Lo urgente y lo importante
parte del plan de inversiones de la empresa de mayoría estatal para incrementar la actividad extractiva en los pozos convencionales y no convencionales para abastecer el mercado interno. El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial busca morigerar el impacto del aumento de combustibles, tras un primer trimestre con una inflación del 13 por ciento.
Tanto en 2019 como en 2020, la aplicación de esos impuestos había tenido varias suspensiones para contener la suba de precios de combustibles durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Casa Rosada justificó volver a prorrogarlos al señalar que “tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.
“En línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable extender hasta el 21 de junio de 2021 el diferimiento del impacto pendiente de la actualización de los montos de impuesto, correspondiente al cuarto tri
Una vez más proliferan augurios oscuros. Mientras se debaten medidas para mitigar las dificultades de los hogares inquilinos debido a la crisis económica generada durante el macrismo y profundizada por las medidas de aislamiento en pandemia, representantes del sector inmobiliario anticipan la caída de oferta de inmuebles para alquilar, aumentos en los precios y mayor imprevisilidad en lo que suponen un mercado perfecto que sufre distorsiones por las políticas públicas.
Aunque el cabildeo mediático inmobiliario insista en desconocer la teoría e investigaciones urbanas, ningún razonamiento de mercado perfecto funciona cuando se trata de inmuebles: ni porque se retiren “masivamente” las propiedades suben, ni bajan, ni lo contrario, ni viceversa. No funciona la ley de oferta-demanda clásica, aunque por momentos haya cosas que parecen (o se hacen parecer) como correlaciones. En la ciudad de Buenos Aires, donde más de un tercio de la población alquila, la superficie de departamentos de alquiler según datos oficiales cae desde 2013: pasó de 138.000 m2 a menos de 45.000 m2 a principios de este año. El precio en el mismo período aumentó en promedio 10 por ciento por mes. Sin embargo, a pesar de la evidencia de una tendencia histórica, el sector inmobiliario insiste en sostener que la ley de alquileres aprobada en 2020 y el DNU 320/20 fueron los factores responsables de la baja de oferta y los aumentos de precios.
Estas tendencias se acompañan, además, de una concentración de la propiedad: en los nueve años entre los últimos censos se incorporaron 74.131 viviendas al parque habitacional de la ciudad, pero la población con vivienda con vivienda propia cayó del 65,7 al 56,4 por ciento y los inquilinos aumentaron del 22,2 al 29,86 por ciento.
Ni la ley ni el decreto generaron mayor incertidumbre; en un mercado desregulado, las relaciones son justamente inciertas. Lo que indujeron es mayor especulación. Lamentablemente, ninguna normativa transforma por sí sola una situación dada y, en este caso, la ley de alquileres es apenas un instrumento más, un engranaje central pero que requiere de otras iniciativas de política pública para regular el mercado inmobiliario. Aún con la ley aprobada e incluso con el decreto vigente, ningún problema habitacional estructural puede atribuírseles. En un mercado que siguió desregulado, donde no hay reglas claras, colectivamente consensuadas, la ley detonó la especulación.
Como producto de negociaciones entre intereses antagónicos, la ley plantea inevitables contradicciones en sus disposiciones y, consecuentemente, en su implementación. Esto se manifiesta de manera aguda en un momento en el cual los hogares inquilinos enfrentan dificultades económicas severas y demandan soluciones urgentes. Sin embargo, la creación del registro de alquileres, aun no siendo operativo para la emergencia, es fundamental para diseñar políticas públicas para el sector y ocuparse, también, de lo estructural. Sin datos, no es posible conocer quiénes alquilan, en qué condiciones, qué inmuebles, en dónde.
En un contexto de crisis aguda pero que, además, se imprime sobre problemas estructurales, lo urgente y lo importante no pueden ser excluyentes. Las necesidades de las familias inquilinas, así como de los pequeños propietarios de inmuebles, configuran un universo de problemas que, lejos de perjudicarse con la acción del Estado, deben coordinarse con las políticas que regulan el mercado inmobiliario.