La ruta crítica de la violencia, por Euge Murillo
El duro camino de las mujeres o trans para protegerse de la violencia
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¿Cómo es el camino que hay que recorrer a partir de que se toma la decisión de salir de un círculo de violencia? ¿Cuánto tiempo lleva realizar una denuncia por violencia de género? ¿Hasta dónde protege y cuánto expone hacerla? ¿Cuántas instituciones es necesario recorrer para sentirse protegida? ¿Qué relevancia tienen los acompañamientos feministas en todo este proceso?
Llamar a la línea 144 es la recomendación más conocida para ponerse a salvo. Pero no es ahí donde se reciben las denuncias y si hay peligro inminente sólo queda llamar al 911. Entonces, comienza el peregrinaje hacia las comisarías o a las Oficinas de Violencia Doméstica. Los acompañamientos de organizaciones feministas, las defensorías, las fiscalías y los patrocinios se empiezan a acumular en un recorrido sinuoso y agotador, en donde algunas veces un botón anti pánico o una orden perimetral son un respiro para la amenaza constante. Otras, un trámite que pone en marcha un mecanismo que gira en falso.
A finales del 2019, Fátima Aparicio terminó en un hospital de San Miguel de Tucumán con edema pulmonar, coágulos cerebrales y fracturas en los maxilares. Sobrevivió a un intento de femicidio tres años después de haber hecho la primera denuncia al padre de sus tres hijos que hoy está condenado a 15 años de cárcel por tentativa de homicidio. Ella estuvo transitando “la ruta crítica” a lo largo de dos años. Y no logró ponerse a salvo.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe sobre las medidas de protección que brinda el Estado en los casos de violencia de género, específicamente respecto al botón anti pánico, tomando como fuente la experiencia de mujeres que lo hayan utilizado. En el informe se tuvieron en cuenta aspectos referidos a lo personal, lo técnico y las posibles sugerencias frente a la optimización de su uso. De las experiencias se desprenden las voces en primera persona de mujeres que expresan contradicción por sentirse “controladas y vigiladas”, otras experimentan una mayor conciencia de las situaciones de violencia. La mayoría manifiesta dificultades en la parte técnica con respecto a la conexión y la batería. Las medidas de protección son una posta dentro del intrincado recorrido. A esto se le suma, hacer coexistir el sostenimiento de la vida y un proceso judicial.
Denuncias, medidas de protección, botones antipánico que se quedan sin batería, procesos en distintos fueros. Laberintos que se cruzan con vulnerabilidades sociales.
La denuncia
“Un día este tipo me mata y nadie se da cuenta”, ese fue el pensamiento que tuvo Fátima antes de llamar a la línea 144 para hacer la denuncia en el año 2017 cuando vivía en la ciudad de Salta compartiendo casa con su agresor. Después del llamado, fue a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), allí se encontró con tres asistentes sociales que le presentaron dos caminos posibles: o se iba él de la casa o se iba ella. Su decisión fue irse con sus hijes a Tucumán, donde vivían sus hermanas. Desde que salió de esa oficina hasta que pudo subirse a un micro transcurrieron diez días. En ese tiempo no le dijo al agresor que lo había denunciado, mantuvo toda la documentación oculta hasta que junto a dos custodias policiales sacó sus cosas y viajó a Tucumán a refugiarse con su familia.
Aunque no todas eligen hacerla, la denuncia es un primer paso, un corte con el agresor que empieza a estar regulado –se supone– por el Estado. No es un paso sencillo: “Son muchas horas de espera con niñes a cuestas, en estado de cansancio y estrés, quizás golpeadas, con miedo, sin documentos ni dinero, sin alimento o con lo que alcanzaron a llevarse. En este sentido, la escucha atenta, empática y profesional es el primer paso que pueden ofrecer los organismos del Estado, desde sus agentes o efectorxs” señala el informe de la Defensoría. Ese primer paso es el que suele faNi llar, sobre todo en las comisarías.
