiene sus repercusiones en la Ciudad, donde parece haberse privatizado el sistema de vacunación. ¿Quién controla su aplicación? ¿Y Amadeo Genta y su hijo, dirigentes del Sutecba?”, cuestionó Bregman. “La entrega vacunas para los privados privilegia a un sector de la población por sobre aquella que no tiene una cobertura de salud paga”, consideró el dirigente del PO Gabriel Solano. La legisladora Lucia Campora denunció que una de las postas de vacunación es, en verdad, “uno de los locales de la UCR”. No hubo respuesta del Gobierno porteño sobre esta última denuncia.
Rodríguez Larreta y Quirós, por la imposibilidad de obtener turnos de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Según el denunciante, el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la mayoría de las dosis entre comités partidarios, amigos y familiares del poder. Castro Bianchi cita como ejemplo el vacunatorio que funcionaría en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que correspondería a un comité de la Unión Cívica Radical (UCR).
La causa sobre la vacunación VIP del PRO avanzará si lo impulsa la fiscalía. El fiscal que este año está de turno con Lijo es Stornelli. El tema es que fiscal y denunciantes son viejos conocidos. Salvo denunció a Stornelli en Dolores por haber extorsionado junto con Marcelo Sebastián D’Alessio al productor agropecuario Pedro Etchebest, lo que dio origen en 2019 a la megainvestigación sobre espionaje ilegal que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla. Stornelli terminó procesado por el juez Ramos Padilla, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata. Salvo le dijo a PáginaI12 que estaba evaluando recusar al fiscal.
En Comodoro Py había confianza en que la causa iba a empezar a moverse, sin embargo es posible que lo haga con el ritmo que Stornelli quiera imprimirle. Salvo, en su presentación, pidió al juez que tome una serie de medidas, que van desde requerirle información al Gobierno de Rodríguez Larreta sobre cuántos lotes de vacunas recibió por parte del Gobierno Nacional, a qué entes los envío y si tiene lotes que aún no fueron asignados a alguna institución.
Las presentaciones de Salvo y de Castro se conocen después de la revelación de que hubo irregularidades en el acceso de las vacunas contra la Covid-19, lo que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación. Antes de ayer se sortearon más de media docena de denuncias por el vacunagate, que
La causa sobre la vacunación VIP del PRO avanzará si lo impulsa la fiscalía. El tema es que fiscal y denunciantes son viejos conocidos.
terminaron unificadas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Ese mismo día el fiscal a cargo, Eduardo Taiano, impulsó la investigación e imputó a González García y a Lisandro Bonelli. También pidió allanamientos en el Ministerio de Salud y en el Hospital Alejandro Posadas. La jueza ordenó los allanamientos en la cartera que dirige Carla Vizzotti, pero no en el policlínico. Durante buena parte de ayer, la jueza tomó declaraciones testimoniales a autoridades del Posadas, tarea con la que continuará hoy, mientras en el juzgado analizan la documentación secuestrada en el Ministerio.