Un diputado del PRO bajo sospecha
Juan Aicega, investigado por lavado de dinero
21 @
Los escándalos entre los diputados de Juntos por el Cambio no se terminan: a la denuncia contra la legisladora por Corrientes Estela Regidor (UCR) –acusada de quedarse con parte del sueldo de sus asesores– se le suma ahora una investigación a Juan José Miguel Aicega, diputado por la provincia de Buenos Aires, integrante del PRO y presidente del partido en Mar del Plata. Se lo investiga por presunto lavado de dinero, luego de que depositara casi 15 millones de pesos en efectivo en una cuenta bancaria, sin tener fondos que justifiquen dicha operatoria.
Todo comenzó por un alerta del Banco Provincia frente a una operación extraña: la sucursal de Mar del Plata informó como inusual el depósito en efectivo en la caja de ahorro que el diputado Aicega tiene en ese banco, una suma total de 14.629.487 pesos. El monto total tuvo como destino una cuenta judicial, en calidad de ejecución de una sentencia de su ex esposa, Erica Van Haaster, en disputa por la cuota alimentaria de los cuatro hijos que tienen en común.
El problema es que, tal y como lo indica el informe, “la documentación presentada por el cliente no sería suficiente para justificar el ingreso de fondos”. Es decir, que Aicega no cuenta con ingresos declarados que respalden el depósito. Esta es la razón por la que ahora es investigado por el Comité de Prevención de Lavado de Activos del Banco Provincia y la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) fue informada al respecto.
Según el mismo informe elevado por la sucursal de Mar del Plata –ciudad de la que es oriundo Aicega y de la que fue concejal los años 2016 y 2017–, el banco posee varios documentos con información financiera del diputado, con los cuales contrastaron el importante ingreso de dinero que realizó. Uno de estos es una Declaración Jurada de Ganancias del 2019 en la que declara ingresos de cuarta categoría como funcionario público por un total de 3.321.755 pesos, y un Patrimonio Neto al cierre de ese año de 3.249.749 pesos. A partir de esa declaración ganancial, su patrimonio habría aumentado más de cuatro veces en un año. Algo imposible con un sueldo bruto de 238.829 pesos por su rol como diputado nacional en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Para solventar esta “pequeña” incoherencia, Aicega presentó un Contrato Mutuo –sin certificación de escribano– con la firma Establecimiento La China S.A., llevado a cabo el 25 de noviembre de 2020, un día antes de ingresar el dinero a su cuenta. Este tipo de acuerdos consiste en el préstamo de dinero u otro tipo de activo de una parte a la otra. En este caso en particular, la empresa actuó como acreedora de siete millones de pesos para el diputado del PRO, que recibió en efectivo. La suma sería devuelta en siete cuotas mensuales de un millón de pesos cada una con intereses compensatorios a tasa Libor, cuyo primer pago vencerá el 26 de mayo.
El legislador realizó un deposito de casi 15 millones de pesos en efectivo que no se condice con su patrimonio.
El monto total tuvo como destino una cuenta judicial, en calidad de ejecución de una sentencia de su exesposa.
Pero lo más curioso de este acuerdo es que Aicega lo llevó a cabo con una empresa de la cual es socio y apoderado: el Contrato Constitutivo de Establecimiento La China S.A., celebrado el 7 de abril de 1995, está firmado por Aicega junto con María Angela Gentile. Actualmente, ambos figuran como apoderados de la empresa junto a María Cecilia Aicega, bajo la categoría de “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados”, y con domicilio en Mar del Plata. Es decir que el diputado –que ingresó al PRO como amigo de Mauricio Macri pero que, actualmente, integra el ala política de Monzó– se habría prestado dinero a sí mismo.
E incluso este préstamo interno es imposible de justificar: la empresa tendría un escaso movimiento, con una facturación anual no mayor a 4,9 millones de pesos y un nivel de endeudamiento que, en el último año, no alcanzó los 70 mil pesos.
Como si todo esto fuera poco, el diputado marplatense recibió un pago de honorarios por sus tareas como abogado unos meses antes de llevar a cabo el Contrato Mutuo con su propia empresa. Este pago fue también de siete millones de pesos –lo que completaría el monto total que depositó en su caja de ahorro del Banco Provincia, junto con el préstamo de Establecimiento La China S.A.– y tampoco fue acompañado por ningún tipo de certificación notarial. El problema en esto es que Aicega está inscripto como monotributista categoría F –la cual supone un ingreso bruto anual de poco más de un millón de pesos. Una vez más, la documentación del legislador más que aclarar, oscurece su situación, ya que, según estos ingresos, debería ser IVA Responsable Inscripto y no monotributista.
Aicega, que finaliza su mandato el 10 de diciembre de este año y que preside la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios –e integra otras cinco comisiones en la Cámara Baja– podría ser expulsado de Diputados por manejar grandes cantidades de dinero sin justificar debidamente su origen. Pero para ello, debería crearse una comisión de seguimiento y el mismo cuerpo tendría que pedir su no continuidad en la banca. @
Dos nuevas denuncias penales contra el Correo Argentino y las sospechas sobre su relación con el Meinl Bank, un banco austríaco acusado de lavado que enfrenta un proceso de insolvencia y fue inhabilitado, pusieron en evidencia posibles maniobras de los Macri para manipular las mayorías entre sus acreedores y conseguir suficientes avales en plan evitar la declaración de quiebra. En la recta final del proceso concursal, la empresa ofreció 1000 millones de pesos para saldar su deuda, una quinta parte de lo que debe en realidad. El Meinl es el acreedor más grande entre los privados, por eso puede ser clave para el salvataje y el Correo alega que cuenta ahora con su respaldo. Pero la fiscala Gabriela Boquin duda desde hace tiempo de su verdadero papel y ahora pidió exhortos a Europa para despejar el enigma. También denunció que la firma postal falseó sus balances en base a un convenio con el banco en cuestión donde se calculaba lo adeudado con el valor de dólar desactualizado, a 6 pesos. Y en otra presentación judicial se hizo eco de las quejas de un abogado que figuraba otorgando 23 conformidades a favor del grupo empresario, pero en un escrito alegó que no era verdad. Había visto su nombre en una nota de PáginaI12 que enumeraba los apoyos truchos.
En un nuevo dictamen esta semana la fiscala Boquin pidió ampliar una investigación ya iniciada en el contexto del concurso de acreedores sobre un posible fraude y operaciones de vaciamiento del Correo Argentino, donde habría desviaciones millonarias hacia otras firmas de grupo (Socma y Sideco) y a favor de estudios y consultoras amigos, entre ellos el estudio Tonelli –ligado al diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli– y el de Pablo Clusellas, exsecretario legal y técnico del gobierno de Macri. Sobre ese punto, pidió una nueva intervención de los peritos contadores de la Corte Suprema y reclamó que en caso de que ni el Correo ni las beneficiarias de pagos cuestionados aporten la documentación requerida, se ordene el levantamiento del secreto fiscal. Además del vaciamiento, también apunta ahora a posible lavado de dinero, por lo que también dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El escrito de 71 páginas y otros dos adicionales, vuelven sobre las conformidades dudosas, algo Boquin que ya había advertido a fines de 2016 cuando objetó el acuerdo que intentaron el Correo y el gobierno