Producción: Florencia Barragan Una ley necesaria
La crisis sanitaria y la pandemia dieron impulso y aceleraron cambios cualitativos y cuantitativos en las formas de producción, el trabajo y el consumo. Las empresas de base tecnológica y aquellas que están logrando readecuar su actividad, serán líderes de la nueva economía. Para Argentina, con una economía periférica y una estructura productiva heterogénea que deriva en la denominada restricción externa como principal limitante al desarrollo económico, se abre una ventana de oportunidad para impulsar a sectores, proyectos y empresas competitivos. La ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación resulta una herramienta fundamental para la reconstrucción del país tras 4 años de macrismo y el impacto de la pandemia por la covid-19.
La ley establece un aumento progresivo de los fondos del presupuesto asignados a la función Ciencia y Tecnología. El actual 0,28 por ciento debe llegar al 1 por ciento del PBI en 2035. Asimismo se garantiza que nunca podrá ser inferior al presupuesto del año anterior y faculta en esos casos al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para cumplir con los objetivos de la ley. Postula que debe promoverse el federalismo, asignando un mínimo del 20 por ciento del incremento en el gasto que debe distribuirse en las provincias. Plantea propiciar la igualdad real en la participación de personas LGBTI+ en los ámbitos científicos. Señala la necesidad de mejorar y estabilizar las remuneraciones de los trabajadores del sistema científico, que fueron severamente castigadas bajo el macrismo.
Estado e innovación
La cantidad de investigadores cada millón de habitantes dedicados a I+D es un indicador que muestra tanto el volumen de recursos humanos altamente calificados en tecnologías y áreas de frontera, como el nivel de capacidades existentes para desarrollar innovaciones. En nuestro país el número de investigadores era de 1972 en 2017 (el dato más reciente informado en la Unesco). Para ponerlo en contexto, países líderes en innovación como Israel, Corea del Sur o Estados Unidos tienen 8250, 7514 y 4356 respectivamente. Inclusive España cuenta con 3000 investigadores cada millón de habitantes. Lejos de la mirada que el pasado gobierno pretendió instalar sobre el “exceso” de científicos, no sólo estamos debajo del promedio mundial de los 66 países con más investigadores (2500), sino también muy lejos de los países líderes en innovación.
Por otro lado, el rol del financiamiento público queda de manifiesto en un estudio realizado por los economistas Natalia Petelski, Darío Milesi y Vladimiro Verre en 2019 sobre empresas manufactureras en Argentina: “Financiamiento Público a la Innovación: Impacto sobre Esfuerzos Tecnológicos en Pymes Manufactureras Argentinas”.
Las firmas que recibieron financiamiento público en I+D realizaron también mayores inversiones privadas en innovación, en comparación a aquellas que no lo recibieron. El financiamiento estatal funciona como organizador e impulsor de los esfuerzos en actividades de innovación.
En definitiva, en contraste con los discursos liberales tan presentes en medios de comunicación vernáculos, el análisis de casos exitosos demuestra que el rol del Estado es central para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos sectores económicos. En este sentido, es que la ley constituye un intento de institucionalización y transformación de los impulsos al sistema científico en Políticas de Estado a largo plazo.