Es muy complejo tomar la decisión de hacer la denuncia en soledad, pero muchas veces sucede que el agresor ha provocado el aislamiento de la víctima: “Yo no quería ir a la policía porque en el pueblo se conocía todo el mundo, estaba sola y tenía miedo”, dice Daniela que vivió varios años encerrada en la casa por la violencia del agresor, lejos de su familia, en Santiago del Estero. El que era su pareja no le permitía usar el teléfono ni salir sola más que por mínimos momentos. La cuarentena reforzó ese encierro dos veces clausurado por el virus y por el miedo que tenía Daniela de que él la matara en silencio y nadie más la extrañara en la calle. Su hermana, que vivía en La Matanza, se contactó con un grupo de acompañamiento del Colectivo Una Menos, a partir de allí, el primer paso fue generar un vínculo de confianza que le permitiera a ella sentir que iba a estar a salvo después de hacer la denuncia. Desde el grupo se contactaron con el Area de casos críticos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación para generar un puente con el Area de género de la provincia y que de esa forma pudieran acercarse al lugar donde ella estaba viviendo y llevarla a un refugio. “Yo quería volver a Buenos Aires, allá tenía una perimetral que él no respetaba. Tanto mis hijos como yo estábamos en peligro y la única opción era irme de la provincia.” Desde el grupo de acompañamiento gestionaron un traslado a la casa de su familia en La Matanza: “Las dificultades que tiene Daniela una vez pasada la primera urgencia son las de cualquier mujer en su situación: conseguir patrocinio legal que lleve adelante la causa, acceder a una vivienda, sostener la vida cotidiana. Sin recursos económicos es muy complejo sostener las decisiones” explican desde el grupo de acompañamiento.
María Luisa tiene 44 años, el 31 de diciembre de 2019 fue a una comisaría de 3 de Febrero para realizar una denuncia por violencia de género en contra del padre de sus dos hijos: “Yo sola no la hubiese hecho, es lo que pasa con las mujeres que sufrimos violencia, nos da miedo hacer la denuncia. Estar acompañada es fundamental, a mí me acompañó la directora de la escuela de mi hijo. Cuando yo fui a hacer la denuncia me preguntaban ‘¿te pegó?’. No me pegó, pero me dijo que era una gorda de mierda. Está bien que te pregunten si te agredieron físicamente, pero la violencia no pasa solamente por ese lugar, pasa porque te anulen. Yo no era yo, no tenía voz, no tenía pensamiento, dependía de él para todo”.
Las medidas
“Si, a pesar de las restricciones, los agresores se acercan y no reciben ningún tipo de intervención de la justicia, entonces seguirá creciendo la impunidad. Se hace entrega de los botones anti pánico y se dictan las órdenes de restricción en la primera urgencia y en la mayoría de los casos sin tener en cuenta el contexto. ¿Qué pasa si el agresor se encuentra viviendo en el mismo barrio precario?”, se pregunta una de las integrantes del Colectivo Ni Una Menos. Yanina tiene 27 años y después de varios meses de acompañamiento decidió hacer la denuncia y solicitar la perimetral. Ella estaba viviendo en un hotel con su hijo y el agresor en otro hotel a unas pocas cuadras. Después de mucha insistencia, además del botón antipánico le adjudicaron una consigna policial: “Yo no podía ni salir a comprar el pan, tampoco tenía recursos para costear un abogado ni acceso a ningún subsidio. Soy artesana, estaba sola con mi nene y no podía salir a trabajar”. Yanina tuvo los recursos necesarios para comunicarse con una organización feminista que la acompañó en sus reclamos. En los barrios son las organizaciones sociales, las vecinas y promotoras de género las que ponen el cuerpo. Esa tarea esencial no está reconocida como trabajo y es una de las demandas fundamentales de organizaciones como La Poderosa –feminismo villero– para este 8M.
