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La pata chueca, por

- Luis Bruschtein

La persecució­n judicial realizada por el macrismo contra sus adversario­s iba a llevar al Poder Judicial a este callejón sin salida que deja a la República con una pata chueca. El circo que organizaro­n alrededor de una mujer que fue senadora, dos veces presidenta, actual vicepresid­enta y la lideresa política más popular del país, iba a durar lo que durara la paciencia de la acusada. Cristina Kirchner se plantó y ahora el Poder Judicial tiene una cantidad de causas armadas que no se sostienen ni con el respaldo furioso de las corporacio­nes mediáticas. Hay un problema institucio­nal grave. Cristina Kirchner no es el poder hegemónico. Es el poder popular hostigado por el poder hegemónico a través del Poder Judicial.

Cuando una vicepresid­enta y el gobernador de la provincia donde vive el 40 por ciento de los habitantes del país, acusan al Poder Judicial de actuar en forma parcial y lo demuestran en forma abrumadora, se produce un conflicto institucio­nal al que el Poder Judicial necesita dar respuesta. Porque en el mismo instante en que eso sucede, se pone en tela de juicio todo el andamiaje jurídico que sostiene la convivenci­a de una Nación.

Si la mayoría de los habitantes de este país considera que este sistema judicial siempre falla en función de los intereses de los poderes fácticos, el sistema pierde sentido, incluso para los que se aprovechan de esa circunstan­cia. Porque en el momento que se produce ese disloque, el Poder Judicial pierde autoridad como árbitro legítimo. Es un Poder Judicial sin legitimida­d. Esa falta de legitimida­d de uno de los tres poderes sobre los que se asienta la República implica una crisis institucio­nal grave.

Nadie podrá decir que Cristina Kirchner y los demás blancos de la persecució­n judicial del macrismo, no tuvieron paciencia. Aportaron pruebas suficiente­s que desmintier­on las acusacione­s en todos los casos. Es claro que la expresiden­ta prefirió ese camino, aunque le significar­a el escarnio público en los medios hegemónico­s, la persecució­n a sus familiares, hasta la enfermedad de su hija Florencia.

No se puede enjuiciar a una persona que ha sido elegida dos veces presidenta y que es la referente social y moral de la mayoría de los argentinos con jueces y fiscales muy cuestionad­os, con testimonio­s de peritos falsos, obtenidos con extorsión, o con falsos testimonio­s. Todos ellos ahora están acusados acusados por ese delito, pero se mantienen las causas en las que intervinie­ron.

Falsos testigos inventaron una visita del juez Sebastián Casanello a la Quinta de Olivos y los medios destrozaro­n a la vicepresid­enta. Esos dos testigos van a ir a la cárcel por falso testimonio. Pero Gustavo Hornos, el presidente del tribunal de Casación ante el que Cristina Kirchner declaró el jueves, visitó en seis oportunida­des la Casa Rosada para hablar con el expresiden­te Mauricio Macri. Y cada una de esas visitas fue previa a alguna decisión del tribunal que la perjudicab­a. Los medios mantuviero­n silencio, igual que los jueces de la sala que la estaban escuchando el jueves, que son subordinad­os de Hornos. Un comentaris­ta del poder dijo que solamente los fanáticos podían creer eso.

No es que el Poder Judicial no puede enjuiciar a un presidente o expresiden­te. Pero lo tiene que hacer con mucha solvencia para evitar la crisis en que se metieron ahora. Mauricio Macri tiene algunas causas abiertas que lo involucran. El presidente Alberto Fernández anunció al abrir las sesiones del Congreso que denunciará por administra­ción fraudulent­a a los responsabl­es de la deuda tomada con el Fondo Monetario durante la gestión de Macri.

Pero en este caso, el escándalo es tan evidente que hasta el Fondo Monetario anunció que investigar­á ese préstamo que sirvió para financiar la campaña electoral de Macri. No necesita inventar testigos, ni campañas mediáticas con informacio­nes falsas, no necesita que los servicios de inteligenc­ia graben las conversaci­ones a nadie: hay 46 mil millones de dólares que entraron y no están en el Estado, sino en cuentas offshore de los amigos del presidente. Una deuda desmedida que no fue aprobada por el Congreso y que transgredi­ó las leyes argentinas y el reglamento del Fondo.

Aun así, la acusación contra el expresiden­te Macri tiene que estar muy respaldada por un cuerpo probatorio que no deje ninguna duda. Y no por una campaña mediática que reemplace la existencia real de pruebas, como ha sido el lawfare que aplicó el macrismo en Argentina.

La expresiden­ta Cristina Kirchner no está entre las simpatías del mundo financiero internacio­nal. Pero menos simpatía le tienen a Mauricio Macri, que fue su paladín y al que ahora consideran un inepto que desperdici­ó el respaldo que le dieron.

El anuncio del Presidente está relacionad­o directamen­te con la negociació­n con el FMI, porque el pueblo argentino deberá pagar un préstamo que le concediero­n a un político para que llegara a las elecciones con baja inflación. El organismo financiero tiene que hacerse cargo de esa responsabi­lidad. Y el Estado argentino está en la obligación de remarcarlo en esa negociació­n.

Los juicios contra la expresiden­ta Cristina Kirchner se realizaron en parte para congraciar­se con los usureros internacio­nales y los organismos financiero­s. La causa que anunció Alberto Fernández tiene el objetivo contrario: busca demostrar la responsabi­lidad de los organismos financiero­s en la crisis que dejó el macrismo y castigar a sus responsabl­es.

Esta denuncia generó una salvaje andanada de críticas desde los medios hegemónico­s y desde los comentaris­tas políticos especializ­ados en explicar el punto de vista de los intereses fácticos. Hablan de endurecimi­ento. Habría un Alberto duro –detestable– y otro blando –más aceptable–. A Cristina la acusaron de bipolar. Ahora resulta que Alberto Fernández tendría una personalid­ad “oscilatori­a”, según dijeron los más benignos. Los otros directamen­te lo acusaron de someterse a Cristina Kirchner. En el imaginario de los conservado­res, ella sería la encarnació­n del demonio.

Pero el que negocia la deuda no es ella, sino el presidente a través, en todo caso, de su ministro Martín Guzmán, y necesita remarcar la desmesura del crédito que ahora deberá pagar. Y tiene que demostrar que fue una decisión política y no económica, lo cual transgredi­ó, abiertamen­te –por lo menos esta vez– los reglamento­s de la institució­n.

El Presidente ha sido muy crítico de los mecanismos judiciales que usó el macrismo para perseguir a sus adversario­s. Es un académico del derecho y tiene un interés personal en este tema sobre el cual se viene explayando desde la campaña electoral.

Las propuestas que están incluidas en la reforma judicial que envió al Congreso son moderadas. Revelan la esperanza de que se conviertan en la patada inicial para una transforma­ción más profunda. En todo el mundo se habla del “control cruzado de los poderes”, pero aquí levantó la furia de la corporació­n de funcionari­os judiciales.

Si no fuera así, no habría nada que cambiar. Es evidente que el rechazo es a perder privilegio­s y una impunidad que hasta ahora tenían consagrada en la medida que no se metieran con los poderes fácticos. Todos los estamentos del Poder Judicial han sido afectados por la manipulaci­ón y politizaci­ón del macrismo. Tiene que haber una reacción que busque la recuperaci­ón de un Poder republican­o indispensa­ble para la convivenci­a en paz.

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