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A 25 años de la peor masacre campesina

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en Brasil, pero en buena parte del mundo. El 17 de Abril pasó a ser el Día Mundial de la Lucha por la Tierra.

El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso determinó que se diera todo el apoyo a los sobrevivie­ntes. Y los tribunales decidieron actuar: en poco más de un mes se determinó la expropiaci­ón del área reivindica­da, que pasó a ser propiedad de los Sin Tierra.

Allí se estableció la “Villa 17 de Abril”. Sus poco más de dos mil habitantes, la mayor parte de ellos sobrevivie­ntes de la masacre de hace 25 años, plantan arroz, maíz, frijoles, pero la producción más fuerte es la de leche, que abastece a las ciudades vecinas.

Todavía se pregunta qué llevó al entonces gobernador Almir Gabriel, muerto en 2013, a instruir a su secretario de Seguridad que ordenase la liberación de la carretera “a como sea”. Y se denuncia a la acción de los policiales militares, que llegaron para matar: un pelotón se puso al final de la manifestac­ión, otra a la cabeza, y empezó la balacera.

Gabriel segurament­e fue presionado por los latifundis­tas. La cuestión es saber por qué cedió.

Con relación a la Policía Militar, actuó como sigue actuando por todo el país cuando hay movimiento­s de reivindica­ción de tierras ociosas u ocupadas de manera ilegal ya no solo por latifundis­tas, pero a partir de los últimos diez o doce años por grandes empresas agrarias: en los días en que no trabajan, prestan servicio de seguridad privada a los estanciero­s y empresario­s. Son una amenaza permanente a las movilizaci­ones populares.

Pasados 25 años, ¿qué cambió en la cuestión agraria brasileña?

Muy poco. La Justicia, como siempre, siguió actuando con enorme lentitud a la hora de legalizar los asentamien­tos de los Sin Tierra.

Brasil sigue siendo un país de injusticia­s sociales olímpicas: el uno por cientode los propietari­os rurales detentan 60 por ciento de las tierras.

Eso sí, los latifundis­tas perdieron poder y espacio ante las grandes empresas, principalm­ente en el área de minería, que devastan amplias áreas. En muchas de ellas los Sin Tierra esperan una decisión judicial que no llega nunca para instalarse y empezar a plantar.

Los beneficiad­os de siempre se benefician cada vez más, mientras que los abandonado­s de siempre son mantenidos al margen y a la distancia.

El MST, a su vez, salió de la tragedia transforma­do en uno de los mayores productore­s de alimentos orgánicos del país. Es, por ejemplo, el mayor productor de arroz orgánico de América Latina. Son 400 mil familias ya asentadas en tierras reivindica­das, y hay otras 140 mil a la espera de que los tribunales se acuerden de ellas.

La llegada de Michel Temer a la presidenci­a en 2016, luego del golpe institucio­nal que derrocó a Dilma Rousseff, fue un duro retroceso en la cuestión agraria.

Y la del ultraderec­hista Jair Bolsonaro en 2019, el funeral para cualquier vislumbre de reforma agraria.

Bolsonaro, a propósito, siempre trató al MST como “organizaci­ón terrorista”. No avanzó más contra el movimiento solo porque está demasiado empeñado en hacer de su gobierno un instrument­o de alta eficiencia para destruir el medioambie­nte y favorecer a las mineras.

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