A Fátima mudarse de Salta a Tucumán no la puso a salvo, él la
“Sola no lo hubiese hecho, es lo que pasa con las que sufrimos violencia, nos da miedo. Estar acompañada es fundamental.”
seguía hostigando. “Aparicio hasta que la muerte nos separe”, eran los mensajes que recibía teniendo una perimetral y manteniendo en secreto el lugar en donde vivía con sus hijos: “Yo iba a la comisaría con el teléfono en la mano, les hacía escuchar los mensajes que él me mandaba. La respuesta era que tenía que ratificar la denuncia en la fiscalía, que tenía que hacerme una pericia psiquiátrica, a mí que soy la víctima, ir a delitos perimétricos porque te tienen que peritar el teléfono. Yo no tenía ni plata ni tiempo para hacer todo eso que me pedían”. Sin un patrocinio legal provisto por el Estado, el acompañamiento empieza a encontrar sus puntos críticos, porque las organizaciones no dan abasto y porque el sostenimiento de la vida muchas veces no les permite a las mujeres poder enfrentar las postas que hay que superar para vivir una vida libre de violencias.
Luis Rolón descubrió el lugar en donde Fátima vivía con sus hijos, se presentó en el lugar y se instaló allí. Decidió soportarlo: “Si yo lo denunciaba lo iban a tener dos horas en la comisaría, le iban a hacer averiguación de antecedentes y lo iban a soltar, y este tipo, con más violencia, me va a atacar”, fue lo que pensó entonces.
Instancia judicial
Las medidas restrictivas son parte de una instancia civil, en caso de que exista un delito evidente –como lesiones o amenazas graves y que la víctima quiera buscar esa vía– se abre una investigación penal. Para la instancia judicial es imprescindible sumar a la red de contención un patrocinio, de lo contrario, resulta un camino indescifrable para la víctima.
Para acceder a la defensa pública, Fátima peregrinaba a diario desde las 6 de la mañana. En la defensoría le pedían documentación imposible: “Por ejemplo el divorcio. ¿Te imaginás empezar un proceso así con este sujeto? Tenía que volver a Salta, al lugar en donde él vivía y empezar ese trámite”. Otra vez, Fátima vivió el desarraigo por causa de la violencia de género. Tuvo que dejar el departamento que ella alquilaba y en el que él se había instalado de prepo con la excusa de ver a los hijos y volver a lo de su hermana. Al menos ahí se sentía segura. Hasta que unos días después entró al baño a ducharse y allí estaba él con unos guantes puestos. La golpeó con un martillo. “Yo llegué a contar siete golpes hasta que me desmayé”. Los vecinos del edificio tiraron la puerta abajo. No lo dejaron salir y llamaron a la policía que lo llevó detenido.
Hoy Fátima tiene la cabeza llena de costuras. Cicatrices de una supervivencia, destino excepcional dentro de los casos de violencia machista extrema que terminan en femicidios. Sin embargo, lo que parece el fin de la historia es un nuevo comienzo. Una vez recuperada pero con secuelas en su sistema cognitivo, Fátima tenía que enfrentar el juicio contra su agresor. Entró en escena el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer, que pertenece a la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, tres años después de la primera denuncia. Desde ese organismo llevaron adelante la defensa de Fátima en el juicio que terminó condenando a Luis Rolón por tentativa de femicidio.
Los obstáculos que se presentan en los casos de violencia machista son inabarcables para individualidades que atraviesan procesos subjetivos al detectar esas violencias, que afrontan precariedades vinculares y económicas. Que buscan respuestas pero se topan con un sistema expulsivo que les exige más de lo que protege. La pregunta es sobre el apremio del tiempo, la necesidad de la escucha y de la competencia a la hora de acompañar el letargo de un proceso. “Yo hoy estoy bien, siempre tengo a alguien acompañándome, ir a una fiscalía y tener alguien al lado es fundamental. Cuando estás acompañada sentís que te hacen caso, que no te van a mandar de vuelta a buscar un papel o te van a decir vení mañana. Si estás sola y un policía te dice ‘no, mami, acá no podés hacer la denuncia’, te vas y no volvés más. Si estás acompañada sabés que a esa vida de mierda no volvés”, cuenta María Luisa Maldonado, que insiste en que se sepa su nombre y apellido, sabe que la balanza se inclina para otro lado cuando otras escuchan su voz y comprenden que hay una salida posible.