La pelea por el espionaje ilegal
El fiscal Pleé pide que la causa pase a Comodoro Py
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El fiscal Raúl Pleé sigue jugando fuerte para que la investigación de espionaje macrista que tramita en Lomas de Zamora pase definitivamente a los tribunales de Comodoro Py. Pleé pidió que se rechace el planteo de Cristina Fernández de Kirchner para llevar el tema a la Corte y con el que logró que se suspendiera el traspaso que había decidido la Cámara Federal de Casación Penal.
El viernes 12, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación –con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo– decidió que la causa de espionaje de Lomas debe pasar a los tribunales de Comodoro Py. Los camaristas se hacían eco del pedido de Pleé, que sostenía que, como las órdenes para el supuesto espionaje habrían partido desde la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la investigación debía tramitar en la Ciudad de Buenos Aires, donde esos organismos tienen sus oficinas más importantes.
Ese mismo día, CFK –que es querellante en la causa por haber sido víctima del espionaje digitado desde la AFI macrista– le avisó al juez Juan Pablo Augé que iba a apelar la decisión. Lo hizo el miércoles siguiente, después del feriado de carnaval. El recurso de CFK, presentado por su abogado Carlos Beraldi, dejó en suspenso la decisión de la Sala IV de la Casación, por lo que el presidente de la Sala, Borinsky, le ordenó al juez Augé que recuperara la causa. Dos días después, Augé dictó el procesamiento de 38 personas por el espionaje ilegal: desde Gustavo Arribas, Silvia Majdalani hasta el exdirector del SPF Emiliano Blanco, pasando por los Súper Mario Bros y llegando hasta Susana Martinengo, la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo.
Después de esa saga, Pleé le pidió a la Casación que rechace el planteo de CFK para llevar el caso a la Corte. “La presentación del apelante no puede prosperar, toda vez, que la resolución en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa, debiéndose puntualizar además que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto habilitar la última instancia respecto de fallos supuestamente equívocos o que se estimen tales según las divergencias del recurrente con la inteligencia de normas federales”, sostuvo el fiscal.
La tercera jueza de la Sala IV, Ángela Ledesma, ya había apuntado al rol que jugó Pleé en la causa, buscando llevar la causa a su bastión en Comodoro Py y en línea contraria con lo que plantearon los fiscales de Lomas, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias.
En Comodoro Py, el fiscal Carlos Stornelli reclama la investigación. La paradoja es que Stornelli está procesado en otra de las causas de espionaje macrista, la que tramita en el juzgado federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla y con la decisión confirmada parcialmente por la Cámara Federal de Mar del Plata. La jueza que estuvo de turno con Stornelli el año pasado, cuando se inició la puja, es María Eugenia Capuchetti, que nunca mostró interés por hacerse con la causa de Lomas.
En este incidente, Pleé se mostró en sintonía con el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también pidió que se rechace el pedido de CFK para revisar la decisión de la Casación. Nieto ha jugado un papel clave a la hora de mudar la causa a Comodoro Py, pese a que su situación en el expediente es cómoda: el juez Augé, a pedido de los fiscales, le dictó la falta de mérito. Querellantes –como Alejandro Rúa, Graciana Peñafort, Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco– ya apelaron esa decisión, que, por el momento, deberá ser revisada por la Cámara Federal de La Plata.
En el incidente por la competencia, ya hay otros querellantes en la causa, como Cristóbal López, Rafael Llorens o Julio De Vido, que le pidieron a Casación que los notifique para poder presentarse e impedir el paso a Comodoro Py. Hay otros, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ya anticiparon que van a presentarse. El plazo rige hasta el jueves 4 de marzo.
