Innovación y educación
Hace más de setenta años Aldo Ferrer nos enseñó que el entramado de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos resulta clave para el crecimiento y el desarrollo económico. No obstante, la histórica concepción del crecimiento basado en la sustitución de importaciones generó una prolífera evidencia empírica que iluminó sus limitaciones e insuficiencias. En la actualidad, se incorporó la innovación como la variable clave para el desarrollo de la economía en un mundo globalizado y multipolarizado.
Desde una concepción post-estructuralista, la innovación, no es un fenómeno que se da aislado del conjunto social, sino que hacen falta condiciones que incluyen la inclusión social, la existencia de líderes que tengan vocación de atesorar poder para generar conocimiento y acumular capital dentro de las propias fronteras, ampliando los márgenes del desarrollo nacional.
Para promover las condiciones institucionales es clave el rol estratégico del Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Una de las economistas actuales más brillantes, Mariana Muzzaccato, derrumbó el mito que los agentes privados son los que promueven la innovación en el desarrollo económico. En efecto, evidenció que son las políticas del Estado las que promueven los mecanismos sistémicos que posibilitan el desarrollo de la CTI, en el cual el sector privado se apropia como ¨free rider¨, vinculándolo a los sectores productivos y la sociedad posteriormente.
En este marco, es importante celebrar que nuestro país sancionó una nueva ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que apunta a constituir una política de Estado para la próxima década. Así, se establecieron los lineamientos estratégicos que orientan el accionar del Estado en base a cinco objetivos: 1) Federalizar la
CTI, en un país tan desigual, es la base que permitirá construir las capacidades estatales para el cambio de la matriz productiva. 2) Generar empleos de calidad con alta calificación y la promoción de formación de profesionales y técnicos especializados. 3) Mejorar las condiciones institucionales de infraestructura y equipamiento. 4) Generar incentivos para la inversión del sector privado en actividades que involucren la investigación, el desarrollo y la innovación. 5) Incorporar la perspectiva de género y la igualdad en la inclusión en todos los niveles del sistema científico-tecnológico.
Estos objetivos se sustentan en un mecanismo de financiamiento que protege el incremento de la inversión en la función ciencia y técnica del Estado nacional, de manera progresiva y escalonada, hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto en el año 2032.
El ecosistema de CTI en nuestro país permite identificar grandes hitos consagrados en sectores productivos bien diferentes (Satelital, Software, Medicinal, Farmacéutico, Alimentario, Agropecuario, entre otros). Sin embargo, este desarrollo se generó en un marco de profundas desigualdades federales con grandes desequilibrios estructurales y desarticulaciones entre la formación técnica de los trabajadores, profesionales, investigadores y los sectores productivos que se perpetúan como barreras para un desarrollo nacional con inclusión social.
En este contexto de desigualdades entra en juego la necesidad de vincular la Educación con el sistema CTI y los sectores de la producción en nuestro país. Las demandas y necesidades del sistema tecnológico nacional tienen una oportunidad potencial de incidencia en el sistema educativo que exige innovarse. La lógica sistémica de la educación en Argentina permanece inmóvil desde el siglo XX y requiere ser transformada para atender estas necesidades junto a aquellas que surgen de una sociedad cada vez más plural y diversa.
La educación argentina exige incorporar la perspectiva de un modelo de desarrollo nacional en su compleja arquitectura institucional que potencie la formación técnica y profesional vinculada al mundo del trabajo y los sectores de la producción. No implica formar para el mercado, este es un falso dilema persistente. Se requieren políticas de Estado que orienten la educación hacia los trabajos del futuro con formación de los docentes y estudiantes como ciudadanos plenos con habilidades y competencias que les permitan ejercer sus plenos derechos en un mundo cada vez más complejo.
En definitiva, se requiere celebrar y conceptualizar la importancia de proteger y sostener el capital del Estado, en el que ciencia, tecnología e innovación se vinculen con la educación para integrar eslabones de una misma cadena que permitan potenciar el desarrollo económico con igualdad, con soberanía política y justicia social.