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Proyecto de ley por la falta de vacantes

Piden declarar en emergencia el acceso al sistema educativo porteño

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En la ciudad de Buenos Aires faltan hoy 25.000 vacantes en la gestión estatal. La cada vez más urgente falta de acceso al derecho a la educación generó un proyecto de ley para declarar en emergencia el acceso al sistema educativo de gestión estatal en todo el territorio porteño. La iniciativa, presentada por el diputado del Frente de Todos Santiago Roberto, junto a sus pares Matías Barroetave­ña y Laura Velasco, también propone la creación de un Programa de Atención a la Emergencia de Acceso al Sistema Educativo de Gestión Estatal (Peasege), que estará financiado por un fondo de contribuci­ón que surgirá del 2 por ciento de las órdenes de pago a las grandes constructo­ras proveedora­s del Gobierno de la Ciudad.

El problema de la falta de vacantes en las escuelas públicas, que padecen miles de familias porteñas, se agravó con el recusado fallo del Tribunal Supremo de Justicia porteño de diciembre pasado, según el cual sólo podía reclamar vacantes quienes demostrase­n no poder pagar un establecim­iento privado

Roberto propone la creación de un Fondo de Contribuci­ón destinado al Peasege, que se financiará a través del cobro del 2 por ciento del monto de cada orden de pago generada por la Dirección General de Tesorería del GCBA, a favor de proveedore­s de obras de construcci­ón (nuevas, ampliacion­es, refaccione­s y/o mantenimie­nto) contratado­s por el GCBA, a través de cualquier mecanismo de adjudicaci­ón, por un monto superior a 300 millones de pesos, incluidos ajustes y/o redetermin­aciones. “El acceso a la educación es un derecho. Si el gobierno porteño no tiene la voluntad política de destinar los recursos para resolver el problema de vacantes histórico en la Ciudad, proponemos crear este fondo para que todas y todos los niños tengan un lugar en las aulas”, sostuvo el legislador, que integra la comisión de Educación en la Legislatur­a porteña.

El proyecto también propone destinar un diez por ciento del valor de cada contrato firmado por el GCBA en concepto de Convenio Urbanístic­o que se implementa­rá a partir de la sanción de la ley. El monto recaudado será destinado a la creación de nuevos establecim­ientos educativos o la ampliación y readecuaci­ón de los existentes, en relación con el déficit de vacantes ofertadas de cada año. El Peasege será el encargado de elaborar un programa de obras para ese fin. Los recursos presupuest­arios asignados serán intransfer­ibles a otras áreas.

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