Cuando la protección del Estado no es suficiente
Un informe de la Corte Suprema de Justicia reveló además que una de cada tres víctimas presentaban hechos previos de violencia de género por parte del agresor.
durante esos tres años –2017, 2018 y 2019–, 52 contaban con medidas de protección como resultado de denuncias previas. De las 56 resoluciones –hay casos en los que hubo más de una resolución para una misma denunciante– 26 fueron ordenadas por Juzgados de familia o especializados en violencia familiar y de género. Las demás medidas estuvieron a cargo de Juzgados penales o civiles. Por ejemplo, en el caso de Guadalupe Curual, la joven asesinada por su expareja este martes en Villa La Angostura, las denuncias que la mujer venía reiterando sobre el comportamiento del agresor, desde julio del año pasado, estaban a cargo de la Oficina de Violencia del Poder Judicial provincial, que notificaba al juez Jorge Videla, a cargo del juzgado Multifueros de la ciudad. El mismo juez tiene a cargo todo tipo de causas: de familia, laborales y comerciales. El 1 de febrero, Videla ratificó la medida cautelar de restricción de acercamiento que había ordenado contra el agresor, Bautista Quintriqueo. A pesar de las advertencias de la mujer, las medidas no alcanzaron.
Natalia Gherardi, abogada y directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, consideró que las medidas de restricción perimetral “son insuficientes porque no se cumplen”, y su incumplimiento “en general no tiene consecuencias”, señaló a PáginaI12. Para Gherardi “la denuncia de una mujer muchas veces la pone en una situación de mayor peligro ante el agresor”, por lo que, ante una mayor exposición, “se hace evidente la necesidad de poner en marcha mecanismos de asistencia más cercanos y más presentes en ese primer momento dentro del proceso que se inicia con una denuncia”.
Como en el femicidio de Guadalupe, en los casos registrados por el informe de la OVD las medidas de protección tampoco fueron suficientes. Según el documento, de las 52 víctimas de femicidios que tenían medidas de protección vigentes ordenadas por la Justicia, el 81% eran órdenes de restricción de acercamiento. En 7 casos, además de la restricción o prohibición de acercamiento tenían vigente la medida de exclusión del hogar. El botón antipánico sólo se otorgó en 5 víctimas, según los registros de la Corte de Justicia entre 2017 y 2019. Uno de los reclamos principales de los familiares de las víctimas es la inacción de la Justicia cuando las mujeres denunciaron las situaciones que estaban atravesando. En el caso de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez, ella y su madre habían radicado tres denuncias y dos ampliaciones. La última advertencia, el 7 de febrero, tuvo lugar un día antes del femicidio.
“Si se toman los tres años en conjunto, se registraron en promedio al menos 17 víctimas con medidas de protección vigentes por año”, resume el documento. Sin embargo, tal como afirmó la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, “si no hay control, las medidas no tienen sentido”.
De las 52 víctimas de femicidios que tenían medidas de protección, el 81 por ciento eran órdenes de restricción de acercamiento.