Esta semana, en tanto, deberá definirse quién será el juez que se haga cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, ya que se le vence la subrogancia al juez Augé. Esa decisión está en manos de la Cámara Federal de La Plata y las posibilidades abarcan a los jueces penales de Quilmes y La Plata. @
Jornada de lawfare. Tras una intensa presión mediática sobre una de las juezas, tal como anticipó PáginaI12, el Tribunal Oral Federal número 4 dio a conocer este mediodía otro fallo que se inscribe en la persecución orientada, en última instancia, contra Cristina Kirchner. Como se preveía, hubo una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en el que finalmente no hubo ningún K, ya que no se encontraron ni cuentas ni sociedades ni bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner. El empresario Lázaro Báez, principal imputado por lavado de activos agravado, fue condenado a 12 años de prisión, su hijo Martín a 9 años y el otro hijo, Leandro, a 5 años. El arrepentido Leonardo Fariña resultó con cinco años de prisión, lo que contempló un descuento de tres años por haber declarado como colaborador, es decir que la condena hubiera sido de ocho. En paralelo, el veredicto fue duro con el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, que trabajaban con Báez, ocho años cada uno; para el armador de sociedades ocultas Fabián Rossi fueron 5 años y el financista Federico Elaskar, cuatro. Las dos hijas del constructor santacruceño, Melisa y Luciana, a tres años, pese a que no tuvieron participación alguna: el padre les usó los nombres para abrir cuentas, pero ellas ni siquiera firmaron. Todo es apelable ante la Cámara de Casación a partir del 26 de abril, cuando se conozcan los fundamentos, y la lógica es que las cosas terminen en la Corte Suprema.
Lo que no se pudo conseguir con pruebas se intenta con los fundamentos. Dos de los magistrados, Costabel y Pallioti, dirán que el origen del dinero de Báez fueron ilícitos en la obra pública. Pero, en paralelo, se está haciendo el juicio específico sobre la construcción de rutas en Santa Cruz y la acusación está recibiendo una descomunal paliza: hasta los propios testigos de la fiscalía sostienen que es falsa la imputación.
Uno de los jueces del TOF 4 está claramente alineado con el macrismo, Néstor Costabel, por lo que la presión se ejerció sobre otra jueza, Adriána Pallioti, para que votara con Costabel. Tras dos feroces notas de grandes medios contra ella, la magistrada cambió su decisión y votó junto con el juez alineado al macrismo. La otra magistrada, Gabriela López Iñiguez, votó en disidencia, tanto en los fundamentos como también en el monto de las penas, aunque también condenó prácticamente a todos. La jueza sostiene, en un texto que dió a conocer, que “Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña”. La clave de la discrepancia está en lo que se llama el delito precedente. Para Costabel y Pallioti –lo dirán así el 26 de abril– el dinero provino de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, algo que casi no se tocó en este juicio. López Iñiguez, en cambio, dice que esa hipótesis no se probó de ninguna manera y que la plata viene de estafar al fisco. Asesorado por contadores y abogados de nivel evadió IVA y Ganancias. La jugada de Costabel y Pallioti va por otro lado: fundamentando que la plata venía de la obra pública, los dos jueces tienen el objetivo de apuntar a CFK, sea como sea, aunque en el juicio ni se tocó la construcción de rutas en la provincia patagónica.
Otros dos aspectos marcaron las diferencias. Mientras la mayoría impuso los 12 años de prisión para Báez –a todas luces una desmesura–, López Iñiguez se inclinó por una pena que de ninguna manera era baja: siete años y seis meses de prisión. El concepto fue el siguiente: que no puede haber desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales. Nadie de los bancos suizos estuvo sentado en el banquillo de los acusados, siendo que sin ellos no hay lavado posible. También fueron sacados de la acusación los verdaderos dueños de la cueva a través desde donde se sacó el dinero a Suiza.
Una crítica mucho más feroz expresa López Iñiguez respecto de la condena a las hijas de Báez. Considera que se trata de la expresión de una justicia sin pers
Se prevé que los jueces Costabel y Pallioti, sin evidencia alguna, dirán que Báez obtuvo su dinero por ilícitos en la obra pública.