Capellanes y dictatura militar
Un testigo dijo ver a Luis Mecchia en Campo de Mayo Está probada la colaboración que numerosos sacerdotes castrenses y policiales ofrecieron a la acción represiva clandestina.
Se están llevando a cabo cuatro juicios por delitos de lesa humanidad que involucran a militares de Campo de Mayo y su zona de influencia durante el terrorismo de Estado. En uno de ellos un testigo se refirió al capellán Luis Mecchia, quien de 1975 a 1983 asistió al comandante Santiago Riveros y estuvo a cargo de los capellanes de la Zona 4. A esto se suman nuevas evidencias que surgen de legajos administrativos, boletines del Vicariato Castrense y diarios personales del obispo Victorio Bonamín.
El Vicariato Castrense fue una de las piezas del rompecabezas criminal del terrorismo de Estado. Con más de 400 sacerdotes entre 1975-1983 garantizó la presencia religiosa en la mayoría de las unidades militares del país y más de 100 ejercieron su trabajo pastoral en unidades donde funcionaron centros clandestinos de detención. En la Zona 4 en particular, para el período se registra un total de 36 capellanes, de los cuales 21 trabajaron en dependencias de Campo de Mayo.
Las ocho Jefaturas de Areas que estaban bajo la órbita del Comando de Institutos Militares, tuvieron asignados en promedio 2 capellanes cada una. Y la documentación disponible permite identificar la presencia de al menos 4 capellanes en unidades de Campo de Mayo donde funcionaron centros clandestinos de detención: el Hospital Militar 602 y la Prisión Militar de Encausados.
La función de los capellanes
Los capellanes no fueron simples sacerdotes que visitaban las unidades esporádicamente, sino funcionarios públicos remunerados y desplegados en el territorio de manera planificada. Está ampliamente probada la colaboración que numerosos sacerdotes castrenses y policiales ofrecieron a la acción represiva clandestina. La misma varió en su intensidad, dependiendo de los contextos. Por el lugar primordial que Campo de Mayo ocupó en la “lucha contra la guerrilla”, se acondicionó allí un dispositivo religioso que resultó eficaz en el sostenimiento moral de las tropas. El Servicio a cargo de Mecchia contó con una jerarquización interna propia, planificación de acciones y formación de los cuadros militares en estrecha coordinación con las autoridades militares y del Vicariato.
Desde 1975 la Iglesia castrense reforzó la actividad de los capellanes y unificó los criterios de intervención pedagógica y pastoral. Algunos capellanes, incluso, decidieron colaborar en operativos, tal como relata Alejandro Cacabelos de la Escuela de Artillería: en septiembre de 1975 escribió al Capellán Mayor del Ejército para informarle que sería distinguido por “la colaboración que el suscrito prestó en un hecho terrorista en el que perdieron la vida tres funcionarios policiales y tres terroristas”. Dentro de sus funciones pastorales, el Vicariato también preparó los catecismos y oraciones para las tropas. En general, éstas exaltaban los valores de sacrificio, fortaleza o disciplina, y algunas el aniquilamiento de las organizaciones armadas: en 1977, el capellán Salvador Santore de la Escuela de Submisión Sargento Cabral solicitaba permiso para imprimir una en favor de “los camaradas, cuadros y soldados que luchan contra la delincuencia subversiva y por la reorganización nacional”, suplicándole a Dios para que les dé “entereza e ideales para continuarla” y a la Superioridad “prudencia y firme decisión en sus actos”.
Confirmando el acceso de la Iglesia a información sobre los métodos clandestinos, en octubre de 1978 el obispo Bonamín registró en su diario personal una conversación con los capellanes Mecchia y Santore respecto al cautiverio en Campo de Mayo: “les consta que por lo menos 20 terroristas puestos ‘en capilla’, rehusaron que se les llevara un sacerdote”.
La presencia de los obispos
Los obispos Adolfo Tortolo y Bonamín sostuvieron una presencia frecuente en las unidades militares de Campo de Mayo para distintas actividades: misas, conferencias, bendiciones, almuerzos y reuniones con jefes militares. Esto también se refleja en los diarios personales de Bonamín que se encuentran bajo custodia de la Co
por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y publicados en el libro Profeta del genocidio. En 1975, 1976 y 1978 el obispo registró una visita por mes a Campo de Mayo, incluyendo el Hospital Militar y la Prisión de Encausados donde funcionaron centros clandestinos.
En esas visitas brindó conferencias a oficiales, suboficiales y soldados a raíz de los problemas de conciencia que empezaban a aparecer entre algunos militares. Expuso sobre “Religión y combate”, “Matar en combate”, “Visión teológica del Ejército”, entre otras. Los militares le habían pedido profundizar el tema por los “problemas de conciencia propios de esta guerra sucia”, tal cual le confesó el Jefe de Operaciones Especiales del Departamento de Inteligencia de la Zona 4, Marcelo Sergio Novoa.
Las IV jornadas de pastoral casoficiales trense de septiembre de 1976 reunieron en Pilar a la cúpula del Vicariato y a unos 70 capellanes. En una de las sesiones participaron también los comandantes Santiago Riveros y Guillermo Suárez Mason. Este último ofreció una charla “largamente aplaudida” sobre la “lucha antimarxista”, que generó un intenso debate con varias preguntas por parte de los capellanes, como por ejemplo qué debían responder “a los familiares de los subversivos presos sobre su paradero o sobre el trato que reciben”. El obispo Tortolo señaló que “no hay que olvidar que la legítima defensa es ‘legítima’” y “los que en nombre de la Patria la defienden, cumplen su deber con la guerra”, por lo que insistió en “[darnos] a nosotros mismos y a los militares motivos teológicos que nos hagan obrar sin temor y en conciencia”.
Partícipes necesarios
Los capellanes no fueron simples sacerdotes que visitaban las unidades cada tanto, sino funcionarios remunerados y desplegados en territorio.
El Vicariato tuvo un grado de conocimiento preciso sobre el funcionamiento, métodos y resultados de la violencia estatal. En enero de 1978 Bonamín registró en su diario una conversación con Raúl Di Carlo, director de la Revista Verbo y ex funcionario del Ministerio de Planeamiento a cargo del general Ramón Díaz Bessone. Entre otros temas, éste le confiaba que ya había “20.000 muertos en la lucha antisubversiva”, cifra que coincide con los informes de inteligencia producidos por la CIA.
Los juicios contra genocidas de Campo de Mayo no deben minimizar la funcionalidad del acompañamiento religioso para la comisión de delitos de lesa humanidad. En tanto funcionarios públicos, los capellanes tuvieron una competencia institucional sobre lo que ocurría dentro de su jurisdicción. En tanto funcionarios eclesiásticos, ejercieron un poder espiritual que legitimó la violencia estatal, constituyéndose en colaboradores necesarios del genocidio.
La pervivencia de esta institución implica un sostenimiento mensual millonario con partidas
Los capellanes tuvieron competencia institucional sobre lo que ocurría y ejercieron un poder espiritual que legitimó la violencia estatal.
presupuestarias destinadas a su funcionamiento. En marzo de 2020 un conjunto de organismos de derechos humanos solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo la supresión de esta institución. Si bien esto requiere un trabajo diplomático complejo, más cerca se encuentra la potestad del Estado de cortar su financiamiento, considerando que el mismo ni siquiera está prescripto en el acuerdo de 1957 firmado con el Vaticano.